Es una sentencia pionera en España. Reclama al Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo que elabore un catálogo completo con todos los honores y vestigios a Franco y la dictadura militar que han sobrevivido con el paso al tiempo.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Badajoz obliga al municipio a confeccionar este listado tras la denuncia interpuesta por el abogado Eduardo Ranz, en cumplimiento del artículo 15.3 de la Ley de Memoria Histórica.
Para el letrado es una primera victoria, a la que puede acompañar una orden definitiva que haga desaparecer por completo los honores a Francisco Franco Bahamonde del nombre del pueblo.
Una vez que el catálogo esté concluido, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, la denominación deberá desaparecer de inmediato según aclara el abogado madrileño.
La sentencia desestima precisamente otra de las peticiones que Ranz, en torno a la eliminación de la retirada ‘Del Caudillo’ de Guadiana. Aclara a este respecto que el juez recomienda que elabore de nuevo esta petición, porque en su denuncia no lo pedía de manera concreta.
No obstante, y ante la naturaleza del fallo, no descarta que el Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo recurra el fallo del tribunal de Badajoz a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Dos municipios extremeños afectados
Los juzgados de lo Contencioso Administrativo 1 y 2 de Badajoz admitieron a trámite las demandas del abogado Eduardo Ranz contra los alcaldes de Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana (pedanía de Badajoz) por incumplir la Ley de Memoria Histórica.
Eduardo Ranz había presentado un recurso administrativo contra la desestimación por silencio administrativo, en el caso de Guadiana del Caudillo, de la reclamación de retirada de la mención franquista. Además presentó recurso contra el Ayuntamiento de Villafranco del Guadiana sobre actuación de la administración local en el mismo sentido.
Los juzgados pacenses requerían a los consistorios para que remitan al órgano judicial los expedientes administrativos a que se refiere el acto impugnado en el plazo “improrrogable” de 20 días.
Precisamente en su fallo el juez recoge explícitamente que la desestimación por silencio administrativo no ha obtenido respuesta favorable, “sin que en ningún caso se haya probado por parte del Ayuntamiento demandado que haya iniciado actuación alguna para dar cumplimiento” al contenido de la demanda.
Alude también al artículo 15.1 de Memoria Histórica, sobre símbolos y monumentos públicos, que detalla que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.
Una placa de Franco blindada
La historia de Guadiana del Caudillo tiene más capítulos, algunos de ellos inverosímiles a la vista de muchos. El motivo es que la placa franquista que preside la fachada del ayuntamiento, en memoria de la visita que hizo allí Franco, apareció una mañana rota a martillazos. El alcalde del PP, Antonio Pozo, mandó su arreglo para reponerla de nuevo, esta vez protegida con un cristal blindado.
En el interior, el nombre de Francisco Franco y un recuerdo de su paso por la localidad en 1951 “como ofrendas a sus constantes entusiasmos en pro de la labor colonizadora” en este municipio que nació al calor del Plan Badajoz.
La polémica de la placa pasó semanas atrás por el pleno municipal, donde la propuesta para su eliminación fue tumbada por la mayoría absoluta del PP.
El PP local tuvo conocimiento del fallo judicial que ordena elaborar el catálogo instantes antes de un pleno extraordinario en el que se aprobó una moción para pedir al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que “no llevara a efecto las amenazas de retirar subvenciones a Guadiana del Caudillo”, informa Efe.
Para el alcalde del PP de Guadiana del Caudillo, Antonio Pozo, esta nueva sentencia viene a reforzar la idea de que no se pueden retirar subvenciones públicas al municipio, pues no se está incumpliendo la ley.
El presidente de la Diputación pacense anunció en la presentación de los presupuestos provinciales del próximo año que no se concederán ayudas a los municipios que hoy no cumplen la Ley de Memoria Histórica.
Lo hace, según ha dicho, en un claro compromiso con el cumplimiento de las leyes. “Ningún pueblo que en su nombre, que en su nomenclatura, vaya en contra de la Ley de Memoria Histórica podrá acceder a ningún tipo de subvenciones o ayuda de la Diputación”. “Creemos que es fundamental que se cumplan las leyes, y en ese sentido, para cumplir las leyes, es necesario dar ejemplos como el que va a dar la Diputación”.
La Iglesia, también
La Junta de Extremadura ha decidido igualmente que no invertirá ni un solo euro en aquellos templos religiosos que conserven símbolos en honor al dictador Francisco Franco, o que exalten a la dictadura militar.
Esta medida se adopta después de conocerse que el anterior gobierno de la Junta con Monago otorgó una subvención de 15.000 euros para la restauración del retablo de una ermita en Navaconcejo (Cáceres), pese a que el templo mantiene un escudo de la Falange española (yugo y flechas).
En aplicación de la normativa vigente, y tras el caso de la ermita de Cáceres, los técnicos de la Junta realizarán a partir de ahora una visita previa, con especial seguimiento a aquellos vestigios anticonstitucionales, según ha trasladado a este diario el director general de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, Francisco Pérez Urban.
La medida se trasladará a la subcomisión mixta entre la Junta y Iglesia encargada de velar por el convenio con la Santa Sede, y allí se dejará constancia de que los símbolos antidemocráticos que reflejan la espíritu de la sublevación o exaltan al dictador no pueden permanecer allí para optar a las partidas públicas.