Analíticas, vacunas y toda la atención veterinaria. Las deudas les invaden, hasta 4.000 euros en facturas que van en aumento. Es el motivo que llevó a la Asociación Salvemos los Animales de Mérida (SAM) a lanzar un SOS a través de las redes sociales. Solicitando la colaboración ciudadana.
Sobreviven gracias a la ‘benevolencia’ de los veterinarios, que les permiten acumular las deudas. “No nos presionan, aunque nos da vergüenza la cantidad de cargos que acumulamos”, señala la presidenta de la protectora emeritense, Alessandra Ricetti.
En el caso de la capital extremeña la perrera municipal está al triple de su capacidad, de modo que el trabajo desinteresado de las asociaciones protectoras resulta indispensable.
No es una situación excepcional. Muchas asociaciones tiran adelante gracias al trabajo desinteresado de personas voluntarias. Con cuotas de socios y mucha imaginación, con galas benéficas y mercadillos.
Un trabajo con el que suplen a las administraciones, porque su misión no es recoger animales de la calle y hacerse cargo de ellos. “No deberíamos hacerlo, para que se vieran en la obligación de asumir su responsabilidad. Pero nos puede el corazón, terminamos asumiendo una responsabilidad que no nos corresponde”, lamenta Petri Díaz, portavoz de la protectora Animales Maltratados Extremeños (ANIMAEX).
Las llamadas telefónicas no paran en esta asociación. Los Whatsapp que avisan de nuevos abandonos llegan cada semana. Acaban de rescatar una perrita atropellada en la carretera, a la altura de Lobón. Los gastos de veterinario corren a su cargo y de nuevo se acumulan las deudas.
En la zona en que trabajan, las Vegas Bajas del Guadiana, hay municipios que no disponen de perrera municipal. Mientras que aquellos que sí prestan el servicio están por encima de su capacidad.
Su trabajo resulta necesario, nadie se hace cargo de animales que llegan en malas condiciones, “en un estado lamentable”. Con enfermedades que tienen que ser tratadas. Operaciones, ingresos y traslados que pagan en muchas ocasiones de sus propios bolsillos. Es un proceso en el que además necesitan darles una alimentación especial, medicamentos y tratamientos...
Campañas de castración
María Salud Mateo, presidenta de la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Plasencia, señala que todas las asociaciones, reciban o no ayuda pública, viven endeudadas.
Los abandonos siguen. La organización placentina ha recogido este año más de 80 animales abandonados por las calles de la localidad o entregados por sus dueños y cedida su titularidad.
Frente a esto reclama más implicación ciudadana, y de las administraciones. Y eso supone también llevar a cabo campañas de castración, una opción que reduciría enormemente el problema que se genera, dada la poca conciencia que muestran muchas personas.
¿Qué dice la ley?
Las protectoras apuntan a la la Ley de Protección Animal de Extremadura, que recoge expresamente que la atención de animales abandonados es responsabilidad de las administraciones.
Al final parte del trabajo recae en un grupo de voluntarios por el amor a los animales, y que además se enfrentan a problemas por hacerlo. Recuerda Alessandra Ricetti, presidenta de la protectora SAM de Mérida, que pasó una tarde en el calabozo y fue a juicio acusada de un delito de apropiación indebida tras rescatar un dálmata de la calle.
El Juzgado de Instrucción de Almendralejo le ha absuelto tras ser denunciada por un particular. El denunciante aseguró a la policía que los animalistas se negaban a devolverle el perro, aunque el juez reconoce en su sentencia que “al no tener constancia fehaciente de que era el titular del perro, no lo entregaron inicialmente”.
Se hizo cargo de este perro tras recibir un mensaje de Whatsapp, como ocurre en otras muchas ocasiones. Cuenta que incluso ha llegado a recibir llamadas de la policía para pregutarle si podía recoger nuevos animales abandonados. Se crea una especie de limbo donde no hay respuesta. Donde la responsabilidad recae en los animalistas.
ANIMAEX también ha recibido un trato beligerante. Pese a realizar un trabajo que no les corresponde han recibido una denuncia del Seprona. Les han clausurado el centro por no disponer de un núcleo zoosanitario.
Pero al mismo tiempo siguen recibiendo llamadas. Continúan los mensajes solicitando que atiendan nuevos animales, incluso de la policía según cuentan.
“Responsabilidad ciudadana”
El refugio de Plasencia apela a la responsabilidad ciudadana. Apuesta por prohibir las crías ilegales, “porque todo el mundo cría sin ningún problema”.
Cuando llega una nueva camada, con una docena de cachorros, la gente los coge encantada. Pero pasados unos meses se cansan. Un antojo temporal del que se deshacen.
La presidenta de El Refugio ha recordado que desde julio de 2015 abandonar un animal es delito que puede ser castigado con una pena de multa de uno a seis meses e inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de éstos. Pero los abandonos no han parado.