Cuando parecía que Ence ya había ganado la batalla judicial para mantener su fábrica papelera en la ría de Pontevedra, la Comisión Europea ha impuesto un giro de guión, cuyas consecuencias todavía son una incógnita. Hace apenas veinticuatro horas, se hizo público un procedimiento de infracción contra el Estado español por falta de transparencia en los procedimientos de adjudicación de concesiones en el dominio público marítimo terrestre del litoral. Bruselas cree que las prórrogas sin justificación son “contrarias” a las reglas de la Unión Europea. Además, la Comisión cita de forma explícita la Ley de Costas, que hace referencia a la legislación de protección y uso sostenible del litoral, una norma que modificó la Ley de Costas de 1988 y que sirvió a varias concesionarias españolas para solicitar una prórroga extraordinaria. Entre ellas, Ence. En aquel momento del año 2016 y con el Gobierno de Mariano Rajoy en funciones, la empresa papelera obtuvo una prórroga de 60 años, que le permitirá seguir produciendo pasta de papel en plena ría de Pontevedra hasta 2073. La Audiencia Nacional la anuló, pero el Tribunal Supremo volvió a darla por válida hace poco más de una semana en un fallo judicial del que solo se conoce lo básico a la espera de que se publique la sentencia íntegra y el voto particular anunciado por una de las magistradas de la sala que estudió el caso.
La Comisión Europea, que preside Ursula von der Leyen, explica en un comunicado que la posibilidad de prorrogar las concesiones existentes por un período de hasta 75 años sin justificación “es contraria a las normas de la Unión Europea”. Todo un golpe a la decisión que adoptó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016 cuando se encontraba en funciones a la espera de una nueva cita electoral. “La Comisión ha decidido incoar un procedimiento de infracción contra España por no haber garantizado un procedimiento de selección transparente e imparcial para la adjudicación de concesiones relativas a las zonas costeras”, describe el texto difundido por el Ejecutivo europeo la noche de este miércoles.
Desde la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), interpretan que la Comisión Europea entiende que la nueva duración de esas concesiones podría vulnerar la Directiva de Servicios de la UE “por ser su duración excesiva y no estar garantizada la libre concurrencia”, así como que “la prórroga que prevé la ley de 2013 constituiría una renovación automática para su actual titular lo que le otorga una ventaja competitiva obvia contraria a la directiva”. Desde el MITECO aseguran estudiarán la sentencia del Tribunal Supremo y el expediente “para ver si se necesita introducir alguna modificación normativa”. “Pero es pronto para pronunciarse. No nos ha llegado la sentencia del Tribunal Supremo ni sus votos particulares, por lo que se desconoce su alcance exacto”, explican las mismas fuentes.
Según señala la Comisión, la Ley de Costas española prevé la posibilidad de adjudicar “sin llevar a cabo procedimientos de selección abiertos y transparentes” unas “concesiones” para construir locales permanentes como restaurantes, empresas papeleras o químicas en espacios de dominio público marítimo-terrestre fuera de los puertos. Este es el primer paso de un expediente sancionador y concede un plazo de dos meses al Miteco para poner solución a la situación. En el caso de que no haya acuerdo entre Bruselas y España, el procedimiento prevé aún una segunda fase que facilita unos meses más de espacio al diálogo para resolver las dudas. Si eso barco no llegara a buen puerto, el Ejecutivo comunitario tendría que decidir si eleva el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
“Esto hace que me reafirme en lo que he dicho hasta ahora. Esto es un ataque a la Ley de Costas, un fracaso del Estado de Derecho”, ha explicado el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. “Este requerimiento de la Comisión al Estado español viene a confirmar nuestro posicionamiento. Coincide plenamente con nuestra lucha para recuperar esos terrenos”, prosigue Lores. Al alcalde le parece interesante que “pueda ser la propia Comisión Europea quien eleve al TJUE el caso si sus requerimientos no son atendidos y no Greenpeace, la Asociación en Defensa da Ría o el Ayuntamiento de Pontevedra”.
Ence niega que pueda influir en la prórroga
La respuesta de Ence al procedimiento abierto por Europa no ha tardado en llegar. La empresa descarta en un comunicado que la decisión de la Comisión pueda afectar a la prórroga de la concesión de su fábrica de pasta de papel en la ría de Pontevedra. “La legalidad de esta prórroga ha sido avalada por el Tribunal Supremo, sin que se vea afectada por modificaciones legislativas que puedan tener lugar con posterioridad”, sostienen desde la compañía. “Incluso en un hipotético escenario futuro en el que, como consecuencia de este procedimiento, España tuviera que modificar finalmente su Ley de Costas, dicha modificación no tendría en ningún caso carácter retroactivo”, insisten desde el gabinete de comunicación de la pastera. El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, también se ha pronunciado sobre el expediente de Bruselas pero confía en que no afecte a Ence: “Por lo que sabemos, se refiere a las prórrogas automáticas, no a las concedidas después de un examen”.
La defensa ecológica de la ría contra Ence
La fábrica pastera de Ence llegó a la marisma pontevedresa de Lourizán en 1959 con una autorización de la administración franquista a través del Instituto Nacional de Industria. La prórroga para seguir allí hasta 2073, seis décadas más, fue firmada por el ejecutivo de Mariano Rajoy en 2016 y llevado ante la Audiencia Nacional por Greenpeace y la Asociación en Defensa de la Ría. Cuestionaban que la fábrica pudiera estar directamente en la ría cuando la Ley de Costas especifica que un dominio público marítimo-terrestre como este solo puede ocuparse si esa fábrica papelera necesita, obligatoriamente, estar allí enclavada.
La Audiencia Nacional dio la razón a ambos recurrentes y anuló la prórroga autorizada por el Gobierno del Partido Popular en 2016, después de que la propia Abogacía del Estado reconociera que era necesario sacar la fábrica de allí porque su ubicación al pie de la ría no estaba justificada. Los jueces de lo contencioso-administrativo reconocieron que el agua dulce era necesaria para sacar adelante la actividad papelera de Ence, pero que lo correcto sería ubicar la fábrica en las “proximidades”, no en plena ría.
La empresa no se conformó con el fallo de la Audiencia y recurrió al Supremo en donde encontró el beneplácito de una sala en la que se encontraba el presidente del poder judicial, Carlos Lesmes. Esa sentencia del alto tribunal supuso un varapalo para las organizaciones ecologistas que ahora vuelven a vislumbrar opciones para que Europa ponga solución a lo que ellos consideran una aberración medioambiental.