“Fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Santiago y otros delitos”. En la primavera de 2012 no hacía ni un año que el PP había ganado las elecciones en Santiago y llevaba apenas ocho meses de poder efectivo en la capital gallega. No obstante, a varios de los miembros del gabinete dirigido por Gerardo Conde Roa ya les había dado tiempo a entablar fuertes lugazones con los presuntos líderes de la trama Pokémon, hasta el punto de acordar con ellos las condiciones que el Ayuntamiento compostelano iba a exigir para la concesión de determinados servicios con el fin de que a sus empresas les fuera más fácil acceder a ellos. Esto es lo que ocurrió, según los investigadores del caso, con la gestión de las multas del departamento municipal de Tráfico.
Tal como consta en la parte del sumario sobre la cual ya no pesa el secreto y a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, el entonces jefe de gabinete de Conde Roa, Ángel Espadas, mantuvo una reunión con Alexandre Ros, máximo responsable de la empresa GRS ARc Local, y de ella salió “un acuerdo entre ambos para cómo redactar el pliego de un contrato de colaboración de gestión integral de los expedientes sancionadores por infracciones contra la normativa de tráfico”, pliego que “incluye la normativa de ordenamiento y regulación del servicio de la ORA y aparcamiento de residentes”. Se trataría, presuntamente, de “favorecer los intereses de la empresa de Alexandre Ros”.
En este caso el conseguidor no sería solo Espadas, sino que en esa reunión “participaría también Albino Vázquez”, en aquel entonces concejal de Movilidad y Tráfico, “de quien sabemos” que estaba “participando activamente en la redacción” de los pliegos, señala la jueza Pilar de Lara en un auto del 11 de mayo de 2012, en el que también llama la atención sobre que “Espadas hizo oferta a Alexandre Ros” para “hacer cambios” si lo consideraba oportuno. Toda la operación parecía marchar sin problemas hasta que, a comienzos de abril, explota el escándalo del fraude fiscal del alcalde, que deriva en su marcha del puesto. “La dimisión del alcalde de Santiago altera todos los planes”, escribe De Lara, si bien la trama no desistió, ni mucho menos, de sus intenciones.
“Rehacer puentes” con Ángel Currás
Ante la marcha de Conde Roa “se supo del interés que tienen Ángel Espadas y Alexandre Ros en que fuera alcaldesa Paula Prado”, según deducen los investigadores de una escucha telefónica en la mañana del 10 de abril. Lo que “iría mejor” sería que Conde Roa continuara en el puesto pero, en caso contrario, lo realmente “necesario” sería el “papel de Ángel Espadas”. Estas impresiones las intercambia Ros con José Luis Míguez, responsable de Aquagest en Santiago y, según el sumario, mediador esencial de la trama ante el Ayuntamiento. Para Míguez lo ideal también sería que “quede en el sitio Paula Prado y no un chupatintas” que Conde Roa “tenía a su alrededor, un viejo que se llama Currás”, esto es, el actual alcalde de Santiago, también imputado en el caso.
Mientras GRS va recibiendo cumplida información de los trámites del concurso de gestión de multas a través de Espadas, de Albino Vázquez y de funcionarios afines –concesión a la que tuvo que renunciar en diciembre de 2013 tras la quiebra de la empresa– los agentes de Vigilancia Aduanera escuchan que Míguez ya tiene noticias de que sus deseos de ver a Prado en la Alcaldía no se van a cumplir. “Míguez –recoge uno de los informes– dice que [Conde Roa] le impuso al presidente de la Xunta a Currás para dimitir”. El “malestar” del supuesto contacto de la trama en Santiago es evidente: “Currás es muy estirado y no se sabe por dónde va a salir”, más aun cuando otro de los objetivos de la trama, la prórroga de la concesión municipal con Aquagest, estaba “preparada para presentarla en junta de gobierno”. “La oposición no se iba a enterar”, abunda Míguez. “El informe había sido preparado en interés de Aquagest”, cree la jueza.
En este contexto, Alexandre Ros “le pide a José Luis Míguez que siga intercediendo”. Ahora Míguez “tiene que rehacer puentes con el tío este [Ángel Currás], porque no tiene relación con él”. Con este objetivo es con el que se organiza un almuerzo en un céntrico restaurante de la ciudad “con Gerardo y con él”. Ese almuerzo se celebró y, aunque Conde Roa “olvidó” convocar a Currás, “lo llamó, le explicaron todo y muy bien”. Al final, los agentes fotografiaron a ambos junto a los líderes de la trama –imágenes que acompañan esta información– y registraron una conversación en la que Espadas le explica a su esposa que “el almuerzo fue correcto”, según José Luis Míguez. Para la esposa de Espadas “lo importante” también es “que trague Currás”.
Gestiones de Conde Roa y un empleo para Espadas
Entre muestras de “desánimo” y “preocupación” por parte de todo el grupo, tras la dimisión del alcalde “siguen los movimientos” por su parte y por la de Ángel Espadas “para conseguir el contrato” de Aquagest, según la jueza. Así, “Espadas habla con Currás y le comenta sus impresiones” al respecto, por ejemplo, “de lo mal que funcionaba la Concejalía de Hacienda” o del “fichaje del nuevo interventor municipal”. “Espadas dice que lo primero que le dijo Gerardo a Ángel Currás fue lo de Aquagest”, pues no en vano el ya ex alcalde está autorizado por Míguez para “disponer como si fuera el director territorial de Aquagest”. A pesar de todo, Espadas admite que “su relación política” con Currás “es inexistente” con independencia de que este sea “amigo de sus padres”.
El 18 de abril Ángel Espadas ya no es jefe de gabinete de la Alcaldía, que ya ocupa Ángel Currás, y por eso sus contactos ya le buscan una salida laboral. Otro de los cargos de Aquagest, Henry Laíño, “reconoce haber contratado la Espadas” pero de una manera “no directa, ya que le pagarían a través de un tercero”, dice el sumario. En esta línea, el día 27 de abril Espadas le explica a su esposa que “está todo arreglado”. “Espadas va a cobrar 3.100 euros netos, que era lo que cobraba en el Ayuntamiento, y comisiones de los dos lados”, esto es, de Aquagest y de la empresa Única. A juicio de Laíño, “a Ángel lo masacraron”, ya que “estaba de jefe de gabinete del alcalde” en vez de “marchar a una dirección general de la Xunta que le habían ofrecido”. “Pero se quedó en el Ayuntamiento por Gerardo y por nuestro proyecto”.
El edil de Deportes y la “posible financiación irregular de partidos”
Adrián Varela, concejal de Deportes de Santiago
La información contenida en los más de 5.000 folios por los que se extiende el sumario señala al concejal de Deportes de Santiago, Adrián Varela, -apodado Pijolandia por los presuntos líderes de la red corrupta- como otra de las piezas relevantes de la trama en la ciudad. Así, un informe de los investigadores advierte a la jueza “de una posible financiación irregular de partidos”, deducción que extraen de una conversación en la que Varela le dice a Espadas que, como Ángel Currás “prescinda” de él, “le va a decir que va a haber gente que le va a ir a pedir 40.000 o 45.000 euros que pusieron en la campaña electoral”.
“Como quiera prescindir de ti le voy recordar (...) que va a haber gente que le va a ir a pedir 40.000 o 45.000 euros, gente que puso dinero en la campaña electoral y que quiere que tú sigas ahí, para empezar... ¡A ver cómo reacciona a eso!”. Ante esta declaración de intenciones, “Espadas le dice que esto no se lo diga en público” al nuevo regidor.
El propio Varela, en conversación con Henry Laíño, de Aquagest, explica lo “fastidiados” que están en su *entorno “con el tema de Ángel” y también porque “no consiguen hacer en el Ayuntamiento, porque se cargaron al secretario y a la interventora” y la concejal de Hacienda “es poco práctica”. Con Currás, “bien”, pero “está desbordado”. En este sentido, Laíño insta a Varela a “hacerle ver” a Currás “que fueron ellos”, los representantes de Aquagest, “quienes les quitaron las castañas del fuego en algunos temas y que habrá temas en el futuro que dependan de ellos”. Currás ya lo sabe, pero “hay que bombardearlo por varios frentes”.
Según el sumario, Varela también estaba inmerso en la dinámica de obtener “contraprestaciones” por los “favores” a Vendex no solo para realizar contrataciones de personas afines, sino también para “despedir” a trabajadores de servicios municipales debido a, por ejemplo, su vinculación con sindicatos. Buena parte de esta información deriva de las escuchas telefónicas, una “intromisión en la intimidad de las personas” que está “justificada”, según la jueza, por la “relevancia social del bien jurídico que se quiere proteger”, como “la vida y la integridad física y el orden público”.