José Manuel Baltar sigue sin lograr parar la investigación por la presunta oferta de empleo a cambio de sexo a una mujer de Ourense. El presidente de la Diputación y del PP ourensano ha tenido que sentarse este martes ante la jueza Eva Armesto para responder por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias sin descartar, además, el acoso sexual. Apenas dos semanas después de ser refrendado en el liderado del partido en la provincia con el apoyo explícito de las direcciones populares gallega y estatal el dirigente conservador no consiguió, a través de su abogado, la nulidad que había solicitado como cuestión previa, por lo que el proceso sigue adelante.
La instructora del caso ha descartado la anulación del procedimiento que pedía Baltar y también, como igualmente reclamaba el dirigente del PP, la exclusión del partido Democracia Ourensana (DO) de la labor de acusación popular. Ha sido en estas condiciones en las que Baltar ha declaradóo durante alrededor de una hora en la que, no obstante, no atendió a las preguntas del representante de DO ni tampoco del abogado de la denunciante, que previamente había comparecido con una doble condición: investigada y también perjudicada por uno presunto delito de acoso sexual.
Una vez escuchadas ambas partes -la mujer se ha acogido al derecho a no responder a las preguntas de la Fiscalía y del abogado de Baltar- resta conocer los próximos movimientos de la jueza en un caso que para el representante legal del barón del PP responde únicamente a motivaciones políticas. Desde que el caso y las grabaciones que lo sustentan fueran publicadas en exclusiva por eldiario.es el dirigente popular mantuvo que este es un caso que hace falta circunscribir únicamente a la esfera “personal” y ante lo que ejercería “acciones legales”, sin que por el momento se hayan concretado.
Quien sí consideró hasta el momento que existen motivos para seguir adelante es la jueza. Después de que la Fiscalía recurriees la imputación del político la magistrada emitió un auto en el que extendió su investigación de “enero de 2010 la finales de 2012”, esto es, cuando José Manuel Baltar ya había sustituido a su padre tanto en la presidencia del PP de Ourense como al frente de la Diputación provincial. En este escrito la jueza reiteró que el hecho de que la mujer no llegara a obtener el puesto de trabajo prometido no implica, necesariamente, que Baltar no cometiera un delito. “Cualquier acto que tendiera a facilitar la obtención de un trabajo” pasando por encima de los procesos selectivos de la diputaciones, indicaba, implicaría quebrantar el ordenamiento legal.
La magistrada decidió además abrir la puerta a la investigación por acoso tras aceptar un alegato de la denunciante e investigada. Para hacerlo, la jueza argumentó que la relación de la mujer con el político no era únicamente personal, sino que ella ejerció su trabajo en la “oficina” del PP de Ourense en la que Baltar era el “jefe”, además de “parlamentario gallego” y vicepresidente de la Cámara gallega. Existiría, por lo tanto, una relación de superioridad en la que cabría la comisión del delito en el que ahora se indaga.