La falta de credibilidad, incluso por parte de su entorno familiar, es uno de los principales obstáculos con los que se encuentran las mujeres con discapacidad intelectual que sufren violencia machista, al que se une, en algunos casos, la propia dificultad para detectar que están siendo víctimas de esta situación.
Para dar un paso más en esta lucha, más de un centenar de mujeres con discapacidad intelectual participan este viernes en Mérida en el V Encuentro de Mujeres de Plena Inclusión Extremadura, coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de Violencia contra las Mujeres, al que ha asistido la consejera de Igualdad y Cooperación, Isabel Gil Rosiña.
Además, dentro del programa se ha leído un manifiesto en la Plaza de España de Mérida, titulado “Créeme” porque “si muchas veces a la mujer no se le suele creer cuando denuncia este tipo de situaciones, a la que tiene alguna discapacidad, todavía menos”.
“Se tiende a pensar que se lo ha inventado o que no sabe distinguir un abuso de lo que no es”, señala María García Lucas, de la junta directiva de Plena Inclusión.
Según señala, entre las mujeres con discapacidad hay más violencia de género, aunque no está registrado “porque o no se la cree o no se toma conciencia de ello, desde las familias a las asociaciones”.
En este mismo sentido, se ha expresado María Casado, representante de las personas con discapacidad intelectual y miembro de la junta directiva de Plena Inclusión Extremadura, que ha explicado que ante esta lacra, que a veces viene del propio entorno familiar, las mujeres con discapacidad sufren “una doble discriminación”.
“Hay familias en las que a muchas mujeres con discapacidad no le explican nada de sexualidad, ni de prevenir embarazos y enfermedades. Si ya no le hablan de eso, cómo van a saber que están sufriendo abuso sexual”, se ha preguntado.
Por su parte, Isabel Gil Rosiña se ha referido al doble problema que supone la violencia machista en este colectivo, y ha señalado que a estas mujeres “se les trata con excesivo paternalismo en el seno de sus familias” y hay que a avanzar y empezar a entender que también tienen relaciones y se dan situaciones de violencia dentro de las parejas.
Ha recordado que hace tres años, la Junta hizo un estudio con la Universidad de Extremadura, que reflejó que más del 68 por ciento de las encuestadas con discapacidad refería haber sufrido “un trato no correcto”.
Por eso, aboga porque desde la administración y organizaciones se capacite a estas mujeres a detectar estas situaciones “lo mismo que se les capacita para tener una vida autónoma y un trabajo independiente”.
Ha añadido que fruto de este estudio se puso en marcha un servicio en colaboración con el CERMI para intermediar “porque una mujer con discapacidad no va a ir a una oficina de igualdad, a la policía o la guardia civil, pues acerquémosles, actuando en los centros donde están”.
Desde su creación, este servicio ha atendido a 168 mujeres, y aunque ha reconocido que este tipo de acciones son “muy lentas” ha abogado porque el próximo año se ponga “el foco” en estas personas como este año se ha hecho con los jóvenes“.