El diputado provincial en Pontevedra y alcalde de A Guarda, Roberto José Álvarez Carrero, ha pedido “disculpas públicas” por los casi 3.800 euros cobrados “por error” por su asistencia a plenos de la Diputación de Pontevedra, asegurando que ya ha transferido a la Administración este dinero. La decisión llega semanas después de que el grupo socialista denunciase que Carrero se había “llevado para casa dinero que no le corresponde durante tres meses”, algo que consideran un caso claro de “corrupción”.
El PSOE registró una pregunta en la Diputación en la que recordaba que Carrero goza de una dedicación exclusiva parcial del 79% como responsable de Cooperación Transfronteriza y Relaciones Institucionales, un cargo que le reporta una retribución anual de 54.406 euros “repartidos en 4.000 euros al mes”. Sin embargo, de septiembre a noviembre, estuvo “complementando” esos ingresos con los cobros por asistencia a plenos, juntas de gobierno y comisiones informativas, algo a lo que sólo tienen derecho los diputados sin dedicación, unosingresos que “engordaron su nómina para rebasar los 6.000 euros al mes”.
El portavoz socialista Carlos Font subraya además que todo esto se pudo confirmar después de que el PSOE denunciase el “apagón” del Portal de Transparencia da Deputación, de donde habían desaparecido las retribuciones de los diputados, algo que el gobierno provincial atribuyó a “una avería en un nodo informático”. Cuando los datos volvieron a aparecer fue cuando se pudo comprobar la existencia de ese sobresueldo.
Los socialistas han pedido explicaciones directas del presidente de la Diputación, Luis López, además de “responsabilidades políticas inmediatas y ya veremos si también judiciales”, tanto de quien cobró como de quien pagó. Los ingresos fueron aprobados por el que fuera conselleiro de Sanidade de Feijóo durante la pandemia, el diputado de Personal y alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña.
En un audio difundido a los medios de comunicación, recogido por Europa Press, Carrero ha lamentado este “error administrativo” del cual ni los servicios internos de la Diputación ni él mismo se percataron hasta esta semana. Asegura que “no hubo en ningún caso mala fe” y anuncia que se pondrá a disposición de la oposición un informe realizado por los técnicos de la Diputación en el que se detalla lo ocurrido.
Esperando esta respuesta, el PSOE ya advertía en su iniciativa que no admitirían la excusa del error “porque los hechos son extremadamente graves, hasta el punto de que si no llegamos a descubrirlos, seguirían produciéndose de forma indefinida”. “Quien coge durante tres meses lo que no es suyo sin decir palabra, no tiene defensa posible; y el que paga, tampoco”, concluye Font.