El Supremo rechaza anular el derribo del resort Isla de Valdecañas y el caso llegará al Constitucional

El caso Valdecañas llegará hasta al Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo ha desestimado el incidente de nulidad presentado por la Junta de Extremadura y los propietarios a la sentencia que decretó la demolición total del resort de lujo, que se encuentra al norte de la provincia de Cáceres. Por ello, ambas partes presentarán un recurso de amparo al tribunal de garantías.

El Gobierno autonómico y los dueños de los chalés argumentaron en sus recursos la presunta incompatibilidad de dos de los cinco magistrados que fallaron a favor de la desaparición de las 185 villas, el hotel y el campo de golf porque ya habían participado en instancias anteriores del largo proceso judicial.

Además, en un comunicado firmado por los propietarios tras conocer la desestimación del Supremo, consideran que la sentencia de esta tribunal pudo vulnerar “el derecho a la tutela judicial efectiva”, la cual viene recogida en la Constitución española. A su juicio, los magistrados debían valorar únicamente la existencia o no de las causas planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por las que proponía una ejecución alternativa que contemplaba mantener lo ya construido, “conciliando de forma proporcionada la preservación de los intereses medio ambientales, el desarrollo del entorno y los derechos de propiedad”.

A pesar de ello, admiten que la decisión de Supremo “entra dentro de lo esperado y es algo con lo que contábamos”, pero “era un trámite necesario para poder presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”. “Defenderemos la pervivencia del complejo hasta el final, pues actuamos de buena fe desde el principio y creemos en el futuro de Isla Valdecañas”, han afirmado.

Asimismo, los dueños de las viviendas han asegurado sentirse “plenamente respaldados” por “el apoyo mayoritario” de la sociedad extremeña, según la encuesta encargada por la Junta de Extremadura, que señala que 8 de cada 10 extremeños “consideran injusta esta situación y apoyan que recurramos a todas las instancias judiciales posibles”.

“Al igual que siempre hemos defendido, tanto los propietarios como diferentes expertos, la misma encuesta confirma que 3 de cada 4 habitantes de Extremadura creen que derribar Valdecañas traería más daños que beneficios ambientales”, han agregado.

En su opinión, lo que está en juego es “la existencia de un modelo económico y ambiental sostenible para Extremadura y sus habitantes”, pues “derribar Valdecañas sería proclamar que en Extremadura no se puede hacer nada, aunque concilie valor económico, social y ambiental”. 

Por su parte, las empresas promotoras del complejo residencial de lujo, Golf Valdecañas, SA, y Marina Isla de Valdecañas, SA, han presentado un recurso de reposición porque consideran que todo el proceso judicial está “viciado de nulidad radical”, puesto que se basa en una ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) que no existe. Según ha revelado la Junta de Extremadura, “no consta ”la declaración formal“ del embalse de Valdecañas en la Red Natura 2000.

Este extremo ha sido negado por Ecologistas en Acción, que ya ha respondido a estos recursos. Según el grupo ambientalista, la ZEPA se declaró en 2003 siguiendo el procedimiento legal en esa fecha y no fue hasta 2007 cuando se introdujo una regulación específica acerca del procedimiento de aprobación de las zonas de especial protección para las aves.