Se trata de uno de los capítulos más negros de la historia reciente de Vitoria. Cinco trabajadores morían y otros cientos resultaban heridos en el desalojo de una iglesia por heridas de bala de la policía armada pocos meses después de la muerte de Franco. Entre ellos Romualdo Barroso Chaparro, un joven extremeño de 19 años.
Cuentan que en Vitoria viven más vecinos de Brozas que en la propia localidad cacereña. Romualdo era uno de ellos. Sus familiares lo definen como un joven comprometido con el momento histórico que le tocó vivir: “Era alegre, le gustaba el montañismo, la historia, los fósiles, la arquitectura... Solo pensaba en sus estudios, su familia, su barrio”.
Años atrás la familia se habían trasladado al País Vasco para salir adelante, “con una mano delante y otra detrás”. Con su fuerza de trabajo, como la inmensa mayoría de los extremeños que migraron en los años 50 y 60.
Así lo cuenta su hermana, Eva Barroso, que forma parte de la Asociación 3 de marzo. Con motivo del 41 aniversario del fatal suceso el colectivo reclama que se investiguen los hechos. Sigue sin haber culpables.
Han iniciado varias luchas judiciales reclamando responsabilidades penales, pero los sumarios han acabado archivándose. La batalla se ha trasladado a Argentina, sumándose al proceso que lleva a cabo la allí la justicia sobre las víctimas del franquismo.
La asociación agrupa a heridos y familiares de las personas “asesinadas” en el desalojo de los obreros con motivo de la huelga general del 3 de marzo mientras se celebraba una asamblea dentro de la iglesia. Reclaman verdad, justicia y reparación. Sostienen que la policía entró con premeditación y cometió delitos de lesa humanidad.
Llevan luchando por que se haga justicia desde 1999, cuando nació la asociación. Entre los fundadores, el extremeño Romualdo Barroso padre.
¿Qué ocurrió?
Los hechos coinciden con el momento en que el franquismo daba sus últimos 'coletazos' y la lucha obrera se intensifica con huelgas y protestas en las que “reclamaban cuestiones muy básicas: tener derecho a media hora para comerse el bocadillo, trabajar 40 horas semanales o disfrutar de un mes de vacaciones”.
En el barrio de emigrantes en el que vivían había familias que habían iniciado una huelga indefinida. El dinero de la caja de resistencia llegaba a quienes menos recursos tenían. El joven Romualdo estaba estudiando maestría industrial, aunque se puso a trabajar a media jornada en una fábrica de maquinaria agrícola para aportar dinero a la caja.
Las grabaciones policiales del desalojo publicadas meses atrás por eldiarionorte.es muestran la brutalidad del desalojo:
-Hay que desalojar la Iglesia como sea
-Vamos a tener que echarlos (a los trabajadores) por las armas
-¡Sacarlos como sea!
-Se acaba la munición...
-Después de 1.000 tiros imagínate
-Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia
-De verdad...esto es una masacre
Cuenta la hermana del extremeño fallecido que los huelguistas estaban reunidos en las iglesias porque era el único lugar donde se sentían protegidos. Hasta ese día. En la jornada de la huelga la policía armada entró por la mañana en un primer templo, y luego por la tarde en la multitudinaria asamblea de la Iglesia de San Francisco de Asís.
Se agolpaban hasta 4.000 personas y les arrojaron gases lacrimógenos y botes de humo. Comenzó el pánico y la gente salió como podía por las ventanas. Eran recibidos en la calle “a golpes y porrazos”.
Dentro estaba Romualdo Barroso. Su hermana cuenta que tienen constancia de que comenzó a romper los cristales de la iglesia para que las personas que estaban dentro pudieran respirar.
También que antes de recibir el disparo que acabó con su vida intentó disuadir a varios policías que agredían a uno de los huelguistas. Según el relato de su prima, la historiadora Ana Barroso, “su cuerpo estaba destrozado, le habían disparado por la espalda, tenía un tiro en la cabeza con orificios de entrada y salida”.
“No ha habido voluntad”
La familia denuncia que ha existido una “nula” voluntad por intentar investigar los hechos. Lamentan que ahora que el caso ha llegado a la justicia argentina, continúan los obstáculos cuando los jueces reclaman exhortos y comunicaciones. “No se ha investigado, sabemos lo que ocurrió. Se aplicó el terror porque resultaba incómodo para el régimen que los obreros se hiciera fuentes ante la patronal”.
“El estado actuó de esa forma. No estamos diciendo nada fuera del orden si afirmamos que fue terrorismo de estado. Aquello era una dictadura”, denuncia. Además sostienen que aunque la jurisdicción militar incoó algún expediente, no se investigó ni se sancionó a los culpables y tras la ley de amnistía del 77 se confirmó la impunidad de los hechos.
Ahora que los hechos siguen un procedimiento legal en Argentina, Eva Barroso dice que solo tienen confianza en su propia fuerza. “Gracias a nuestro tesón y a la localidad de Vitoria no olvidan los hechos, con intensidad y con fuerza. En caso contrario, esto habría sido ocultado ya”.