La CIG pide a las fuerzas nacionalistas y de izquierdas “enmendar en su totalidad” en el trámite parlamentario la reforma laboral que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros y “no validar con su voto” un diálogo social que “se ha convertido en el enterrador de los derechos de la clase obrera”, informa Europa Press.
“Cuanto más se conoce del texto acordado entre el Gobierno central, CC.OO., UGT y la patronal, más se confirma, como ya denunciamos el pasado 23 de diciembre, que no estamos ante la derogación de las reformas anteriores, sino ante su actualización para adaptarla a las duras e injustas exigencias de la UE para acceder a los fondos Next Generation”, afirma la central nacionalista. Se trata, a su juicio, una reforma “injusta” que “consolida, con nuevas formas, la precariedad y la centralización de las relaciones laborales y que no permite, por tanto, la recuperación de los derechos robados ni avanzar en la conquista de nuevos derechos para la clase trabajadora”.
Su secretario general, Paulo Carril, ha adevertido además de que en la actual situación de crisis que atraviesa “con especial crudeza” Galicia esta reforma “ahondará en el empobrecimiento” y facilitará “la destrucción del tejido productivo”. También denuncia que hay “un refuerzo sin precedentes del marco estatal” de relaciones laborales que tilda de “ataque frontal” al gallego, tanto en la negociación colectiva “como en cualquier otro ámbito” del mundo laboral.
En lo relativo al nuevo sistema de ERTE, Carril subraya que la patronal tendrá “carta blanca” y flexibilidad “total”, para mandar al paro “con todas las facilidades, gratis y a cuenta del salario y la prestación por desempleo” de los trabajadores. Constituye un “ataque a la libertad y pluralidad sindical” ya que “toda la referencia a las gestiones de estas regulaciones temporales queda en manos de los sindicatos estatales”. Carril critica que “durante meses vendieron que la derogación de la reforma laboral iba a llegar de la mano del diálogo social” pero “hoy se confirma la trampa”: “Ni hay derogación ni tampoco una legislación que permita la creación de nuevos derechos que fortalezcan a la clase trabajadora”.