Técnicos de la Consejería de Transición Ecológica de la Junta de Extremadura han iniciado el análisis de la documentación presentada por la empresa impulsora de una instalación dedicada a la recepción de residuos industriales en Salvatierra de los Barros, una labor enmarcada bajo el precepto de la “seguridad jurídica”.
Así lo ha asegurado el portavoz del Gobierno extremeño, Juan Antonio González, durante la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Gobierno, y a preguntas de los medios de comunicación sobre este proyecto.
González ha expuesto que la presentación de cualquier proyecto empresarial conlleva la apertura de un procedimiento administrativo de autorización urbanísticas y medioambientales, entre otras, a la vez que se abre un periodo de exposición pública para que cualquier entidad, organismo, institución y particular pueda realizar alegaciones.
Ese proyecto, como cualquier otro que se presente en Extremadura o en otra comunidad autónoma, es sometido a dicho proceso de exposición pública, ha insistido.
“Cualquier administración autonómica, municipal o estatal es velar por la seguridad jurídica, y eso significa que todos los detalles se tienen que examinar por los técnicos para que los requisitos se ajustan a la legislación”, ha aseverado.
En este sentido, ha afirmado que una administración “no se puede oponer a un proyecto que quiera instalarse”, pero lo que sí debe hacer es “ver si cumple con la legislación vigente”.
La empresa 3RS Gestión MA Extremadura, SL promueve una instalación en el término municipal de Salvatierra de los Barros (Badajoz) para gestionar casi 300.000 toneladas al año de residuos industriales peligrosos y no peligrosos.
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles el anuncio de la Consejería para la Transición Ecológica y la Sostenibilidad por el que se someten a información pública la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental del proyecto de este “Complejo de Gestión Medioambiental”.
“Expresamos nuestro máximo respeto a la opinión de la ciudadanía -los vecinos de Salvatierra de los Barros ya han expresado su rechazo, pero la administración tiene que velar por la seguridad jurídica”, ha añadido.