La Junta de Extremadura tiene previsto impulsar la construcción de 500 viviendas de promoción pública, de las que 350 serán de alquiler asequible y 150 de alquiler social, merced a los que 11,5 millones de euros que recibirá la región procedentes del Fondo Europeo Next Generation.
Este importe económico fue ratificado este martes por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y las comunidades y ciudades autónomas, que también establecieron el reparto de fondos europeos para los programas de rehabilitación residencial, de los que 32 millones son para Extremadura.
En concreto, los 11,5 millones de euros destinados a la vivienda en alquiler social permitirán la construcción de 350 en alquiler asequible y el resto a alquiler social. “La idea es que los Ayuntamientos interesados pongan suelo a disposición de la Junta para poder llevarlas a cabo”, ha dicho este miércoles el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González.
Por lo que respecta al paquete de 32 millones, cuya convocatoria ya abrió el Ejecutivo regional el pasado mes de enero, su objetivo es la rehabilitación de viviendas en el seno de las ciudades. De hecho, la Junta ya ha firmado acuerdos con los Ayuntamiento de Cáceres y Mérida, “y se está cerrando con el de Badajoz”, para impulsar la rehabilitación integral de las ciudades.
“No resuelve los problemas”
A pesar de esta inversión, el Campamento Dignidad ha asegurado que los anuncios de la Junta de destinar millones de euros para rehabilitación y construcción de viviendas en alquiler es importante “pero no resuelve problemas de urgencias de carácter habitacional que sufren muchas familias extremeñas”.
En una nota, señala que la rehabilitación de viviendas está dirigida a sectores sociales con ciertas posibilidades económicas y en su mayoría con viviendas en propiedad, mientras que la construcción de viviendas en alquiler social se pondrá en marcha a partir del año 2023. “Mientras tanto se llevan a cabo esas tareas con estos presupuestos millonarios, no desaparecen los problemas habitacionales que sufren los sectores sociales más desfavorecidos”, remarca este colectivo.
El Campamento Dignidad señala que la Junta tiene que buscar soluciones recurriendo a los pisos en manos de entidades financieras u otros organismos públicos, facilitando los alquileres sociales sin tanta burocracia y mediante la contratación directa de las viviendas o con la adquisición de pisos para creación de bancos locales de viviendas en localidades