Como cada año, hace pocos días alcaldes y alcaldesas de villas costeras de Galicia acudieron a un acto encabezado por el presidente de la Xunta para recoger sus respectivas banderas azules. Las “123 playas, 19 puertos deportivos, 14 centros azules, 15 senderos azules y 2 iniciativas temáticas” distinguidas en este año 2014 mantienen a Galicia como “la comunidad autónoma con más banderas azules”, según señaló Alberto Núñez Feijóo en el acto celebrado en Vigo, un “logro colectivo” que evidencia el “excepcional trabajo” para “garantizar la calidad de las aguas, la seguridad, la completa dotación de servicios, la accesibilidad, la certera gestión ambiental y la sostenibilidad de los arenales y de las dársenas”. Las palabras de Feijóo no son excesivamente distintas de las pronunciadas por sus antecesores sobre el asunto y de ellas cabe deducir que la bandera azul es sinónimo de la calidad ambiental del entorno costero en el cual ondea, una deducción que los colectivos de defensa del medio ambiente ponen en entredicho desde hace lustros.
El origen de las banderas azules está en 1987, declarado Año Europeo del medio Ambiente. En el marco de aquella conmemoración, la entonces Comunidad Económica Europea decidió apoyar el proyecto de las banderas, promovido por la Federación para la Educación Ambiental en Europa (FEEE), una entidad privada representada en el Estado Español por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). Durante más de una década la Comisión Europea les dio soporte económico, hasta que en 1999 decidió dejar de subvencionarlas “tanto por considerar otras iniciativas medioambientales de mayor interés como por razones propias del proyecto de la FEEE”. A las autoridades comunitarias se les acumulaban las quejas individuales y colectivas sobre, por ejemplo, las discordancias entre los criterios de concesión de las distinciones y el estado real de las playas, por lo que la entonces comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallstrom, concluyó que “los criterios que se siguen para otorgar las banderas carecen del suficiente rigor”.
En este escenario, las autoridades comunitarias se desligaron por completo de las banderas, hasta el punto de retirar los distintivos oficiales de la UE de las enseñas que cada verano ondean en playas y puertos deportivos. No obstante, autoridades municipales, autonómicas y estatales siguen identificando bandera azul y calidad ambiental, mientras los colectivos ambientalistas se preguntan “cómo es posible”, por ejemplo, “que un litoral y unas rías con los indicadores ecológicos en situación entre mala y crítica y con una denuncia europea por su alta y reiterada contaminación pueda ostentar tal cantidad de distintivos presuntamente ambientales”, dicen desde Amigos da Terra.
Este colectivo ecologista llama la atención, además de sobre la ausencia de cualquier aval público, sobre el hecho de que “los criterios de concesión” de las banderas “tienen que ver con los accesos, servicios higiénicos y dotaciones, socorrrismo” o “infraestructuras”, lo que explica que “playas regeneradas, puertos deportivos e incluso playas absolutamente artificiales tengan su bandera”, caso por ejemplo de los arenales coruñeses de Riazor y Orzán, distinguidos de nuevo en este 2014. También se “analiza la calidad de las aguas para el baño, importante matiz, pues clarifica el motivo de que unas aguas contaminadas pero cuya contaminación no afecte a su calidad para el baño obtengan igualmente su bandera”.
En la misma línea, la asociación ecologista ADEGA ponen el acento en que la bandera azul “está muy lejos de ser sinónimo de litoral bien conservado”. “Se monitorizan principalmente la calidad de las aguas de baño y los servicios de la playa, y solo durante la temporada estival”. Pero “el resto del año no son tenidas en cuenta cuestiones tan importantes como el estado de las dunas y de la orla prelitoral, la calidad paisajística y la ausencia de impactos sobre los hábitats y especies costeras”. “Algunas de las playas que vienen siendo reconocidas –detallan– muestran graves problemas ambientales relacionados con la presión urbanística y turística” y otras, como las mencionadas playas coruñesas, son fruto del vertido de “millares de toneladas de arena de cantera” que ponen “a cero” el “contador de los ecosistemas literales”. Se trata, en definitiva, de una “marca publicitaria, un producto comercial diseñado para amortiguar los impactos del turismo de masas en litorales intensamente humanizados y no para premiar la buena conservación de los ecosistemas costeros”.
Más perjuicio que beneficio para hábitats sensibles
Al margen de las críticas ecologistas, los propios criterios públicos de la ADEAC permiten conocer que este distintivo no es, ni de lejos, garantía de conservación de la naturaleza. “Algunas áreas dentro de una playa con bandera azul o lindante con ella pueden resultar especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental y precisar técnicas de gestión especiales”, evidencian. “En este caso –recomiendan– deberán ser valorados los posibles problemas detectados y las recomendaciones a los responsables municipales solicitadas o realizadas por organizaciones locales reconocidas y preocupadas por la conservación de la naturaleza”. Esta advertencia la lanzan en un contexto en el que “puede suceder que la fragilidad de ciertos entornos naturales no aconseje la concesión de este tipo de galardón, ya que la afluencia de un número mayor de visitantes podría poner en peligro a fauna y flora o los hábitats”.
Dado que para obtener una bandera azul es requisito imprescindible contar, por ejemplo, con infraestructuras de acceso o aparcamientos, la entidad promotora admite que estos servicios pueden “producir daños irreparables al medio ambiente natural local”, una observación que también recogen algunas instituciones públicas, caso por ejemplo de la Junta de Andalucía. El departamento de medio ambiente del Gobierno andaluz explica, junto a la relación de playas con bandera azul en su territorio, que “en ningún caso las infraestructuras exigidas” por la entidad que las concede “pueden ni deben constituirse en argumento para alterar el carácter natural de determinados parajes litorales”. “La vocación de estos parajes no sería conseguir una bandera azul” y “menos aun utilizar el hecho de ser galardonada con bandera azul como excusa para facilitar la construcción de vías de acceso e instalaciones y/o su posterior recalificación o urbanización”. “Identificar o premiar a aquellas playas más verdes, remotas o inaccesibles y mejor conservadas ecológicamente no es la función de la bandera azul”, concluye.