Las ANPAS de Vigo también rechazan gestionar los comedores y dicen que el protocolo antiCOVID del Xunta carece de “seguridad sanitaria y jurídica”

Las asociaciones de madres y padres del alumnado de la escuela pública de Vigo tampoco confían en el plan anti COVID de la Consellería de Educación para el curso que viene. Las 35 ANPAS que forman parte de la Federación Olívica (Foanpa) se “plantan” en la gestión de aulas matinales, comedores escolares y actividades extraescolares. Lo hacen porque, explican en una resolución aprobada por unanimidad, la Xunta no escucha sus demandas. Miguel Álvarez, presidente de la Federación, considera que las medidas gubernamentales ante la epidemia dirigidas a la enseñanza “carecen de seguridad sanitaria y jurídica”.

Foanpa exige así de las autoridades educativas “un protocolo concreto sanitario y de distribución de espacios, validado por un inspector de la Consellería de Educación”, y que este tenga diferentes aplicaciones según se refiera a las aulas matinales, a los comedores o a las extraescolares. Pide los “recursos necesarios” para dotar de geles hidroalcóholicos, mamparas, pañuelos deshechables o señalización los lugares, además de “recursos humanos” para cumplir los turnos y atender al estudiantado con necesidades especiales.

Las asociaciones de Vigo -35 son las federadas en Foanpa, en representación de 2.500 niños y niñas- se suman así a las de Pontevedra y a las de Marín (Pontevedra) en su rechazo a las medidas del Gobierno gallego. “La consellería aseguró que había llegado a un acuerdo con las ANPAS, pero fue un paripé, es mentira”, señala Álvarez. Las entidades de Foanpa se encargan de comedores, extraescolares y aulas matinales desde hace más de 20 años.

Otras reclamaciones de los padres y madres de la escuela pública viguesa se refieren al “personal específico de desinfección” o a la necesidad de que la consellería habilite un contacto directo entre el centro de salud adjudicado a cada centro escolar y al equipo de las ANPAS que gestionan estos servicios complementarios. Las asociaciones también quieren que figure por escrito que la responsabilidad de lo que suceda y las consecuencias sanitarias corresponden a la Administración autónoma, “autora de este protocolo”.