Los actuales concesionarios de los quioscos de la Plaza de España de Mérida han criticado las “prisas” del Ayuntamiento por desalojar este lunes estos establecimientos y proceder a su demolición, sin que aún se hayan pronunciado los tribunales sobre los tres recursos judiciales que aún no se han resuelto.
El portavoz y abogado de los quiosqueros, Alberto Delgado, ha criticado en rueda de prensa la actuación municipal, mientras se procedía al desalojo de estos bares, que dan trabajo en la actualidad a 18 familias.
Tras precisar que “si todo va como dice el Ayuntamiento, la plaza estará manga por hombro” en carnavales y en Semana Santa, Delgado se ha preguntado “qué ocurriría si el Ayuntamiento tira los quioscos y los tribunales dan luego la razón a los actuales concesionarios”.
En ese sentido, ha precisado que una hipotética indemnización haría “pagar el pato a todos los emeritenses”, como ha ocurrido con el caso de las huertas de Plasencia, el Complejo de Valdecañas o el “famoso y polémico cubo” de Badajoz.
Aún así, esta solución tampoco compensaría la pérdida de puestos de trabajo o la recuperación del “espacio de convivencia, tal y como lo conocemos ahora mismo”.
Para Alberto Delgado, el procedimiento del Ayuntamiento con respecto al nuevo proceso de concesión de los cuatro quioscos “ha estado plagado de supuestas irregularidades”, como recursos que se contestan fuera de plazo y decisiones contradictorias.
El abogado ha precisado, además, que los quioscos de la Plaza España están protegidos al estar situados a menos de cien metros de bienes patrimoniales como la Concatedral de Santa María o los edificios históricos que datan de los siglos XVI y XIX, según la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.
Dos al mismo
Asimismo, ha recordado que dos de los nuevos quioscos que se construirán se han adjudicado a un mismo empresario cuando el pliego prohibía expresamente licitar por más de uno, aunque, según el Ayuntamiento, se presentaron con CIF distintos.
Con ese mismo procedimiento, según Delgado, “cualquiera podría haber conseguido cuatro CIF distintos y haberse quedado con los cuatro quioscos”, por lo que “el Ayuntamiento debería haber velado por la transparencia y la libre concurrencia de la que tanto se habló en su día”.
Ha precisado también que los cuatro nuevos “pegotes” que quiere construir el consistorio, para sustituir a los actuales quioscos, “no gustan a nadie; ni a ciudadanos, ni a cronistas, ni a arquitectos”, por lo que “no se sostienen”.
Alberto Delgado ha defendido que los actuales establecimientos son accesibles y que podrían gestionar los baños que hay en los bajos de la plaza para ofrecer este servicio del que actualmente carecen.
También ha criticado que el Ayuntamiento no puede decir que las concesiones de los quioscos estaban caducadas hace quince años y, sin embargo, reconocer en un reciente decreto que están vigentes hasta que se produzca la adjudicación definitiva, lo que supone “una clara contradicción”.
Tras especificar que los quiosqueros no pueden hacer obras por su cuenta para mejorar sus establecimientos, por tratarse de una concesión administrativa, el abogado ha indicado que estos pagan al Ayuntamiento 20.000 euros al año y que el presupuesto municipal con las nuevas concesiones solo aumentará en un 0,07%.
A preguntas de los periodistas, ha precisado que el último recurso contra las medidas cautelares que fueron denegadas por los tribunales se presentó el pasado día 5, por lo que si se admite, podría pasarse el proceso de desalojo.