El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, del BNG, ha pedido “confianza” a la ciudadanía porque el Ayuntamiento “continuará luchando por recuperar la ría”. “Di orden expresa y urgente a los servicios jurídicos para que busquen todas las posibles vías de recurso”, ha anunciado. Fernández Lores ha hecho este anuncio al manifestar que es sabedor de que “hay ciudadanos preocupados y molestos” que comparten su tesis de que tienen “derecho a reubicar la industrias que están en dominio público y también cerca de núcleos importantes de población”.
El alcalde de Pontevedra ha asegurado estar “convencido, y cada vez más”, de que “no hay desarrollo económico ni de empleo sin respeto por el medio ambiente”, por lo que ha insistido en que su “obligación” dejar a hijos y nietos “un planeta mejor”.
Lores ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación, una vez que los abogados del Ayuntamiento de Pontevedra recibieron la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la imposibilidad de retrotraer las actuaciones a la Audiencia Nacional para que pudiera analizar los argumentos municipales que quedaron sin abordar. Una decisión del alto tribunal que el alcalde considera “inaudita”.
El alcalde de Pontevedra ha reiterado que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la prórroga concedida a Ence hasta completar 105 años de estancia en la ría de Pontevedra “es un fracaso del estado de derecho” y, a su juicio, “supone cargarse la Ley de Costas y la posibilidad de protección del litoral”. De nuevo, el regidor nacionalista ha reiterado su afirmación de que este fallo “confirma que, en el siglo XXI, poderoso caballero eres don 'Dinero'”.
Voto particular
Una vez leída la sentencia el alcalde cree que “se abren nuevas posibilidades que confirman las tesis del Ayuntamiento” por el expediente sancionador incoado por la Unión Europea contra el Estado español por el incumplimiento de la Directiva de Servicios, y también por el “contundente voto particular” de una magistrada del Supremo contraria a la prórroga, donde se reflejan cuestiones expuestas por el Ayuntamiento de Pontevedra y que “no fueron tratadas en la sentencia”.
Según ha señalado, una de las coincidencias del Ayuntamiento con el voto particular se centra en que no es posible que haya 105 años de concesión en espacio público porque supondría “saltarse” la Ley de Patrimonio y las directivas europeas.