El Consello de Contas de Galicia acaba de publicar un demoledor informe que señala directamente a la gestión de Alberto Núñez Feijóo en el desperdicio de 470 millones de euros durante la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo. La infraestructura, que ofrece servicio a una población de 600.000 habitantes, fue proyectada por el bipartito del PSOE y el BNG con la previsión de sufragar la obra con fondos públicos. Tras su primera victoria electoral en 2009, Feijóo cambió el plan inicial y decidió privatizar el proceso de construcción y apostar por un modelo de canon a 20 años -las concesionarias financiaron la construcción y la Xunta no empezó a pagar hasta tener las instalaciones-. Esos 470 millones son la diferencia que Contas calcula que hay entre haber licitado la obra por una parte y los servicios no médicos por otra y la vía elegida por Feijóo con una concesión y un pago aplazado. La cantidad que estima el ente fiscalizador que hay que se habrá pagado en total cuando termine el canon es de 1.697 millones.
Dicho en otras palabras, Feijóo decidió no pagar un solo ladrillo del nuevo hospital y aplazar esa deuda en cuotas posteriores, a razón de 56,7 millones de euros anuales. Esa tarifa anual acabaría incrementándose por efecto del IPC y la suma de impuestos hasta 86 millones por cada ejercicio, una cifra que el bolsillo de los gallegos tendrá que seguir soportando hasta mediados de la próxima década. A pesar de las cuentas sin saldar del Álvaro Cunqueiro, en 2022, cuando estaba en plena campaña interna para convencer a sus compañeros de partido de que lo apoyasen como líder del PP, Feijóo hizo la siguiente reflexión: “Un político es un ciudadano que cobra de los impuestos de los españoles y, por tanto, cuando dice que inaugura un hospital la pregunta que hay que hacerle es: '¿Lo deja usted a deber o está pagado?'. Porque, si lo deja usted a deber, haga el favor de marcharse rápidamente y empezar a pagarlo”.
Ahora, el órgano encargado de fiscalizar la labor del Gobierno gallego ha realizado un minucioso estudio comparativo en el que analiza lo que habría costado la infraestructura con el método previsto por el bipartito y lo que finalmente ha supuesto con la fórmula elegida en su día por el actual líder del Partido Popular. Conclusión: 470 millones de sobrecoste regalados a la UTE de empresas que acudieron a la llamada del líder conservador y el sustancioso negocio que ofrecía. Cuando el líder del PP presentó el proyecto a finales de 2010 aseguró que la fórmula elegida era “el mejor mecanismo”. Ahora la institución encargada de fiscalizar su labor dice lo contrario y da detalles sobre el tamaño de la factura derivada de ese desastre de gestión.
Para empezar, señala que la elección de la opción de contratación se hizo sin un análisis comparativo previo para determinar si el modelo defendido por Feijóo era más eficiente que una adjudicación de contrato público tradicional. El canon planeado incluye cada ejercicio una cantidad por la construcción como tal, financiada por el grupo de empresas, y otra por los servicios no sanitarios (limpieza, cafetería, lavandería, etc.) que también forman parte del pastel que acabó en las mismas manos privadas. El informe de Contas desvela además que la Xunta de Feijóo premió a las empresas participantes del trato regalándoles la prestación de los citados servicios no sanitarios en otras instalaciones de la principal ciudad de Galicia. Los empresarios consiguieron así entrar en el negocio de limpieza, lavandería y restauración de los hospitales Meixoeiro y Nicolás Peña, también en Vigo. Algo que para el Consello de Contas “no tiene soporte legal” ya que en esos otros dos centros la UTE no realizó actividad constructiva alguna.
La concesión la obtuvo una unión temporal de empresas encabezada por Acciona -que en 2020 vendió su participación, la mayoritaria al fondo francés Meridiam-. Los otros socios eran Puentes, Altair, Concessia -que también terminó vendiendo su parte- y Ocas.
Contas pone el foco sobre cómo se controló la ejecución de la construcción y concluye que la fiscalizada eligió quién la fiscalizaba. Es decir, la evolución del proceso debía supervisarla la oficina técnica de seguimiento. La constitución de esta oficina se le encargó a Galaria -una empresa pública-, pero en la práctica, dice el informe, la contratación de los integrantes la hizo la propia concesionaria. Añade que los gastos de funcionamiento de la oficina citada y del plan de comunicación debe costearlos la concesionaria, hasta un importe máximo de casi 4 millones de euros. Pero el ente fiscalizador “entiende que no queda suficientemente justificado el cumplimiento de esta obligación”. Concluye que hubo “una debilidad” en el seguimiento por parte de la Xunta tanto en la fase de contratación como en el control de la ejecución de la obra.
En la licitación, expone, participaron dos empresas, pero una quedó excluida porque no tenía suficiente puntuación. De este modo, en la práctica, solo se valoró a una empresa, la UTE a la que se le adjudicó la concesión. Y en la evaluación también aprecia problemas: “Los criterios de solvencia técnica y los criterios de adjudicación no se consideran adecuados, por cuanto la acreditación de los primeros se limita la tres de los doce servicios objeto de licitación y, con respecto a los segundos, no reúnen la calidad técnica necesaria para evitar cualquier margen de discrecionalidad”.
Menos metros, más beneficio
Otro de los puntos en los que el Consello de Contas ve un beneficio injustificado para las empresas que participaron en el manejo diseñado por Feijóo tiene relación con las modificaciones de la superficie útil hospitalaria que se había pactado al principio del proceso. Inicialmente, el acuerdo obligaba a levantar 104.168 metros cuadrados de instalaciones hospitalarias, pero la administración gallega autorizó hasta dos modificaciones a la baja. Gracias a esos acuerdos, los empresarios se ahorraron 11.972 metros cuadrados de hospital; una gran cantidad de cemento, aluminio y ladrillo que no les supuso cobrar ni un euro menos de los previstos en el contrato inicial. Según señala el Consello de Contas en su informe “estas reducciones evidencian una planificación insuficiente y contravienen los principios de igualdad de trato, no discriminación y concurrencia que deben regir la contratación pública”.
El informe señala que la parte en la que no hubo sobrecostes propiamente dichos fue en la ejecución de la obra. Objeta, que, sin embargo, se produjo esa reducción de superficie, que “tiene incidencia tanto en la fase de construcción de la infraestructura como en el coste de la prestación de los servicios”, en el sentido de que los rebaja, pero no por ello se redujo el precio del contrato“.
Tampoco aprueba Contas la fórmula de actualización de los pagos de la Xunta a la concesionaria. Se debió establecer una cantidad anual con importe fijo para abonar los costes de construcción y un importe variable solo para los costes de la prestación de servicios. Sobre esta segunda parte sí considera adecuado aplicar revisiones de precios.
Con la construcción del hospital no se logró “alcanzar completamente los objetivos fijados”, juzga Contas. En el documento de la Xunta para justificar la necesidad del contrato se recogía que había que llegar a las 2.000 camas en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, dentro del que está el Álvaro Cunqueiro. Pero en el periodo fiscalizado, que llega hasta 2021, el mayor número de camas fue de 1.366 en 2020. “Lo mismo acontece con los objetivos fijados en cuanto al número de instalaciones, procesos asistenciales y reducción del peso relativo con el sector privado (Povisa)”, añade.
El órgano que fiscaliza a la Xunta enviará su informe al Tribunal de Cuentas para que decida sobre la eventual apertura de un procedimiento por presuntas responsabilidades contables. Contas sí hace recomendaciones a la administración autonómica, entre la que están que, antes de elegir el modelo del contrato, haga un “análisis comparativo sólido sobre la mejor opción de contratación, que garantice una gestión eficiente del gasto público”.
La elección del modelo de colaboración público-privada para construir el hospital y la propia apertura estuvieron rodeados de protestas y de polémicas. La oposición cargó contra el empeño de Feijóo y hubo multitudinarias manifestaciones en Vigo. La entrada en funcionamiento también fue accidentada. Los primeros pacientes fueron trasladados en 2015, con las obras aún sin terminar en algunas partes del edificio. Hubo un parón repentino que la Xunta tardó días en reconocer que se debía a que en las nuevas instalaciones habían encontrado hongos Aspergillus, del mismo tipo que los que habían provocado años antes, en 1996, seis fallecimientos en otro hospital vigués, el Meixoeiro.