Las sociedades que ocultan e impiden la historia y la memoria de ciertos hechos son sociedades enfermas. Los pueblos sin historia, sin memoria y sin pasado dan lugar a países donde nada circula por sus venas y nada cuentan en el concierto de naciones.El derecho a la información sobre la represión franquista en Extremadura sólo es tal si se dispone en su integridad de la documentación sobre la misma. Aunque nadie duda de los avances experimentados durante los últimos años, quedan todavía varios fondos documentales cuya consulta supone una verdadera carrera de obstáculos para el investigador.
FaridaShaheed (relatora especial de la ONU), en su informe sobre los derechos culturales, apuntó que en algunos países, a pesar de tener libre acceso a archivos, se han impuesto algunos límites al acceso a los materiales de esos archivos y entre ellos indica «la restricción del número de unidades de archivo que los investigadores pueden tomar en préstamos cada día; o las prohibiciones injustificadas de fotocopiar, escanear o fotografiar los documentos o la fijación arbitraria de precios elevados por esos servicios».
Ejemplo de esta situación podría ser la dificultad para investigar en profundidad a los extremeños y a las extremeñas que sufrieron un juicio sumarísimo por la justicia militar franquista. La mayor parte de la documentación relacionada con esos juicios sumarísimos está depositada en el Archivo General e Histórico de la Defensa (Madrid). Las actuales normas de consulta y reproducción documental de este archivo suponen en la práctica un impedimento para la investigación. La falta de digitalización de esos documentos obliga a los investigadores a consultarlos directamente en el Archivo. Y eso exigeque, quienes viven fuera de Madrid,debanpasar largas temporadas en la capital o solicitar copias para su remisión por correo postal, con el consiguiente coste económico de ambas opciones.
La única solución para solventar este grave problema pasa por la pronta digitalización de este fondo documental, que después debería ser puesto al alcance tanto de investigadores como defamiliares, facilitando su consulta en varios archivos de la región, así como por Internet en la página de algún organismo público. Con ello no haríamos sino seguir la ruta ya abierta por otras comunidades autónomas que nos podrían servir de ejemplo.
Por ello, los abajo firmantes −historiadores e investigadores sobre la II República y la Guerra Civil− solicitamos a la Junta de Extremadura que contemple como prioritaria esta medida en sus futuros planes relacionados con la «memoria histórica» en nuestra región.
Extremadura, 31 de octubre de 2016.
FIRMAN:
Francisco ESPINOSA MAESTRE.
José HINOJOSA DURÁN.
José María LAMA HERNÁNDEZ.
Paloma AGUILAR FERNÁNDEZ.
Mercedes ALMORIL CALERO.
María Dulce ANTUNES SIMÕES.
Rafael BARRIENTOS VEGA.
Felipe CABEZAS GRANADO.
Ángel CALLE GRAGERA.
Moisés CAYETANO ROSADO.
Jesús FIGUEREDO BORREGO.
José Ramón GONZÁLEZ CORTÉS.
Ángel HERNÁNDEZ GARCÍA.
Manuel LIMA DÍAZ.
Juan Carlos LÓPEZ DÍAZ.
Antonio Julio LÓPEZ LEITÓN.
Antonio LÓPEZ RODRÍGUEZ.
Hortensia MÉNDEZ MELLADO.
Agustina MERINO TENA.
Antonio ORIHUELA PARRALES.
Manuel PINTOR UTRERO.
Sergio RIESCO ROCHE.
César RINA SIMÓN.
Jesús Carlos RODRÍGUEZ ARROYO.
José Jerónimo RODRÍGUEZ CARRASCO.
José Ignacio RODRÍGUEZ HERMOSELL.
Francisco Javier RODRÍGUEZ JIMÉNEZ.
Desiré RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.
Juan Ángel RUIZ RODRÍGUEZ.
Francisco VILLENA DÍAZ.