El Consejo Económico y Sociales (CES) de Extremadura elaborará un informe sobre las consecuencias de la sequía, que servirá de base al protocolo de actuación que la Junta de Extremadura quiere presentar a los grupos parlamentarios para su aprobación en la Asamblea. El plazo que ha dado el Ejecutivo regional para elaborar el informe es de dos meses como máximo.
Según ha explicado el portavoz de la Junta, Juan Antonio González, el problema de la sequía “no tiene marcha atrás” por lo que el objetivo es contar con un punto de partida para poder estudiar medidas a llevar va cabo para los próximos años.
El Ejecutivo recuerda que los episodios de sequía tienen importantes consecuencias para la economía, el medio ambiente, la agricultura, la industria y la salud, por lo que su gestión plantea importantes retos en el futuro e impone un enfoque integral que promueva una respuesta proactiva y un marco de gestión apropiado. Este enfoque requiere de un análisis que aborde sistemáticamente los factores de vulnerabilidad, los impactos sociales y económicos y una cultura de la evaluación y la eficiencia en el destino de los recursos hídricos.
En el dictamen que se solicita al Consejo Económico y Social se cuenta con su concurso para analizar de manera global el fenómeno de la sequía, abordando los distintos aspectos de un problema complejo. El estudio deberá centrarse no solo en la parte más visible, como pueden ser el estado de los embalses, sino también en otros aspectos como son las consecuencias ambientales, económicas y sociales.