“El ingreso mínimo vital no es una ‘paguita’, es un medio para la supervivencia y la inserción”

La nueva renta mínima estatal contra la pobreza ha llegado en un momento clave, cuando los efectos de la crisis sanitaria hacen presagiar el desembarco de una crisis social con más desempleo y desigualdad.

El recién creado ingreso mínimo vital es una prestación con la que las familias sin recursos pueden satisfacer parte de sus necesidades. Es una prestación compatible con las rentas básicas de las comunidades, como la extremeña.

Ofrece unos ingresos medios por beneficiario de 460 euros, el equivalente a las pensiones no contributivas para el caso de un adulto solo. Puede incrementarse hasta llegar a algo menos del salario mínimo (1.000 euros al mes en 12 pagas) en función del número de personas de la unidad familiar y de sus condiciones.

En su breve trayectoria ha sido aplaudida por una mayoría de la sociedad, aunque también ha encontrado detractores, que la han definido de manera peyorativa como la ‘paguita de los pobres’.

Frente a estas críticas, desde Cáritas Mérida-Badajoz inciden en que viene a paliar una necesidad básica, y que garantiza la supervivencia de las personas y su inserción social.

Jesús Pérez Mayo, director de Cáritas en la diócesis pacense y profesor de Económicas de la Universidad de Extremadura, valora que tenga vocación de permanencia y que “permitirá a la gente salir adelante”.

Hasta el momento existían diferentes rentas en varias comunidades, no en todas, y el nuevo ingreso viene a traer un mínimo para el conjunto de la ciudadanía, viva donde viva la persona. Se trata de una cuestión que aplaude el responsable de Cáritas, que comenta que es un derecho que faltaba en el estado de bienestar, y que ya tenían la mayoría de países europeos.

Reducir la desigualdad

Se estima que el ingreso mínimo vital tendrá una incidencia especial en Extremadura, donde puede llegar hasta los 60.000 beneficiarios según algunos cálculos.

Pérez Mayo anima a mirar a los niveles de pobreza y exclusión de la comunidad, cuya última radiografía muestra que el ingreso medio anual de los extremeños es de 8.796 euros por persona, el más bajo del país.

La tasa Arope -indicador europeo que mide pobreza, carencia material y baja intensidad de trabajo en el hogar- se sitúa en el 37,7 por ciento en la región, 12 puntos por encima de la media nacional. Mientras, la Comunidad presenta un riesgo de pobreza del 31,5 por ciento, 15 puntos más que la media.

Para el responsable de Cáritas son datos que confirman la necesidad de apostar por nuevas políticas de protección frente a la pobreza. Valora que la renta responde a las reclamaciones que han trasladado las entidades del tercer sector en repetidas ocasiones a todos los partidos del arco parlamentario.

Como aspecto positivo destaca que sea compatible con un trabajo, siempre que los ingresos no superen algunos umbrales de renta, que en el caso de una familia de cuatro miembros es de 10.500 euros anuales.

A su juicio la compatibilidad con las rentas del trabajo evita las ‘trampas de la pobreza’. En concreto evitará que una persona tenga que decidir entre un empleo o recibir una prestación, algo que en muchas ocasiones se usa para criticar este tipo de medidas.

Otro aspecto positivo a su juicio es la creación de itinerarios que ayudan a la inserción social, con formación específica para 'rescatar' a las personas, “una medida que conforma que no es una paguita”.

¿Desincentiva la búsqueda de empleo?

Sobre las críticas al ingreso mínimo vital, incide en que hay estudios previos centrados en la renta de inserción del País Vasco que muestran que los beneficiarios no han dejado de buscar empleo, algo que contradice el principal 'mantra' que repiten sus detractores.

En contra de las tesis 'negacionistas', explica que los estudios sobre Euskadi muestran que ésta ayuda a que la búsqueda de trabajo sea más tranquila, con mayor seguridad para la persona. No es igual aceptar un empleo en caso de no tener nada, con unas condiciones que pueden no respetar los derechos laborales y humanos, a disponer de un 'colchón' que aporta al beneficiario un mínimo de dignidad.

Una medida ‘paliativa’

El ingreso vital fija un umbral para cada tipo de hogar y desde Cáritas advierten que su cuantía es mínima, sólo paliará parte de las necesidades. Es decir, no permite vivir con total dignidad.

“Hay que mirar a las condiciones que soportan quienes viven con una pensión no contributiva (equivalente a la media del ingreso mínimo vital) para ser conscientes de lo que están recibiendo”. Anima a quienes hablan de ella como la 'paguita' a que vivan un mes con estos ingresos.

Ha mostrado sus dudas en toro a otras cuestiones, como el hecho de que haya que tener más de 23 años para acceder a la prestación. También, que una persona que tenga esa edad tenga que haber estado independizada al menos tres años, un condicionante que supone un obstáculo y que puede 'precarizar' aún más la difícil situación por la que atraviesan muchos jóvenes.