Queremos Galego, Contraminacción, la Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto, Stop Desahucios o diferentes asociaciones de afectados por las preferentes. La lista de colectivos que reciben multas o amenazas de sanciones por participar en diferentes movilizaciones continúa aumentando. Todas coinciden en denunciar el “acoso” que sufren y no descartan llevar a cabo acciones conjuntas contra lo que consideran una “criminalización” de los movimientos sociales en Galicia por parte de la Delegación del Gobierno.
La última en ser multada a sido la plataforma Contraminacción, que agrupa a diferentes colectivos contra la minería contaminante. La asociación ecologista Verdegaia, que fue quien solicitó el permiso para la manifestación, recibió una multa de 450 euros por supuestos “destrozos coincidiendo con el paso del grupo por los locales afectados” y que incluirían diversas pintadas en locales comerciales y el lanzamiento de dos botes de humo.
“Si los hechos se produjeron delante de los agentes de la policía, por que esta no actuó en ese momento? Nos parece un descuido por su parte, difícilmente creíble habida cuenta su habitual exceso de celo en las manifestaciones. O es que nos atribuyen los hechos sin tener la certeza de que se produjeron ese día y como fruto de la manifestación?”, se pregunta Nela Abella, de la Plataforma pola Defensa de Corcoesto. “Si lo que pretenden es que nos quedemos en casa viendo la tele en vez de movilizarnos, que lo vayan olvidando”, añade esta activista, que anuncia un recurso a la sanción.
Según varias testigos, algunas de las pintadas que se le atribuye al paso de la manifestación del pasado 2 de junio ya estaban en las paredes antes, lo que incrementa las sospechas sobre una campaña de “criminalización” contra los movimientos sociales, más aún habida cuenta los precedentes.
Ha sido la última de las multas conocidas. Días antes, la plataforma Queremos Galego recibió una denuncia de la Policía por la manifestación celebrada el 17 de mayo, con motivo del Día das Letras Galegas. En este caso acusan al colectivo de tirar globos y huevos llenos de pintura, o de ser responsables de diferentes pintadas que atribuyen a la marcha en la que “participaron diversos colectivos y organizaciones portando diversas pancartas en defensa de la lengua gallega”. La infracción equivale a una multa que puede ir de los 300 euros a más de 6.000. Los implicados denuncian que los lemas de algunas pintadas que se le atribuyen incluyen lemas que nada tienen que ver con sus reivindicaciones alrededor de la lengua e insisten en la “criminalización” de las protestas.
La Plataforma Galega por el Derecho al Aborto es otra de las acusadas en esta ola de multas. En este caso también por supuestos “destrozos” durante la manifestación celebrada el pasado 16 de junio, con argumentos parecidos por parte de la Policía y con una propuesta de sanción idéntica. La coincidencia incrementa el recelo de los colectivos, que creen que las autoridades “disparan contra todo lo que se mueva”.
Las sanciones conocidas las últimas semanas se unen, por lo tanto, a las recibidas masivamente en los últimos meses por activistas contra los desahucios o por la estafa de las preferentes. En concreto, cerca de veinte personas están en A Coruña bajo amenaza de sanción por haber participado en movilizaciones a favor del derecho a la vivienda o contra los recortes sociales del Gobierno del PP. Los amenazados de multa están acusados por diferentes hechos supuestamente acontecidos en la paralización del desalojo de Aurelia Rey el pasado 18 de febrero, en una concentración ante la sede del PP el 9 de abril o en las diferentes movilizaciones por las expulsiones derivadas del proyecto del parque Ofimático.
Los motivos de las denuncias, llegadas desde la Subdelegación del Gobierno, son comunes: dificultar su identificación -algo que Stop Desahucios califica de “totalmente falso” y que explica por la petición de los afectados a los agentes de la Policía para que también se identificaran-, “instigar a las masas a defender el derecho a la vivienda” (como en el caso de Aurelia Rey) o “una perversa interpretación de lo que supone la seguridad ciudadana”.
La motivación política de las sanciones es lo que critican los colectivos sociales gallegos. Del mismo modo opinan varias plataformas de afectados por las preferentes, que ven como desde antes del verano reciben una avalancha de multas que van desde infracciones de tráfico por no llevar el cinturón o hablar por el móvil, sanciones por tocar la bocina o por ocupar una vía. Millares de euros, centrados especialmente en los portavoces y líderes de las concentraciones, una decisión que los afectados atribuyen a una estrategia de acoso y derribo del PP, de Rafael Louzán, presidente de la Diputación de Pontevedra, y de la Subdelegación del Gobierno“.
Locales de A Coruña colaboran para aportar dinero a una caja de resistencia
Stop Desahucios A Coruña denuncia que, al igual que otros colectivos sociales, “está padeciendo un fuerte ataque en forma de sanciones económicas con las que la Subdelegación del Gobierno pretende disuadir las acciones de denuncia”. Tal y como explica este grupo, desde la paralización del desahucio de Aurelia Rey llevan ya acumulado un total de 5.500 euros en multas. “Todas sabemos que esta represión no sólo busca castigar a los que nos movilizamos, sino que el objetivo principal es que la ciudadanía en general tengamos miedo de las represalias que conlleva luchar por nuestros derechos”, asegura.
Por eso, Stop Desahucios lleva a cabo una campaña contra las sanciones, en la que además de manifestaciones, conciertos y otras actividades, incluye la creación de una caja de resistencia con la que reunir dinero para poder hacer frente a las sanciones. “De este modo, estamos dejando huchas en distintos locales de la ciudad, para que quien quiera poda aportar una ayuda”, dicen.