Las seis madres realojadas en los pisos abandonados de la Guardia Civil en la barriada pacense de Suerte de Saavedra y otras cuatro familias continúan reclamando el servicio de agua, tras ocho meses abasteciéndose desde una fuente emplazada en un parque próximo a las viviendas.
Cinco de estas familias y otra joven madre de las Moreras (Badajoz) han decidido este lunes acampar frente a la casa oficial del presidente, Guillermo Fernández Vara, en Mérida, como medida de presión y porque ya no“ pueden”aguantar más“ y demandan soluciones.
Elvira Borrego Mendoza, con dos niños a su cargo, explica a eldiario.es Extremadura que la “única” opción que les queda tras dirigirse a Ayuntamiento, Delegación del Gobierno y Junta, es acampar frente a la casa de Vara, puesto que continúan sin agua corriente y sin que les ofrezcan otra alternativa habitacional, explica.
“El agua y mis papeles están en el olvido y no me iré de aquí hasta que no me den una solución para vivir dignamente con mis hijos”. Subraya que sigue realojada en los pisos de la Guardia Civil de la capital pacense, en los que entraron y se vieron “obligadas” a ocupar, por carecer de techo donde criar a sus familias.
Si recuperar una vivienda “es ilegal, más ilegal” es vivir sin disponer de agua, según critican esta pacense y sus compañeras, quienes reclaman “soluciones ya”.
Desde la Junta de Extremadura, esta misma mañana les han pedido “tranquilidad”, tras informarles que están realizando gestiones con la Delegación del Gobierno, según detalla Elvira.
Cesión de viviendas a la Junta
Preguntado al respecto, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha respondido que se han retomado conversaciones con el equipo de la nueva delegada en Extremadura, para seguir avanzando en los trámites para que los bloques de viviendas que pertenecen al Ministerio del Interior puedan formar parte del parque público de vivienda de la comunidad.
“Nosotros seguimos con las mismas exigencias” según explica Vergeles antes de apostillar que “lo lógico es que las viviendas sean cedidas y que en ningún caso” el Gobierno regional tenga que comprarlas.
Por su parte, integrantes del Campamento Dignidad trasladan que la situación para estas mujeres y sus hijos resulta“insostenible y se ve agravada con la llegada del verano y las altas temperaturas, dado que siguen sin disponer de agua por lo que tienen que acarrearla con bombonas y bidones, varias veces al día.
Protestas en pleno y cadena humana
Desde que entraron a vivir a los pisos de la calle Eduardo Naranjo de Badajoz han llevado a cabo acciones continuadas para reclamar “servicios básicos”, ante las necesidades económicas y la situación de emergencia habitacional que presentan.
Así, desde entonces han estado asistiendo a todos los plenos municipales celebrados en la ciudad para reclamar agua corriente. También han mantenido encuentros con responsables municipales y autonómicos, a través de la Dirección General de Vivienda, sin que les hayan aportado soluciones hasta el momento.
La semana pasada, personas realojadas, vecinos de la zonas y de otras barriadas, conformaron una cadena humana desde la fuente hasta los pisos donde viven para recordar a las autoridades que son seres humanos, con necesidades vitales y niños pequeños, según recuerdan desde el campamento.
Estas mismas fuentes, apuntan que han solicitado una reunión a la nueva delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, para que tome cartas en el asunto, y critican las constantes negativas del consistorio pacense a sus peticiones. “Todo sigue igual. El Ayuntamiento ha dado instrucciones a Aqualia para que no facilite el servicio”, aseguran.
Desde la Delegación del Gobierno en Extremadura señalan que se está trabajando para “buscar soluciones”.
En la acampada improvisada este lunes en Mérida, también participa Rosa María González Muñoz, que reside en la barriada Las Moreras, desempleada, con dos hijos y 33 años.
Esta joven está reclamando una vivienda social digna, puesto que lleva más de un año realojada en la calle Anselmo Arenas López, de donde la quieren desahuciar por haber entrado de modo ilegal, pero según sostiene como alternativa le ofrecen irse a la Luneta a una “casa infesta de ratas” o a otra vivienda social donde asegura ya residen quince miembros de otra familia. “Quiero que legalicen la casa donde vivo ahora”, concluye.