Hace algunos días he recibido una notificación del Juzgado. El pasado 24 de mayo, eso que suele llamarse “la fiesta de la democracia”, se convirtió para mí en un trago amargo. Era la primera vez que tomaba parte activa en un proceso electoral, como apoderado de Podemos.
Desde primera hora de la mañana asistimos en el colegio electoral en el que me encontraba a un continuo desfile de ancianos “acarreados” -pido disculpas por la palabra, pero es la más apropiada que encuentro- desde una cercana residencia administrada por religiosas católicas.
Venían acompañados, una y otra vez, por las mismas personas, conocidos militantes del Partido Popular (entre ellos, la entonces Directora Gerente del SEPAD, el organismo público que en Extremadura se ocupa de “prevenir y atender las situaciones de dependencia que presentan algunos colectivos más vulnerables”.
Muchos venían desorientados, algunos incluso dormidos, con el sobre con el voto y el DNI ya preparados y aferrados en las manos. Tras varias horas de asistir impotentes, decidimos preguntarles a algunos si sabían a quién iban a votar, si el voto lo habían preparado ellos. “No sé qué hay dentro del sobre, lo han preparado las monjas”, “yo voto a acción social”, fueron algunas respuestas. En un impulso, grabé con mi móvil lo que estaba pasando y, ya que ni la presidencia de la mesa ni el policía allí presentes querían hacer nada, fui al Juzgado a poner denuncia, aportando el vídeo.
También avisamos a los medios de comunicación. Una vez ocultos los rostros de los ancianos, el vídeo, íntegro, se publicó en la red, alcanzando no sólo los medios locales, sino nacionales e internacionales: radios, periódicos, televisiones. En 48 horas tuvo más de dos millones de visualizaciones tan sólo en uno de los perfiles que lo publicó en Youtube.
Se hizo viral. Gente que no conocía de nada me paraba por la calle; alguien me contó que había trabajado en esa residencia de ancianos como voluntario, y que había presenciado cómo las religiosas preparaban los votos, e incluso cómo le daban “cambiazo” a un viejo republicano que le había pedido papeletas de otro partido a sus familiares; otros me decían que en Cáceres es cosa sabida que “las Hermanitas de los Pobres siempre ponen un concejal”.
El escrutinio, comparando entre las dos mesas que componían el colegio electoral, confirmaba una apabullante diferencia entre ambas -aun tratándose de un barrio tradicionalmente votante de derechas-: la mesa en la que habían votado los ancianos de la residencia fue, con mucho, la que mayor porcentaje de votos dio al Partido Popular en toda la comunidad autónoma de Extremadura. Aún hoy el vídeo sigue vivo en la red. Incluso ilustra una petición en change.org para pedir que la ONU mande observadores internacionales para las elecciones del 20 de diciembre (sí, no os escandalicéis, en Venezuela siempre los hay).
Verlo de nuevo no me gusta; fue una situación violenta en la que ojalá no me hubiera visto involucrado. No me gusta escucharme insistiendo en preguntar al anciano de la silla de ruedas si él había preparado su voto (por detrás me decían “más alto, repítele, que está sordo y no muy bien de la cabeza”). No me gusta, sobre todo, comprobar cómo puede haber personas tan ruines como para, amparados en su religión y su partido, usurpar de manera organizada el derecho y la libertad primordial de los ciudadanos: el voto.
Pues bien, el Juzgado me comunica el sobreseimiento de la causa porque “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito”. Ni siquiera, en las diligencias previas, se me ha citado para tomar declaración o ratificar mi denuncia.
Después de más de cinco meses sin saber nada, se me daban tres días para formular alegaciones. Y esta es mi alegación, mi forma de buscar justicia: pedir que, en las próximas elecciones, no demos la democracia como algo hecho, algo que se presupone. La democracia está por hacer. Hay que defenderla, pelearla, ejercerla incluso más allá del voto responsable.