Extremadura está dispuesta a acoger a menores migrantes procedentes de Marruecos que se encuentran en Ceuta. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado este jueves en el pleno que se desarrolla en la Asamblea que ya ha trasladado esta “disponibilidad” al Gobierno de España.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y las comunidades acordaron el miércoles ofrecer 200 plazas de acogidas para menores que ya estaban en centros de protección de Ceuta para poder atender de forma adecuada a los que han llegado desde el pasado lunes a la ciudad autónoma.
Fernández Vara ha realizado este anuncio en respuesta a una pregunta que le ha formulado la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, sobre las medidas que ha llevado a cabo su Gobierno para lograr liberación de la cooperante extremeña en Palestina Juana Ruíz, detenida por Israel.
El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha sido quien ha detallado el acuerdo entre el Gobierno y las comunidades por el que Extremadura acoger a 11 jóvenes que ya estaban integrados en el Sistema de Protección de Menores de Ceuta para “aliviar” la situación que vive este.
Vergeles ha apelado a que hay que “interiorizar que España es la frontera sur de Europa” y que este tipo de situaciones no son un problema de Ceuta, Andalucía o Murcia, sino de toda España y de Europa.
El Gobierno y las comunidades han acordado el reparto de 200 plazas de acogida para menores no acompañados que ya estaban en centros de protección de Ceuta para liberar espacio y acoger a los llegados esta semana, de modo que las distintas autonomías acogerían entre seis y veinte niños.
El reparto planteado se basa en criterios que distribuyen el 50 % de las plazas por el impacto en acogida de los menores migrantes no acompañados de cada comunidad, otro 25 % en función de la población y otro 25 % por situación económica, que a su vez se repartiría en un 12,5 % por renta per cápita y el otro 12,5 % según la tasa de paro.
Las ciudades de Ceuta y Melilla y Canarias -que tiene bajo su tutela a 2.700 menores- quedarían excluidas de este reparto.