El canon por el hospital de Vigo que Feijóo dejó pendiente de pago subirá 20 millones de euros anuales por la inflación

Las condiciones del modelo que la Xunta, entonces presidida por Alberto Núñez Feijóo, eligió para levantar el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo siguen condicionando los presupuestos anuales del Gobierno gallego y lo van a hacer en mayor medida de lo previsto por la elevada inflación. Según el cálculo que realiza el diario Faro de Vigo, el canon anual que se sigue pagando a la empresa que construyó el centro va a subir en 20 millones de euros para 2024, si los precios continúan la senda ascendente que pronostica Funcas, un centro de análisis económicos de referencia.

Para comprender las cuentas es necesario remontarse al propio acuerdo para construir el hospital, levantado por la iniciativa privada, aunque la prestación sanitaria es pública. La infraestructura funciona desde 2015, pero Feijóo dejó su cargo en Galicia sin pagarla. La Xunta decidió acometer las obras del principal centro médico de la ciudad más poblada de Galicia mediante una colaboración público-privada. Es decir, una empresa privada -en realidad una unión temporal de varias- asumió las obras y las financió y Gobierno gallego no empezó a pagar por ellas hasta que el hospital abrió sus puertas. Desde entonces (2015) el Servizo Galego de Saúde (Sergas) abona año a año un canon. Esos desembolsos van a seguir hasta mediados de la próxima década.

Ese canon incluye cada ejercicio una cantidad por la construcción como tal, financiada por el grupo de empresas, y otra por los servicios no sanitarios (limpieza, cafetería, lavandería, etc.) que también están en las mismas manos privadas. Como expone Faro de Vigo, el contrato entre la Xunta y la Sociedad Operadora Novo Hospital de Vigo Sociedad Anónima fija lo que llama cantidad máxima anual para el pago. Pero esa cantidad es revisable y uno de los motivos para revisarla es actualizarla de acuerdo con el IPC.

Inicialmente el pago previsto era de 67 millones con IVA. La información recoge que las cuentas anuales depositadas por la empresa en el Registro Mercantil hacen constar un canon devengado en 2022 de 67,3 millones sin IVA. Aplicado ese impuesto, la cifra sube a 81,5 millones. Si se cumplen las previsiones del IPC para este año y el siguiente -Funcas estima una media de casi el 4% este año y en torno al 3,4% el siguiente- y la empresa reclama que se ajuste el canon a esa subida, eso querrá decir que para el final de ese periodo la subida acumulada rondará los siete puntos porcentuales y elevará el canon hasta los 86,5 millones. Es decir, en torno a un 30% más que la cantidad prevista en un principio.

El pasado verano la empresa ya había reclamado al Sergas incrementar el canon con el argumento de que la cantidad no había crecido de acuerdo con la inflación acumulada desde 2018.