Sin contrato, alojados en un hotel sin licencia y obligados a pagar los traslados: tres investigados por explotar migrantes en Lugo

La Guardia Civil investiga a tres personas, dos ciudadanos gallegos y otro de origen africano, como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores. Un entramado de empresas se encargaba de llevar a migrantes sin papeles desde el sur de España hasta Galicia con la promesa de un trabajo en una finca de arándanos en Begonte (Lugo). Allí, desarrollaban las tareas sin contrato y estaban obligados a abonar una cantidad por el alojamiento y por los traslados hasta la granja. La denuncia partió de una vecina de Ordes (A Coruña) sobre un numeroso grupo de personas de origen africano a las que habían llevado a un antiguo hotel de ese municipio que ya no tiene licencia y que parecían estar desorientadas y no saber a dónde ir.

Según han informado fuentes de la Comandancia de A Coruña y recoge Europa Press, la investigación, bautizada como 'Operación Anavia', ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de A Coruña, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de Lugo. Los agentes de la Guardia Civi acudieron al edificio tras recibir el aviso de la mujer y se entrevistaron con los migrantes. Con la colaboración de los servicios sociales, los reubicaron y se inició una investigación.

Las pesquisas concluyeron que los migrantes, que no tenían permiso de residencia ni de trabajo, habían viajado desde el sur de España, principalmente desde Granada, con la promesa de que serían empleados en una explotación agrícola de Lugo. Una vez en Galicia eran distribuidos en distintos inmuebles de varias localidades, donde debían pagar un importe diario por el alojamiento, además de pagar el transporte diario hasta la finca donde trabajaban.

La Guardia Civil localizó la finca, una explotación de arándanos en Begonte, una de las más extensas de la provincia, y planificó una inspección, que se realizó el pasado verano. En el lugar se encontraron a 92 temporeros, de los cuales 82 eran ciudadanos extranjeros sin papeles. Los agentes descubrieron que un entramado empresarial facilitaba la contratación irregular de los temporeros. Las empresas responsables de la explotación subcontrataban a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) con domicilio en Sevilla, que daba de alta ficticia a un número reducido de trabajadores en situación regular, mientras empleaba sin contrato al resto de los temporeros.

Como resultado de la operación, y tras recibir los preceptivos informes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), están investigadas estas tres personas. Y está previsto que, en próximos días, se pongan las diligencias a disposición del juzgado de instrucción 2 de Vilalba (Lugo).