La Abogacía del Estado ha presentado un recurso contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña de conceder a los descendientes de Franco el plazo de un mes para vaciar el Pazo de Meirás de “las cosas, bienes u objetos” que la familia acumuló en el interior a lo largo de las décadas que lo ocupó. La justicia ha exceptuado los objetos que eventualmente se encuentren en él por haber sido colocados por el Estado tras haber tomado posesión del inmueble.
Lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, en respuesta a preguntas sobre el asunto tras una reunión con el presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González Formoso. La institución provincial también ha presentado recurso, al igual que lo hicieron ya los ayuntamientos de Sada, donde se encuentra el pazo, y A Coruña. El delegado del Gobierno ha aludido a la necesidad de establecer “cómo, cuándo y qué exactamente puede significar” la resolución judicial.
Entre los bienes que los Franco se quieren llevar están dos estatuas del Mestre Mateo y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán. Son los únicos que cuentan con protección actualmente, ya que las primeras están declaradas bien de interés cultural (BIC) y la segunda está en trámites. Todos los grupos del Parlamento de Galicia se unieron esta semana para pedir que todos los muebles que hay en el pazo se declaren BIC y dificultar, de este modo, que los descendientes del dictador se los puedan llevar. Esta protección implica que deben recibir autorización de las autoridades de patrimonio autonómicas antes de mover los bienes.
Sobre el recurso del Estado, Miñones ha indicado que “es un primer paso para lo que pueda venir”. Se ha referido también a las posibles nuevas demandas sobre los bienes que hay en el pazo, una lista de 700 objetos de incalculable valor. La Abogacía del Estado “sigue trabajando en el objetivo común de proteger lo que es un bien público”.
La Xunta presenta recurso de reposición
La Xunta ha informado este jueves de que ha presentado un recurso de reposición contra la decisión. Considera que sus competencias en la protección del patrimonio cultural se ven “socavadas” porque la diligencia no hace explícito que es necesaria la autorización de la administración autonómica para mover bienes de interés cultural (BIC), como es el caso de las estatuas del Mestre Mateo y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán -esta última, en trámites para estar amparada por esta figura-.
La Consellería de Cultura ha apelado de nuevo a la “unidad entre administraciones” para defender el patrimonio gallego y ha recordado que está a la espera de recibir informes de varias instituciones culturales, encargados tras recibir la solicitud de los Franco para trasladar las estatuas y los libros. El objetivo es, según el departamento que dirige Román Rodríguez, dar “argumentos técnicos sólidos”.