En una jornada a finales del pasado octubre, Antonio Pérez, testigo clave en la rama coruñesa de la operación Pokémon contra la corrupción, viajaba en autobús desde A Coruña hasta una vivienda de su propiedad en la comarca de Ferrolterra. Lo hacía porque, tras una caída en bicicleta, un brazo escayolado y una pierna lesionada le impedían conducir con normalidad. “Por error” abandonó el autobús una parada antes de lo que correspondía y, “debido a sus limitaciones para trasladarse”, le pidió a una conductora “si lo podía acercar hasta la siguiente parada”. En ese momento “varios agentes de la policía local” ferrolana “irrumpen como por ensalmo y, sin mediar palabra”, lo inmovilizan y lo retienen. Este es, para los letrados que lo representan, un nuevo episodio del “acoso” que está sufriendo, el mismo que lo mantiene de baja de su puesto de trabajo en el Acuario de A Coruña donde, subrayan, su testimonio es clave para demostrar que esta instalación municipal fue objeto de “adjudicaciones irregulares a empresas del grupo Véndex”.
Tras ser “esposado a la espalda, a pesar de que tenía el brazo izquierdo escayolado y se quejaba del dolor que le estaban produciendo”, Antonio Pérez fue “trasladado a la comisaría de la Policía Nacional”, sin que en “ningún momento lo informaran de nada ni le hicieran preguntas”. Una vez en las instalaciones policiales, explican sus representantes en conversación con este diario, “Antonio explicó lo acontecido y la conductora del vehículo también”. Allí, señalan, se comprueba además que “lo que portaba no eran armas ilegales”, sino “una pistola de fogueo utilizada para prácticas deportivas, registrada en debida forma”, una navaja de chapuzón y otra común. En ese momento “lo informan de que puede marchar sin necesidad de tomarle declaración, porque no había indicio de delito alguno”. “Hace falta resaltar –explican– que la pistola de fogueo es fácilmente diferenciable” de una real “para cualquier agente”, por lo que “no cabe la posibilidad de que se confunda, mucho menos cuando son seis los agentes que intervienen en la detención”.
Que Antonio Pérez fuera debidamente identificado y que no cometiera ilícito ninguno no impidió, así y todo, que la Policía local ferrolana difundiera a través de su cuenta de Twitter imágenes de sus objetos, “que además publican para hacer chascarrillos y hacer notar que fue una detención muy estresante”, señalan los abogados. “Esta toma de fotografías no tiene justificación” porque “el asunto es competencia de la Policía Nacional”, destacan. Ante el trato recibido por este testigo “primordial”, la jueza Pilar de Lara ya ha llamado a declarar a los seis policías locales y a su comisario para aclarar, entre otras cuestiones, por qué las imágenes empleadas para uso “interno” acabaron publicadas en Twitter. La Policía Nacional, por su parte, ya ha informado a la jueza de que Pérez nunca llegó a tener la condición formal de detenido.
Petición de protección para el testigo
Las fuentes de la representación legal de Antonio Pérez consultadas por este diario creen que, lejos de ser casual, “esta extraña actuación policial” tiene “relación directa con su condición de testigo” en el caso Pokémon. También recelan de la manera en que lo acontecido fue reflejado en un periódico coruñés “en los términos en que se hizo”. “Es evidente que si fuera cualquier otra persona”, el incidente con la policía ferrolana “no se difundiría en la prensa a las pocas horas de la detención”. “La noticia, publicada bajo el título Un testigo primordial de De Lara, en entredicho va encaminada a dañar la credibilidad del testigo, como es evidente”, afirman, en un contexto en el que “en una de las noticias se hace referencia al hecho de que un día antes se había rechazado un recurso presentado por tres de los imputados” en la Pokémon “contra la decisión del juzgado de practicar” una prueba para “determinar la existencia del delito de acoso” contra Pérez en su puesto de trabajo, dependiente del Ayuntamiento coruñés. “Lo único que está en entredicho es la propia Policía Local, que llegó a ofrecer cuatro versiones de lo ocurrido en otros tantos informes” remitidos al juzgado y que “difieren de lo informado por la Policía Nacional” en un atestado que se “le negó a Antonio Pérez” aunque tiene derecho a disponer de una copia.
“Este episodio –continúan las fuentes consultadas– no es un caso aislado en esta causa”. Para los letrados “existen múltiples evidencias del nivel de hostigamento” que viene sufriendo Antonio Pérez “por parte de personas que ocupan cargos públicos en A Coruña”. Así, recuerdan, “aparecieron forzados los cajones y armarios” donde el testigo “guardaba documentación” cuando él “ya se encontraba de baja por acoso”. “Fue la Policía Local”, en este caso la coruñesa, “quien acudió de manera sorprendente a hacerse cargo” del asunto “cuando el juzgado ya se lo había encomendado a la Policía Nacional, por ser de su competencia”. “Sin perjuicio de lo que resulte del proceso”, detallan, Antonio Pérez “experimentó un brutal hostigamento tanto por personas de las que recibía órdenes directas como desde altos cargos del Ayuntamiento de A Coruña” mientras “estuvo prestando servicios como jefe de biología del Acuario”, puesto al que “accedió por oposición”.
En este contexto, los letrados observan la necesidad de que Pérez pase a ser testigo protegido en el caso. “La ley de protección de testigos arbitra mecanismos para garantizar el debido apoyo y protección de un testigo y de su familia en un proceso penal” como este, evidencian. Se trata “de evitar la reproducción de hechos tan lamentables como los que ha venido sufriendo por su condición de testigo”, entre los cueles se incluyen “la difusión o revelación de datos sobre su persona”. Dado que “poner en entredicho” la “credibilidad” de Pérez “sería una manera de dañar parte del material probatorio que, en su día, podría servir para condenar a los responsables de esta urdimbre de corrupción” y toda vez que las policías locales de A Coruña y Ferrol dependen de dos ayuntamientos afectados “por la investigación de la operación Pokémon”, los representantes de Antonio Pérez están “estudianto el ejercicio de acciones penales o civiles contra las personas involucradas en este incidente” que consideran una “detención ilegal, privación de derechos constitucionales, revelación de secretos” y “atentado al honor”. “Todo –concluyen– a merced de lo que se ponga de manifiesto en la investigación, que a día de hoy ya ofrece datos lo suficientemente sólidos como para pensar en la comisión de graves delitos”.