Un total de 68 demandas de asilo se han presentado en Extremadura desde el año 2008, más de la mitad de ellas de ciudadanos africanos, según datos del Ministerio del Interior.
El asilo está reconocido en el artículo 13.4 de la Constitución Española como la protección dispensada por España a los ciudadanos no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado.
La Ley Reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria española, con la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967 determinan la condición de refugiado.
¿A quién se dirige?
Fundamentalmente el asilo está dirigido a personas perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, que tienen miedo a regresar a su país de origen o a su última residencia, en el caso de los apátridas.
Entre los 37 africanos que solicitaron asilo en Extremadura entre 2008 y 2015, ultimo ejercicio cerrado, predominan los ciudadanos de Costa de Marfil, con 16 peticiones, y a continuación los de Ghana y Marruecos, con tres cada uno. Según el anuario “El asilo en cifras”, que Interior publica desde el año 2008, tras los africanos, en Extremadura se sitúan asiáticos, iberoamericanos y europeos.
Entre los asiáticos sobresalen los siete armenios que solicitaron esta protección, mientras que otros tantos ucranianos destacan entre los europeos. Tres salvadoreños y tres hondureños son los grupos más numerosos entre los iberoamericanos, seguido de las peticiones de dos colombianos.
En el 2011 se produjo la petición de un palestino, una nacionalidad no reconocida, según aclara el informe, y en 2013 de un ciudadano sirio.
La provincia de Badajoz acapara la mayor parte de las peticiones de asilo de Extremadura, con 56, mientras que de la cacereña proceden doce. Cincuenta de las 68 solicitudes se produjeron entre el año 2008 y 2010.
A nivel autonómico y provincial, el anuario sólo recoge el número de solicitudes y los países de procedencia de los demandantes, no así el resultado del procedimiento administrativo.
El informe sí recoge las autorizaciones concedidas a nivel nacional, por países de procedencia, y los recursos admitidos y desestimados, entre otros datos. La Oficina de Extranjería de Badajoz la componen diez funcionarios, dos de ellos del Cuerpo Nacional de Policía. En Cáceres son 15 los funcionarios, tres la Policía Nacional.