La Comisión Europea censura el proceso que permitió a Ence perpetuarse en la ría de Pontevedra

La Comisión Europea considera que España no ha cumplido la Directiva de Servicios en la adjudicación y ampliación de concesiones. A su juicio, el procedimiento que sigue para otorgarlas y así autorizar instalaciones permanentes en la costa “mediante una simple solicitud, seguida de un período de información de 20 días” contraviene la normativa comunitaria. Además de a restaurantes -los conocidos como chiringuitos- o a piscifactorías, el dictamen motivado emitido este 16 de diciembre por el organismo europeo afecta al proceso que concedió a la polémica celulosa Ence permanecer en la ría de Pontevedra hasta 2073. La Administración debe “garantizar la igualdad de trato en las concesiones costeras”. La empresa no lo entiende así, y aduce, en respuesta a preguntas de elDiario.es, que la mencionada directiva no se aplica a la actividad industrial.

Fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que, en 2016, dio a la pastera el permiso. Aquella decisión acabó en los juzgados tras una denuncia de Greenpeace y la Asociación pola Defensa da Ría. Estos colectivos entendían que la fábrica no debía permanecer en dominio público marítimo terrestre, al existir la posibilidad de que desarrollase su actividad en otra ubicación menos lesiva con el medio ambiente. Una sentencia de la Audicencia Nacional tumbó la concesión de Rajoy, pero el Tribunal Supremo la revocó. A los pocos días, en febrero de 2023, Bruselas abrió el procedimiento de infracción que ahora resuelve con críticas al proceso del Ejecutivo del Partido Popular en un dictamen motivado. El comunicado con el que entonces lo anunció incluía ya el núcleo argumental de las conclusiones, al afear que la Ley de Costas española previese la posibilidad de adjudicar “sin llevar a cabo procedimientos de selección abiertos y transparentes” unas “concesiones” para construir locales permanentes como “restaurantes, agrogranjas, empresas papeleras o químicas” en espacios de dominio público marítimo-terrestre fuera de los puertos. Con el dictamen motivado acaba la fase administrativa. España tiene dos meses para responder. Si no lo hace, el siguiente estadio será el Tribunal Europeo de Justicia.

El documento del organismo comunitario lamenta que la Administración española no utilizase, tal y como señala la Directiva de Servicios, “un procedimiento de selección imparcial y transparente” y le pide “garantizar la igualdad de trato en las concesiones costeras”. La ampliación de las mismas, en algunos casos de hasta 75 años, “infringe la misma disposición, ya que otorga un derecho preferente a los concesionarios actuales”. El dictamen añade que la normativa española dificulta el acceso a las mencionadas concesiones a operadores de otros estados miembros Y restringen así “la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.

Ence asegura, sin embargo, que se dedica a “la fabricación de bienes, lo que claramente no constituye una actividad de servicios que es a lo que se refiere la Directiva 2006/123”. Y añade que la jurisprudencia en relación a esa normativa está relacionada con “autorizaciones para la ocupación de dominio público marítimo-terrestre de uso recreativo y turístico, y no con concesiones de naturaleza industrial”. El dictamen motivado sí menciona, en todo caso, una actividad industrial, la acuicultura. Y el comunicado de inicio de procedimiento, las empresas papeleras como ejemplo de concesiones permitidas por la legislación española pero dudosas de atender al derecho comunitario. La compañía también recuerda que el Supremo rechazó el argumento sobre la infracción de la Directiva de Servicios al desetimar el incidente de nulidad del Concello de Pontevedra contra la sentencia que legalizaba la prórroga y “afirmar expresamente que no procede la apertura de un proceso de libre concurrencia con otros agentes para la prórroga de la concesión”.

El eurodiputado socialista Nicolás González Casares se hizo eco del dictamen de la Comisión Europea en sus redes sociales y calificó de “nefasta” la decisión de Rajoy en 2016 que extendió la concesión de la pastera.