El senador del PP y expresidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, ha comparecido este martes de forma voluntaria como imputado en el Tribunal Supremo. Acusado de conducir a 215 kilómetros por hora por una carretera de Zamora en dirección a Madrid, el senador ha negado que fuera efectivamente a esa velocidad: “No iba ni siquiera a 200 por hora, es una cifra que no consta en esas actuaciones”, ha dicho su abogado.
Su declaración contradice lo afirmado en este causa, entre otros, por la Fiscalía, que en su escrito de acusación pidió para él una multa de 1.800 euros por “un delito contra la seguridad vial, en la modalidad de conducción de vehículos a motor a velocidad superior a la legalmente permitida”.
Su abogado, Juan Ramón Montero, ha afirmado en la puerta del Supremo que la declaración de Baltar “ha venido a confirmar unos hechos que no existieron, en ningún momento hay una velocidad superior a los 200 kilómetros por hora”. Defiende también que el hecho de haber sido multado cierra las puertas a un proceso penal: “Estos hechos ya han sido resueltos, como cualquier ciudadano”.
El letrado no ha especificado si existe documentación en la causa que avale su afirmación, aunque ha negado que esté acusando a la Guardia Civil de ninguna irregularidad. “Confío mucho en la Guardia Civil y cuando dijo que no era superior a los 200 km/h, es lo que pasó”, ha asegurado Montero.
Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es el pasado mes de abril, un radar de la Guardia Civil cazó al entonces presidente de la Diputación de Ourense a 215 kilómetros por hora por la A-52 a la altura del municipio zamorano de Asturianos. El hoy senador del PP por Galicia fue multado con 600 euros y sancionado con la pérdida de seis puntos del carnet de conducir, pero un juzgado de Puebla de Sanabria abrió un proceso penal contra él por un delito contra la seguridad vial.
El caso sufrió varios retrasos y lo que en un primer momento iba a tramitarse como un juicio rápido terminó en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo después de que Baltar fuera designado senador autonómico del PP por Galicia y pasara a estar aforado ante el alto tribunal. La magistrada Ana Ferrer tuvo que pedirle dos veces que viniera voluntariamente a declarar antes de tener que pedir un suplicatorio a la cámara alta.
Baltar dejó progresivamente sus responsabilidades en el PP de Galicia meses después de que este periódico destapara el caso: desde no optar a la reelección como presidente de una Diputación que dirigía desde 2012 hasta abandonar la directiva del partido en la provincia. Después de las últimas elecciones generales el PP facilitó su designación como senador autonómico por Galicia, cámara en la que preside una comisión.