A finales de julio de 2012 Gerardo Conde Roa llevaba ya tres meses fuera de la alcaldía de Santiago pero su sombra todavía pesaba, y mucho, sobre el consistorio compostelano, aún sumido en un notable descontrol. Según consta en el sumario de la operación Pokémon, el propio Conde Roa y quien había sido su jefe de gabinete, Ángel Espadas, además de concejales como el de Deportes, Adrián Varela -que sigue en el cargo- continuaban negociando y “presionando” para la consecución de “proyectos” como la prórroga de la concesión del servicio municipal de aguas a Aquagest, empresa que presuntamente se prodigaba en favores para responsables municipales y sus allegados. En algunos casos se hablaba de grandes cifras y, en otros, de operaciones menos relevantes económicamente pero igualmente elocuentes. Es el caso, por ejemplo, de la gestión para evitar que un convento de monjas pagara por el suministro de agua.
Atendiendo a la documentación del sumario sobre la que ya no pesa el secreto, a la que ha tenido acceso este diario, los agentes de Vigilancia Aduanera que controlaban las conversaciones telefónicas de los presuntos implicados en la trama escucharon el 24 de julio como uno de los supuestos líderes de la red, José Luis Míguez, responsable de Aquagest en la ciudad, le explicaba a un hombre llamado Luis “el problema del convento de Santa Clara”. Tal “problema” surgió tras una visita de Conde Roa al recinto acompañado por el dicho Luis, en la que las monjas “le dieron una carta explicándole los problemas que tienen con el agua”. Según Míguez, “Gerardo Conde Roa estuvo con la monja superiora y le dijo que no quería pagar más agua y ahora ya no se les pasa el recibo”.
“Luis -recoge un auto de la jueza de agosto de ese mismo año- le dice que el BNG denunció a través de una nota de prensa que las monjas robaban el agua” y que, a su vez, las religiosas “quieren un justificante conforme a que no van a pagar más el agua”. En este contexto el propio Míguez asegura que “él ya arregló con las monjas, que ya no pagan el recibo del agua” y que, además, “dicen que tienen un terreno cerca de la estación de autobuses donde tienen un manantial”. Así las cosas, el mencionado Luis “dice que formalice” un convenio “en el que las monjas resarcen al Ayuntamiento con la cesión de un terreno”, ya que en caso contrario “pueden acusar al alcalde de prevaricación”. Para Vigilancia Aduanera, en esta conversación “Míguez reconoce que Gerardo Conde Roa cometería prevariación al ordenar que no se cobrara el agua a las monjas de Santa Clara y para justificar acuerda con un Luis formalizar un convenio” para la cesión del terreno.
Favores mutuos y corrupción “por Gerardo”
Estas conductas presuntamente corruptas serían sólo una muestra de lo que, atendiendo al sumario, era un intercambio de favores más o menos fluido con la concesión de contratos públicos como telón de fondo. Así, por ejemplo, en una conversación telefónica intervenida en junio de 2012 el entonces responsable de Aquagest en Galicia, Henry Laíño, le dice a Ángel Espadas que “le va a mandar el currículum de un chaval que es amigo suyo” y que “se va a presentar a las oposiciones de la Policía”. “El padre le comentó que hay una mafia y que ya saben quién va a aprobar, por eso necesita que le echen una mano”, señaló Laíño, antes de especificar que “esto depende de la Consellería de [Alfonso] Rueda”, titular de Presidencia, y que “si no puede hacer nada, que se lo diga”. Espadas, por su parte asegura que “para el tema de la policía autonómica” ya “recomendó a varios, pero que le dijeron que había 3.000 recomendados para 60 plazas”. “Estas cosas” Espadas “las hace a través de un director general de la Xunta, que es amigo suyo”, recoge el informe.
En otra escucha telefónica, en este caso con una persona identificada como Valentín, el propio Espadas admite que “fue un corrupto” pero no por iniciativa propia, sino “por Gerardo [Conde Roa]”. “Espadas comenta que hizo cosas por Gerardo que no había hecho por nadie”, que incluso “habló con un amigo del juez que llevaba su causa, para pedirle a ver si puede archivar el caso”. Según a la explicación de quien es apodado Puñales por los presuntos miembros de la trama, “para convencerlo” de que permaneciera a su lado Conde Roa “lo nombró jefe de gabinete” y le dijo que “en las autonómicas se marcharía al Parlamento autonómico”.
“Pero en el mes de febrero empezó a ver cosas extrañas, sobre todo en Gerardo”, aunque “siguió haciéndole todo, por ejemplo, las negociaciones con Telefónica”. Y así siguió “hasta que un día le contaron que su jefe tenía un problema con Hacienda” y “duró quince días en el puesto”. Tras la salida de Conde Roa el nuevo regidor, Ángel Currás, “le propuso pedirle a Feijóo que le buscara un puesto, pero él no quiso”, recoge la investigación.