El hospital de referencia para más de 130.000 personas protegidas por la sanidad pública gallega en el área sanitaria en Vigo está a punto de pasar a ser propiedad del grupo Ribera Salud y, por extensión, de la corporación multinacional Centene, con sede en los Estados Unidos de América. Los responsables del policlínico privado vigués, que en virtud del concierto vigente con el Servizo Galego de Saúde es parte de la estructura asistencia de la sanidad pública gallega, han confirmado a la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia que tiene “muy avanzadas” las negociaciones para una operación pendiente, en todo caso, de las autoridades de la Competencia.
Como avanzó Faro de Vigo, los responsables del centro sanitario del que todavía es propietario el Grupo Nosa Terra 21 han admitido abiertamente la existencia de las conversaciones con Ribera Salud, compañía que el pasado verano pasó definitivamente controlada por la americana Centene Corporation, que compró el 50% de acciones de la compañía al Banco Sabadell, entidad que a su vez las había heredado de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo. De este modo Ribera Salud pasó a estar al 90% en las manos de Centene, que si fructifica esta operación llegaría a Galicia por primera vez.
Con estas noticias sobre la mesa, la Xunta “convocó a los representantes de Povisa a una reunión” para “solicitarles información sobre la posible venta del centro médico vigués”, informa la Consellería. En ese encuentro, indica la Xunta, se sentaron con el conselleiro, Jesús Vázquez Almuíña, y otros cargos del Sergas miembros de Povisa y de Ribera Salud, que “confirmaron que las negociaciones entre ambos se encuentran ya muy avanzadas”.
Según la Xunta, Almuíña y su equipo “trasladaron” a los ejecutivos de Povisa y Ribera Salud que “en caso de que las negociaciones fructifiquen”, deberán “garantizar tanto la calidad asistencial en el área sanitaria” como los puestos de trabajo“. Todo esto, agregan, respetando los términos del concierto del Sergas con Povisa, que según lo firmado en 2014 se extiende hasta el 31 de agosto de 2022.
Este acuerdo, precisamente, ha estado en los últimos tiempos en el centro de la controversia no sólo por el rechazo de las fuerzas de la oposición, sindicatos y organizaciones en la defensa de la sanidad pública, sino también por los recelos expresados por el Consello de Contas. Así, el pasado verano el organismo responsable de la fiscalización de las cuentas públicas de la Xunta advertía en un amplio informe de la “falta de transparencia” de este contrato, que implica el pago de más de 70 millones de euros anuales a la compañía viguesa.
Así, por ejemplo, entre los aspectos sobre los que llamaba la atención el Consello de Contas destaca que, a juicio de los auditores, “no se puede garantizar” que el precio de 540 euros por enfermo y año, estipulado en el acuerdo, “haya sido establecido de acuerdo con un sistema adecuado para valorar los términos económicos de las prestaciones”. Del mismo modo, advertía que el contrato de la Xunta con Povisa implica que, a efectos prácticos, el dinero dedicado por Sanidade al policlínico vigués “únicamente pueda sufrir variaciones al alza” y no bajar nunca, todo esto en un contexto en el que hasta el 80% de la cifra de negocio de Povisa depende de la sanidad pública gallega.