Ana Pardo es actualmente la presidenta de la Rede Galega contra a Pobreza (EAPN). Es trabajadora social y tiene más de 15 años de experiencia con personas en situación de exclusión. Conoce la realidad de Vigo, donde este miércoles cuatro personas, una madre y tres de sus hijos, menores, murieron en un incendio en el edificio en el que se habían instalado después de que expulsasen a la familia, sin alternativa residencial, de su chabola. Pardo pide no perder la perspectiva respecto a la realidad que subyace en esta tragedia: una familia con niños en un espacio precario porque “hay un problema brutal de acceso a la vivienda” y lo padecen con más intensidad quienes tienen menos medios económicos.
Critica las políticas públicas en materia de vivienda y de atención a personas en situación de emergencia, que considera que no son “adecuadas” y también a los propietarios de inmuebles que no garantizan unos mínimos en los edificios de su propiedad, tampoco cuando los destinan al alquiler. Recalca que hay “infraviviendas” cuya renta se paga a partir de ayudas públicas y que las personas en situación de vulnerabilidad rechazan quejarse por miedo a quedarse sin techo. “Financiamos y mantenemos eso para que no se pierda ese recurso, que es un recurso que no es adecuado, cuando deberíamos también trasladar una responsabilidad a esos propietarios de que no todo es válido”, reflexiona.
¿Está habiendo aporofobia en el tratamiento de la noticia de los cuatro fallecidos en el incendio de un edificio en Vigo?
Creo que hay muchos medios muy respetuosos que intentan cumplir su misión de informar, pero en otros veo que siguen saliendo las palabras okupación y familias gitanas. Y ese no es el foco de lo que hay detrás de todo esto.
¿Cuál es el foco?
El foco es una realidad que, desde el ámbito del tercer sector y todas las entidades que operamos con personas en situación de vulnerabilidad, llevamos poniendo encima de la mesa desde hace mucho tiempo: hay un problema brutal en el acceso a la vivienda Y eso lo van sufriendo cada vez más personas, pero las que se ven en una situación cada vez peor son las que están en las situaciones más vulnerables. Las familias sobre las que hay un mayor estigma y en las que se conjuga que tienen menos medios económicos son las que están en la primera línea de exposición.
¿Crees que hubo responsabilidad de las administraciones públicas para que ocurriese lo que ocurrió en este caso?
Trasladar culpa me parece un error. Creo que en situaciones tan graves como estas, en las que hay pérdidas de vidas humanas y de menores, no debemos desgastarnos en buscar culpas, sino en implementar soluciones. Esto vuelve a poner de manifiesto de una forma muy grotesca que hay un problema que están sufriendo estas personas, que si realmente pudiesen acceder a otro tipo de vivienda no estarían viviendo ahí. Nadie escoge estar en ciertas situaciones. Lo que pasa es que a veces no hay alternativas. ¿Cuánta responsabilidad tenemos todas y todos? Seguramente todas tenemos un poco: las administraciones, las entidades sociales, que lo intentamos pero a veces tenemos un marco limitado, la sociedad en general. Es una responsabilidad de todos ver familias con menores viviendo en condiciones que no son las adecuadas y entenderlo como parte del sistema. Creo que nos tenemos que mover como ciudadanía. Y las administraciones hacen políticas y legislan para dar respuesta a las necesidades de las personas. Así que yo creo que es un poco responsabilidad de todos.
¿Qué está fallando en la parte de las administraciones, en las políticas públicas de vivienda?
La problemática que existe en el ámbito de la vivienda es compleja, pero creo que esa complejidad hace que muchas veces estemos a la espera de que sean unos u otros quienes resuelvan y al final seguimos estando en el mismo punto que hace varios años. Seguramente no hay una solución idónea, pero tenemos que dar pasos. Hay una ley de vivienda reciente que recoge un marco que puede facilitar pero que ahora mismo realmente no se está aplicando en la comunidad autónoma. Tenemos ayudas económicas para la vivienda, pero no evitan que el mercado inmobiliario tenga mucho estigma y prejuicio y libremente decide quién accede y quién no a las viviendas. De este modo, volvemos a dejar en vulnerabilidad a quienes están en un estado carencial. El acceso a la vivienda no es solo un factor económico, atiende a otras muchas características en la situación de las personas y, mientras no exista un parque de vivienda social, programas de vivienda con mediación... nos vamos a seguir viendo en la misma situación. Y eso genera un desgaste, incluso en las entidades y en los servicios sociales. Como trabajadora social también entiendo que hacer trabajo social sin tener medios es imposible.
En este caso, la situación de la familia en la que han muerto cuatro miembros era conocida por las administraciones. ¿Vale de algo dar estos avisos?
Esto es un modus operandi de avisar, de informar, pero tenemos que llegar más allá. Yo creo que de esta situación éramos conocedores muchos agentes, pero volvemos a la realidad: los servicios sociales no tienen capacidad de gestión en recursos habitacionales o de vivienda y, por lo tanto, se lo comunican al IGVS, que no sé qué habrá alegado en este caso, pero al final lo que tenemos de base es que no existen los recursos adecuados para dar respuesta a situaciones de emergencia. Es un círculo que constantemente nos lleva de unos a otros, pero los que se quedan viviendo la situación son las personas que están en vulnerabilidad.
Yo abogo por buscar que las administraciones alineen esfuerzos y hagan medidas cohesionadas para que tengan un impacto en positivo. Creo que la ciudadanía lo que pide ahora mismo son soluciones, no responsabilidades. Esto es un trasfondo en el que, en lo político, venimos navegando hace tiempo y creo que es muy desgastante porque es lanzar un balón a un lado y un balón al otro, pero seguimos con las situaciones del día a día y tienen que ocurrir cosas como esta para que se ponga el foco ahí.
Sobre la situación en la que estaba el edificio, ¿hay alguna obligación del propietario? En este caso se sabe que hubo un incendio en agosto.
Los servicios sociales comunitarios y las entidades sociales que hacemos acompañamiento y estamos en los espacios propios de las personas desde hace mucho tiempo somos conscientes de que existen viviendas que realmente son infraviviendas. Y se están sosteniendo con esos alquileres para evitar que esas familias pierdan ese espacio a través de ayudas económicas que parten de fondos públicos. Lo que pasa es que, ante la inexistencia de otros recursos adecuados y otras alternativas, entramos otra vez en ese circuito: financiamos y mantenemos eso para que no se pierda ese recurso, que es un recurso que no es adecuado, cuando deberíamos también trasladar una responsabilidad a esos propietarios de que no todo es válido. También pasa que muchas veces las personas en vulnerabilidad tienen miedo a reclamar o exigir por si pierden lo que tienen. Son situaciones que están al orden del día. En visitas que hago como trabajadora social cuando acompañamos a una persona en busca de una vivienda mejor, cuando conocemos dónde está residiendo en ese momento con menores vemos falta de aislamiento en las ventanas, humedad, espacios sin ninguna luz natural, hacinamiento... Todas estas realidades las vemos constantemente. Si vemos cuántas ayudas económicas municipales o autonómicas están destinadas a que esa familia se siga manteniendo ahí... Quizás nos tenemos que replantear muchas cosas. Y cuánto de responsabilidad tiene también ese propietario en seguir alquilando ese espacio de ese modo.
Hay un círculo de desesperación.
Sí, y algo tiene que romper esa dinámica. Hay algún avance: como cada vez las situaciones de acceso a la vivienda son más complejas por el alto coste y la escasez, eso hace que sea algo que nos repercute a prácticamente todas las personas. Se habla cada vez más de la situación del mercado del alquiler o de lo difícil que es la situación, pero hasta no hace mucho esto parece que solo repercutía en un grupo de población, las personas vulnerables y en situación de pobreza, y parecía que íbamos tirando. Y no deberíamos estar en estas. Deberíamos entender que tenemos que mejorar la calidad de vida de todas las personas y que las personas que están en una situación más carencial necesitan un empujón por parte de las políticas para facilitar a su plena integración y es muy difícil que una persona pueda mejorar su situación si no tiene un espacio digno en el que poder vivir.