Este jueves, tendrá lugar en el Ayuntamiento de Cáceres la celebración de la Comisión de Seguimiento del proyecto “Gran Buda”, en la que, por fin, el equipo de gobierno y los grupos municipales en la oposición podrán pedir cuentas a los miembros de la Fundación Lumbini Garden, promotora del proyecto, de su polémico viaje a Myanmar (antigua Birmania) y de los contactos mantenidos allí con la Junta Militar golpista.
En este viaje, que se enmarca dentro de la búsqueda de apoyos para la construcción del que se espera que sea el mayor complejo budista de occidente, además se reunieron con el monje budista, Sitagu Sayadaw, el mayor líder religioso del país, muy cercano a la junta militar y sobre el que pesan graves críticas por haber amparado los crímenes de lesa humanidad, de los que se acusa al gobierno golpista, que no cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional.
A las 12,30 horas tendrá lugar la reunión de la comisión de seguimiento, a la que está previsto que asista el presidente de la Fundación Lumbini Garden, José Manuel Vilanova; la empresaria cacereña y patrona de la fundación, Pilar Acosta, y el guía traductor de habla hispano-Nepalí, Ekraj Giri, que les habría acompañado en el viaje.
Tanto el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres, como los grupos en la oposición, no ven con buenos ojos esos contactos con el gobierno militar de Birmania, del que además no tenían conocimiento previo ni ellos ni el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que desaconseja cualquier contacto con dicho gobierno.
De unas minas de jadeíta de Myanmar saldrá la piedra blanca, similar al jade, con la que se pretende recubrir la estatua del Gran Buda, de 47 metros, que coronaría el complejo budista de Cáceres.
Este jueves, por lo tanto, los representantes de la fundación tendrán que dar explicaciones sobre este polémico viaje, y presumiblemente, los grupos en la oposición profundicen en cuestiones que también han suscitado dudas, como es la cesión de 110 hectáreas en el cerro Arropé, a 7 kilómetros de Cáceres, terreno que, según la fundación, una vez cedido, se parcelaría para ofrecérselo a comunidades budistas para construir sus propios templos, así como a gobiernos y embajadas asiáticos para que puedan tener presencia permanente en España y, por lo tanto, en Europa.