El juez es claro. El magistrado Luis Aláez, que instruye la causa por el accidente del tren Alvia en Angrois el pasado 24 de julio, ha emitido este viernes un auto en el que critica con dureza la actuación de los responsables de Adif y acusa al administrador de “incrementar el riesgo para la vida de miles de personas” al cambiar el sistema de seguridad ERTMS por el ASFA en la curva por “motivos comerciales”.
El juez recuerda que fueron los responsables de Adif los que tomaron la “decisión trascendental” de “modificar el proyecto original” de la línea Ourense-Santiago en cuanto al ancho de vía, lo que “afectó a las instalaciones de seguridad, ”pasando de la configuración inicial de la explotación“ con sistema ERTMS en toda la línea a mantener este sistema hasta ”cuatro kilómetros antes del lugar del accidente“, donde pasó a explotarse sólo con sistema ASFA.
Según el magistrado, esta decisión de los responsables de Adif, de “convertir una indiscutible línea de alta velocidad en una línea asimilada” se consideró “desde los momentos iniciales de la investigación sospechosa de una imprudencia punible”, ya que “llevó un previsible incremento del riesgo en la circulación que no se considera acomodado socialmente”.
Así, el magistrado cree que esta modificación “parece suponer para la sociedad tan sólo un beneficio menor”, que “no ampara aquel incremento del riesgo”. “Presumiblemente, la única utilidad que obtuvo la sociedad con aquella decisión fue el ahorro de unos minutos de viaje entre Ourense y Santiago, como contrapartida a un importante aumento de riesgo para la vida de los cientos o miles de personas que utilizan la línea cada día”, destaca Luis Aláez.
El juez es claro cuando asegura que la libertad de actuación de los responsables de Adif “tiene como elemento delimitador la seguridad de los usuarios del ferrocarril”, y la transformación de esta línea sin la adición de “medidas de seguridad” a mayores, es “sospechosa de criminalidad”, apunta.
Aláez carga directamente contra Adif, al que acusa de realizar esta modificación, y la “rebaja de seguridad” consecuente, amparándose en “motivos comerciales”. Según recoge en el auto, el “regateo de seguridad” de esta decisión se produjo por “motivos comerciales o productivos”, derivados tanto de una “insignificante rebaja de los costes de obra y mantenimiento” como de la reducción de “minutos” en el trayecto con el objetivo de aumentar el “atractivo comercial” de la línea y lograr la “seducción o captación de usuarios” con “fines lucrativos”.
“Se trata de una situación creada por una posible decisión no técnica, sino que carácter comercial, que se adoptó por las mismas personas que tenían como deber primordial velar por la seguridad de los usuarios de la línea, y la posibilidad de cumplir con él dictando las normas complementarias correctas para mitigar el riesgo”, explica el juez.
Carga contra los consejeros de Adif
En el mismo auto, el magistrado se pregunta sobre las diferencias de la línea antes y después del cambio de sistema de seguridad. De hecho, apunta a que, a pesar de que la zona en la que se produjo el accidente cuenta con el sistema ASFA, “este tramo parece presentar parejas características al anterior, donde sí se estimó necesario explotarlo con el ERTMS”.
Del mismo modo, carga contra el Consejo de Administración de Adif y sus responsables de seguridad, a los que acusa de “alegar, sin más, que se tomó una u otra decisión porque se confiaba en otras personas”. “Por encima del principio de confianza está el principio de responsabilidad en el cargo”, destaca Aláez, quien apunta que los consejeros, “cada uno con su decisión” de apoyar la modificación, “se responsabilizaban” de la misma y del proyecto que “finalmente salió adelante”. Además, también critica a aquellos consejeros que, posteriormente, “consintieron en su mantenimiento”.
“No hace falta especial capacitación técnica para conocer las diferencias sustanciales entre el sistema ERTMS y el ASFA”, debiendo “presumirse lógicamente capacidad para comprenderlas en quien asume cargos en materia de seguridad en la circulación ferroviaria”.
Además, en el auto, el juez cita a declarar como testigos en la causa al jefe de Maquinistas que en 2011 remitió un informe señalando el peligro de la línea, así como a dos de los cargos que recibieron un correo electrónico con la información. Los tres deberán comparecer en Santiago el próximo 7 de marzo.