Habría que remontarse a la catástrofe del Prestige para encontrar una alianza como esta en la historia reciente. Y ni siquiera en aquel momento llegó tan lejos. La componen todas las federaciones de cofradías de pescadores que faenan en el mar Cantábrico. Desde la costa pontevedresa de las Rías Baixas hasta la frontera de Guipúzcoa con Iparralde. Son 2.560 kilómetros de litoral donde trabajan por lo menos 4.584 barcos pesqueros. Un ejército de marineros y marineras que se han puesto de acuerdo para enfrentar una amenaza común: nueve polígonos eólicos proyectados frente a las costas de Galicia. Alrededor de 285 aerogeneradores de más de 230 metros de alto. Algunos a doce kilómetros de la línea de costa. La iniciativa la está supervisando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que será quien diga si las propuestas de explotación eólica de las empresas energéticas son medioambientalmente viables. De seguir adelante, estos serían los primeros aerogeneradores de la historia que podrían amerizar en aguas españolas. Una propuesta enmarcada en la hoja de ruta de la descarbonización, pero que ha hecho saltar las alarmas en todas las ciudades y villas pesqueras del mar del norte de la Península.
“La afección a los caladeros de pesca de todo el litoral puede ser fatal si no se escucha con la misma atención a los pescadores que a las empresas del oligopolio energético”, reclama Torcuato Teixeira, asesor jurídico de cabecera en la Federación Nacional de Cofradías de Pesca, el organismo civil que aúna y representa a todas las cofradías del Estado español. “Vemos un afán y casi una pulsión por llenar la costa gallega de polígonos industriales de eólicas marinas independientemente de la repercusión que pueda tener en el ecosistema y en los recursos pesqueros”, ahonda Teixeira. El sector de la pesca, explica, no se opone a la implantación de energías renovables, pero piden que “no se sacrifiquen” los más de 200 caladeros que suman Galicia y Asturias. No es un asunto menor. Según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística, hay comarcas gallegas, como O Barbanza, donde el sector supone el 26% del PIB comarcal. En el municipio de Ribeira el producto interior bruto depende del mar en un 32,2%.
Sin embargo, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico defienden que con la proyección de parques eólicos en el espacio marítimo “se garantiza la protección de los ecosistemas, hábitats y especies sensibles y vulnerables, incluidos los protegidos por normativa autonómica, nacional o supranacional”. Desde el departamento de la ministra Teresa Ribera argumentan que para delimitar las zonas con alto potencial para el desarrollo de la eólica marina “se han tenido en cuenta variables como la no afección a la biodiversidad marina ni a otros usos de interés general”. Por tanto, añaden, “la proyección de este tipo de parques no compromete la producción de alimentos”. Pero en el sector pesquero parece haber una voz unánime que está en desacuerdo.
El pasado diciembre, el Gobierno formuló la declaración ambiental estratégica de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM). El plan a través del cual se han seleccionado lugares en los que, a ojos del Ministerio, se considera que la producción de electricidad no interfiere con zonas protegidas y otros usos prioritarios como pesca, tráfico marítimo, seguridad aeroespacial o defensa. En aquel momento, tanto desde la Federación Nacional de Cofradías de Pesca como desde la Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños fueron duros con los procesos ministeriales. Pero todavía queda la evaluación individual de cada uno de los proyectos y una oportunidad para modificarlos. “Tras esa resolución comprobamos que la pesca sigue sin tener un reconocimiento como sector prioritario y de interés general”, lamenta Torcuato Teixeira. A juicio de los colectivos que representa, el Gobierno central “pretendía ordenar sin contar con datos de análisis del sector pesquero potencialmente afectado por el desarrollo de la eólica marina, ni con datos sobre la afectación de los ecosistemas marinos”. Y lo cierto es que fue solo tras las alegaciones del sector cuando se introdujeron en el plan rector. “Todavía no se han estudiado profundamente los impactos que estos polígonos pueden tener en los juveniles o en los procesos migratorios del bonito, la caballa y la sardina”, añade Teixeira.
Y es que la superficie que ocupan este tipo de proyectos es significativamente mayor que sus análogos en tierra firme. Entre los nueve proyectos en aguas gallegas, alguno de ellos ocupa una superficie de más de 170 kilómetros cuadrados. Es decir, una superficie similar a una veintena de campos de fútbol juntos. En ese sentido, la concentración de aerogeneradores también es mayor. En el proyecto de mayor envergadura registrado hasta el momento, el Nordés de BlueFloat Energy y Sener, se han proyectado 80 aerogeneradores a unos 30 kilómetros en línea recta desde la ciudad de Ferrol. Ese es el que está situado más lejos de la costa. Tras la puja por estos nueve parques están empresas como Iberdrola, Capital Energy, Ferrovial, Grupo Cobra, BlueFloat y Abei Energy. Seis corporaciones y ninguna con capital gallego.
El organismo que representa a pescadores y armadores de todo el noroeste peninsular presenta una dicotomía en sus reclamaciones: “El Ministerio debe elegir si va a ceder ante las presiones de empresas que solo quieren maximizar beneficios o si va a trabajar para preservar los valores de los ecosistemas marinos”. Las cofradías de pescadores dicen no estar dispuestas a ser “los paganinis de todo esto”. “Estamos juntos en la lucha contra el cambio climático, pero no estamos dispuestos a sacrificar a todo un sector sin alternativas en favor de una industria que, precisamente, no es ejemplo de respeto medioambiental”, remata Teixeira.
Fuentes conocedoras de los procesos de escucha entre sectores y Gobierno hablan de “dos almas” dentro de la cartera de Teresa Ribera que “entran en grandes contradicciones”. Una más centrada en la industria y la transición energética y otra más decantada por la protección de la pesca. De esos diálogos y negociaciones puede depender, en gran medida, el futuro inmediato del sector pesquero en el norte del Estado español y, principalmente, en Galicia.