Caso Retablo: Cuando la corrupción entra por la sacristía
“Un follón que armaron cuatro de estos que n van nunca la misa”. Quien así habla es José Sobrino, antiguo párroco de Paraños, en el Ayuntamiento de Covelo. Su interlocutor es José Manuel Pichel, arquitecto del Xacobeo. La conversación telefónica se produce la finales del verano de 2009 y está siendo grabada por los agentes que investigan la Operación Retablo, la trama de presunta corrupción supuestamente liderada por Carlos Gómez-Gil, el restaurador que, como funcionario de la Consellería de Cultura, repartía trabajos de restauración de bienes eclesiásticos entre empresas afines a cambio de pagos en metálico y en especie, dice la investigación. Entre las prebendas obtenidas por Gómez-Gil, según recoge la instrucción del caso, estuvo la venta “en condiciones muy ventajosas” de la casa rectoral de Paraños por 60.000 euros, una operación “por los servicios prestados” a la Iglesia que el vecindario de la parroquia llevó en 2009 al juzgado y que hizo explotar definitivamente el caso, llevado por el juzgado de instrucción número 3 de Santiago y por el cual está a punto de sentarse en el banco de los acusados una docena de personas, entre las que se encuentran funcionarios, empresarios y curas.
La asociación vecinal de Paraños decidió acudir a la Justicia después de que, a comienzos de 2009, se enteraran de que la rectoral de la parroquia, la misma que habían estado cuidando y manteniendo con su propio dinero durante décadas, estaba a la venta en internet por casi 700.000 euros. Eso sucedía tras varios años en los que la casa había venido siendo empleada como segunda vivienda por Gómez-Gil. El párroco, explican a este diario fuentes de la acusación particular ejercida por la asociación, alegaba ante los vecinos que se le permitía por ser un alto funcionario de la Xunta, ocultándoles que pocos meses antes, a finales de 2008, había formalizado en una notaría de Vigo la venta de la vivienda y de su parcela de unos 4.500 metros cuadrados por los ya mencionados 60.000 euros, un valor que el supuesto líder de la trama solo comenzó a pagar cuando la investigación ya estaba en marcha.
Antes de poner el asunto en manos de la Fiscalía, explican las mismas fuentes, el vecindario expuso su indignación ante quien entonces era obispo de Tui-Vigo, José Diéguez, imputado en el caso junto al párroco, los funcionarios y los empresarios. Diéguez, aseguran, aseguró que lo formalizado por el párroco no había sido una venta, sino un alquiler. Con todo, esta versión fue desmontada poco tiempo después y la diócesis tudense pasó a alegar que la venta se había formalizado a un precio tan bajo porque la vivienda se encontraba en situación de ruina. No obstante, en esos años Gómez-Gil había disfrutado de diversos arreglos “ornamentales” y de ocio en la casa, tales como la construcción de un porche y de una piscina o la plantación de césped que habían corrido a cargo, dicen los investigadores, de las empresas a las que beneficiaba con adjudicaciones desde la Xunta.
Lejos de la versión del párroco, explican los representantes legales del vecindario, las personas más “dolidas” por este suceso eran, precisamente, las “más religiosas” de la zona: las hermanas Sara y Leonisa, la señora Argentina y, sobre todo, María Ferreira, la anciana que en 2009 estaba a punto de hacer 80 años y que era la principal responsable de atender la rectoral desde que, a mediados de los 90, había dejado de ser la vivienda de los curas. La conocida por todos como Maruja era la principal testigo de que la casa estaba perfectamente “habitable” y de que la ruina alegada por el obispado era un “engaño”. Por eso poco antes de fallecer a causa del cáncer que le habían diagnosticado, solicitó declarar en el juzgado enferma, explica el letrado del vecindario, y“refutó por completo lo que había argumentado el obispo”.
Desde los tiempos de Fraga
La supuesta venta de la rectoral de Paraños fue, según este amplio sumario, la “dádiva” más llamativa recibida por el presunto líder de una trama que se remonta a finales del mandato del Gobierno Fraga, en el año 2003, y que llegó a mover más de 2 millones de euros en contratos públicos. Según la Fiscalía, Gómez-Gil llevó a cabo “una práctica de imposición de proyectos de restauración a determinadas empresas”, a las que “asesoraba” sobre las condiciones que tendrían que ofertar para ser contratadas desde la Consellería de Cultura o desde el Xacobeo, donde actuaba de “común acuerdo” con el arquitecto José Manuel Pichel, quien también –dice el Ministerio Público– recibía dinero y contrapartidas en especie, como por ejemplo “una vaca de valor incierto”, pero en todo caso “superior a los 1.000 euros”.
El incremento del patrimonio por vías presuntamente ilícitas le permitió a Gómez-Gil, dice la Fiscalía, llevar un “nivel de vida muy superior al que procedería de los ingresos en su calidad de funcionario”. Ese aumento patrimonial y las denuncias de las empresas que eran sistemáticamente excluidas de los trabajos de restauración llevaron a la Xunta del bipartito a abrir una investigación en 2007 y a poner el caso en conocimiento de la propia Fiscalía. Gómez-Gil, que llegó a atribuir la investigación a una maniobra del BNG por ser “el de fuera y no hablar gallego”, fue apartado de la contratación pública y actualmente trabaja en un museo de Cartagena (Murcia), pero Pichel, cuya presunta implicación fue detectada a través de las escuchas telefónicas, aún siguió gestionando fondos públicos hasta finales de 2009, ya con el gabinete de Alberto Núñez Feijóo en el poder. A comienzos de 2010, el juzgado se dirigió al Gobierno para pedir información sobre varias de las obras investigadas y el departamento de Cultura, en aquel entonces dirigido por Roberto Varela, le retiró a Pichel sus funciones.
Apoyo político al vecindario, que teme por la casa
Las partes esperan que en el año 2015 llegue finalmente el juicio de este caso, en el que la Xunta también actúa como acusación. En este proceso la Fiscalía acusa a nueve personas, entre ellas Gómez-Gil, Pichel, el párroco y el ecónomo del obispado, Benito Estévez, si bien reclama que se archiven los cargos contra el ex obispo de Tui-Vigo. El vecindario, por el contrario, ve al antiguo obispo implicado en un delito de soborno, toda vez que, dicen, las conversaciones telefónicas intervenidas por orden judicial acreditan que el obispado, el párroco y Gómez-Gil “acordaron” ofrecer ante la Policía y ante los vecinos las mismas “excusas” para justificar la teórica venta de la rectoral: que esta se encontraba en ruinas, ya que “no podían decir que el precio irrisorio era por los servicios prestados”, indica el escrito de acusación, en el que además se indica que el hecho de que Gómez-Gil aportara 10.000 euros como supuesto primer pago por la casa no fue más que un intento de “disimular el soborno”.
En este contexto, la asociación vecinal y su batalla legal, que cuenta con el apoyo de toda la corporación municipal de Covelo –sendas mociones de PP y BNG salieron adelante por unanimidad el pasado mayo–, intenta que todas las personas que propone imputar lleguen a ser juzgadas y, además, solicita varias medidas cautelares para garantizar la conservación de la rectoral, que en 2010 volvió a ser propiedad de la Iglesia tras alegar el obispado, en plena investigación, que Gómez-Gil no había pagado lo acordado. Las autoridades eclesiásticas mantienen la casa “abandonada” y el pasado invierno incluso fue “ocupada”, explican, por lo que lo más apropriado sería que la Comunidad de Montes de Paraños se pudiera hacer cargo de ella para “mantenerla en buen estado de conservación”. “De este modo –alegan– se preservaría” la rectoral hasta que el juicio, que se celebrará con jurado popular, determine cuál será su futuro.
