El Comité Intercentros de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) ha denunciado un nuevo caso de “represión contra los trabajadores díscolos que le plantan cara a la dirección o se ponen a las prácticas de manipulación informativa”. El afectado es el redactor David Fernández Vázquez. Pese a ser declarado indefinido por un juzgado de lo social en noviembre, al considerar su despido improcedente, la CRTVG optó por indemnizarlo en vez de readmitirlo, “algo que nunca había sucedido en esta categoría laboral, la que más contratación temporal genera”.
Esa decisión inédita es considerada por el comité intercentros “una grave represalia, clara, indignante e intolerable”; no sólo por la “falta de antecedentes” sino porque Fernández declaró como testigo en los recientes juicios por traslado forzoso de otros compañeros. Actos que el comité también calificó de represalias, si bien fueron desestimados por la justicia, que no entró al fondo del asunto.
David Fernández, llevaba más de diecisiete años encadenando contratos con la TVG, “cientos”, según relata. A principios de 2023 estaba cubriendo una baja larga, “de más de un año”, cuando recibió la noticia de que lo trasladaban a la Radio Galega. Su nombre aparecía en el intercambio de periodistas entre ambos medios, unos traslados forzosos que tanto los sindicatos como los propios implicados consideraron represalias por posicionamientos críticos. Uno fue el de Maite Cabezas, hija de una guardia civil asesinado por los GRAPO que había criticado los incumplimientos de Feijóo con las víctimas del terrorismo. Otro, el de Alberto Ordóñez, que se negó a ocultar en una información que los datos del IPC en Galicia eran peores que los del conjunto del Estado.
Junto a ellos, Mónica Rosas y Nuria López, rostros habituales de las protestas del colectivo Defende a Galega, que está a punto de cumplir 300 venres negros manifestándose contra la manipulación informativa. Los cuatro llevaron sus casos ante la justicia, que no entró al fondo de la cuestión -si hubo o no vulneración de sus derechos- ya que consideró que el cambio de medio no suponía una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo. El quinto trasladado era Fernández.
“Tú no estás castigado”
“¿Por qué? Me lo preguntaban todos y yo tampoco lo sabía”. Hoy, Fernández cree que lo utilizaron como coartada, para dar la sensación de que los traslados no estaban vinculados con las protestas. “Tú no estás castigado... bueno, nadie está castigado”, contó ante la jueza que le había dicho Alejandro López Carballeira, subdirector de los servicios informativos de la CRTVG. Éste es uno de los altos cargos de la corporación que tendrán que declarar ante la Justicia por un supuesto delito de acoso laboral, un caso que salpica incluso al director xeral, Alfonso Sánchez Izquierdo. Carballeira se sentará en el banquillo este miércoles 31 de enero, apenas cinco días antes de moderar el único debate electoral en el que ha accedido a participar Alfonso Rueda.
Fernández está convencido de que su declaración judicial en apoyo de sus compañeros supuso un antes y un después. A él le habían dicho que lo trasladaban a la radio -un medio en el que no contaba con la más mínima experiencia- “para crear equipo y generar buen ambiente” porque él, al contrario que sus compañeros, “nunca se había significado”. “Tampoco es así: cinco años atrás aparecía en las fotos de Defende a Galega. Pero cuando te dan un toque por salir en una foto y estás contratado en precario, dejas de hacerlo”.
Tras dos meses en los que nadie le explicó cómo realizar su trabajo ni como utilizar los medios técnicos, Fernández sufrió una crisis de ansiedad al regresar de un acto del vicepresidente primero de la Xunta. Su baja se sumaría a la de los compañeros afectados por el conflicto. Durante ese período de inactividad, finalizó su contrato de sustitución con lo que, después de tantos años de temporalidad, se decidió a denunciar. Ahora, con la sentencia en la mano, lo que busca es la readmisión tras 17 años en la TVG donde, como le decían “siempre generó buen ambiente”. Hasta que acudió a declarar.
El comité intercentros asegura haber pedido sin éxito a la dirección de recursos humanos que subsane una decisión que considera “reprochable e impropia de una empresa pública”. Añaden que indemnizarlo supone una “dilapidación injustificable de dinero público” al tratarse de un trabajador muy bien situado en las listas que la justicia ha declarado indefinido “por uso abusivo y fraudulento de la contratación temporal”.
Mientras, el periodista lleva nueve meses sin trabajar y, debido al recurso, sin cobrar la indemnización. Una situación de la que no es el único perjudicado. Tanto él como el comité denuncian que las contrataciones, obligadas a seguir el orden de la lista pública, se paran al llegar a él, así que todos los que quedan por detrás tampoco pueden ser llamados para cubrir una baja o unas vacaciones. Los únicos que lo están haciendo, asegura, son los que ya tenían contrato en vigor cuando salió su sentencia.