Se cumplen diez años de la Ley de la Dependencia, “la mayor ley social del siglo XXI” según el consejero de Política Social y Sanidad José María Vergeles, y la mejor manera de celebrarlo en vez de un Pacto de Estado en el tema sería la derogación del “hachazo” que el Partido Popular le dio a esa ley con el real decreto 20/2012, reclama el consejero.
Al término de la reunión semanal del Ejecutivo extremeño, Vergeles ha hecho memoria de las actuaciones pero sobre todo desgranado las “erosiones” que el PP hizo a la ley como “el retraso en cuatro años a la incorporación del grado uno (el más leve) de dependencia, alargar la resolución de solicitudes de 6 a 24 meses, aumentar el copago, recortar ayuda a domicilio y el presupuesto para el grado 3 o gran dependiente, eliminar la cotización social del cuidador no profesional”, y medidas que entre otros efectos han hecho que la Junta haya dejado de ingresar del Estado 65 millones de euros según sus cuentas.
Actualmente la Comunidad aporta el 87% del dinero de la dependencia, añade, cuando el pecto inicial era al 50%.
Los números en la región son 52.866 solicitudes firmes, de las que 35.556 tienen dictamen administrativo y 24.069 reciben alguna prestación. Los cuidadores no profesionales que quedan son 257.
Presupuesto 2017
Para el año que viene el proyecto de Presupuesto autonómico en tramitación parlamentaria contempla unos fondos de 8,7 millones de euros, y este miércoles la Junta ha dado luz verde en la materia a dos acuerdos: subvenciones directas para ayuda a domicilio a seis ayuntamientos (0,472 millones de euros), a fin de que mantengan el servicio durante el primer semestre de 2017 (otros 25 municipios las recibirán pero no pasan por Consejo de Gobierno), y por otro lado 10,9 millones a 50 ayuntamientos y mancomunidades para el sostenimiento de plazas de mayores en centros residenciales y de día.
Ciudadanos
La portavoz parlamentaria de Ciudadanos en Extremadura, Victoria Domínguez, ha mostrado su apoyo a las plataformas de defensa de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. Domínguez ha afirmado que apoyan un pacto de Estado por la ayuda a la autonomía personal, así como la revisión de la ley para asegurar a los dependientes una mayor integración de servicios que garantice una financiación estable y suficiente, según ha informado la formación en un comunicado.
Asimismo, considera que la modificación de la ley debe revisar los baremos de acceso, agilizar los procedimientos de valoración o contemplar la integración de las personas con diversidad funcional y con enfermedades mentales.