Fue una de las pocas veces que Amancio Ortega, el fundador de Inditex, autorizó a sus equipos de prensa para difundir una declaración en su nombre. Sucedió en octubre del pasado año cuando el fundador de Inditex supo que cuatro bancos querían investigar a su hija, Sandra Ortega, por una trama de préstamos fallidos a favor de Kike Sarasola y Romm Mate. Los documentos que habilitaron la financiación llevaban la firma de la mujer más rica de España. Ella asegura que esa rúbrica estaba falsificada por quien fuera su hombre de confianza en la gestión de un patrimonio estimado en 6.300 millones de euros.
En declaraciones a elDiario.es los portavoces de Amancio Ortega dijeron entonces: “Amancio está preocupado. Igual que estaría cualquier padre”. Esa preocupación se refería a la acción de cuatro bancos que acaban de perder su intento de implicar a Sandra Ortega en la trama de créditos fallidos de los que la empresaria dice no saber nada.
Detrás de toda la historia están unas cartas de conformidad que el exgestor de Ortega, José Leyte, había presentado en varias oficinas bancarias. Se trataba de documentos que perseguían la obtención de dinero para el empresario Kike Sarasola y Room Mate con la garantía de que sin no se abonaban los pagos la familia Ortega se haría cargo de una cuenta de 130 millones de euros. La primogénita de Amancio Ortega denunció a su antiguo gestor y le acusó de falsificar su firma para obtener el dinero. El asunto sigue pendiente de decisión judicial pero en medio del proceso cuatro entidades intentaron implicar a Sandra Ortega. Ahora, la justicia confirma que no podrán hacerlo.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por cuatro entidades financieras (Abanca, Deutche Bank, Bankinter y Banca March) contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña en el que rechazó la admisión de la querella formulada por Deutsche Bank contra Rosp Corunna y la administradora de esa sociedad, Sandra Ortega, por presuntamente ser conocedora de que simularon su firma para obtener créditos.
La solicitud fue realizada por los bancos en el marco de la investigación de la querella presentada por Sandra Ortega por la supuesta falsificación de su firma para la concesión de crédito a Room Mate. La empresaria presentó esa querella contra su antiguo gestor, José Leyte, al que acusa de falsificar su rúbrica para conformar cartas de patrocinio, un documento similar a un aval, según el cual los bancos tenían la garantía de que la empresaria cubriría con su patrimonio un posible impago.
Deutsche Bank sostuvo en su recurso, en el que pide que se investigue a la empresaria, que la querella presentada por ella “plantea un relato fáctico no muy verosímil”, pues, a su juicio, “no es creíble que la administradora única de Rosp no se enterase de la modificación de las garantías”, al tiempo que asegura que existe “un escenario de actuación defraudatoria por parte de la empresaria contra los bancos ahora personados”. Al respecto, se pregunta la Sala “dónde está acreditado el perjuicio en más de 150 millones de euros al que alude con bastante ligereza el apelante”.
“En definitiva, esboza una trama en la que adiciona a los delitos de falsedad en documento mercantil y administración desleal prístinamente denunciados, los de estafa y estafa procesal, que cargaría en la cuenta de la administradora, a investigar todos ellos en un único procedimiento. Y ello, debido a su conexidad”, explica la Audiencia Provincial en el auto, en el que subraya que es “fácil imaginar a qué grado de complejidad y consiguiente dilación del proceso conducirían las pretensiones acumulativas de los recurrentes”, pues el procedimiento iniciado por la empresaria contra su exgestor “ya incorpora a fecha de hoy varios miles de folios”, por lo que “se han practicado un abultado número de diligencias de investigación, más las que están por venir”.
El tribunal advierte a los recurrentes que “la mejor economía procesal” es la que deriva “del principio general de que cada delito dará lugar a la formación de una única causa”.
Sandra Ortega es propietaria de un 5% de Inditex. Tiene 53 años, vive en A Coruña y preside la Fundación Paideia, dedicada a la integración laboral de jóvenes discapacitados. Su fortuna está valorada en 6.300 millones de euros. Hasta noviembre de 2020 delegaba la gestión de su riqueza en José Leyte, un ejecutivo que venía de la banca privada y que trabajó para ella y su madre, Rosalía Mera, durante más de veinte años. Leyte era el máximo responsable de la gestora patrimonial de Ortega, Rosp Corunna.