El pasado 5 de abril, menos de una semana después de que El País publicara las fotografías de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado, datadas en la etapa en la que el actual presidente era secretario general del Servizo Galego de Saúde, el PSdeG reclamó saber si las empresas del narco tenían o habían tenido “intereses” vinculados a contratos con la Xunta. A través de su actual portavoz parlamentario, José Luis Méndez Romeu, pedían formalmente “información y copia de la totalidad de contratos de suministro energético, de combustible e informáticos” realizados por la Consellería de Sanidade y sus hospitales entre 1992 y 1998. Con planteamientos semejantes y más o menos amplios, tanto los socialistas como AGE y el BNG vienen reclamando desde ese momento conocer la totalidad de las aportaciones públicas a las compañías del narco, con el correspondiente soporte documental. Siete meses después hay, cuando menos, siete disculpas oficiales para no aportar esos papeles, incluso incumpliendo los plazos establecidos en el Reglamento de la Cámara.
1. También el bipartito le dio dinero
Veinticuatro horas después de protagonizar una controvertida comparecencia parlamentaria atestada de ataques a la oposición, Feijóo admitía por primera vez la existencia de relaciones económicas, en sentido amplio, entre la Xunta y las empresas de Dorado, aunque poniendo el foco “en el período 2005-2009”, esto es, en el mandato de la coalición de PSdeG y BNG. Mientras la oposición en pleno pedía los documentos, el presidente aseguraba que fue el bipartito el que le dio “mayores ayudas y subvenciones a las empresas del señor Dorado” y que además lo hizo “por solidaridad”. Feijóo se refería de este modo a las ayudas de emergencia habilitadas por la Xunta tras las inundaciones de 2006 y cuya concesión dependía, únicamente, de los daños sufridos en instalaciones empresariales, domésticas o industriales. Aunque no otorgarlas a quien cumpliera los requisitos sería ilegal, el titular de la Xunta cargaba contra la “hipocresía política” de los demás partidos y dejaba caer una gota de información sobre su propio Gobierno: en su primer mandato, las empresas de Dorado cobraron 5.000 euros por “efectos navales y otras cuestiones en algunas instalaciones”. Pero ni rastro de papeles. Estos serían “remitidos al Parlamento” en cuanto finalizara la consulta de los “sistemas informáticos” de la Administración autonómica.
2. La oposición “no deja” mostrarlos
Casi un mes después de la publicación de las fotografías, a finales de abril, los tres grupos de la oposición aprovecharon la sesión de control para preguntar por la existencia de los contratos. “No merece respeto ni respuesta”, “tiene un presente penoso”, “persiste en el ridículo” fueron algunas de las contestaciones del presidente, que situó a PSdeG, AGE y BNG en el “bochorno”, en la “miseria” o en la “bajeza moral”. Fue en este pleno en el que Feijóo teorizó, además, sobre la existencia de una supuesta voluntad del portavoz del BNG, Francisco Jorquera, por “competir con Beiras” y “emocionarse tanto” como él para “ver si lo imita”. Fue en este punto en el que el portavoz de AGE se levantó de su asiento y golpeó en el tablero del escaño presidencial. Acto seguido, Yolanda Díaz preguntó explícitamente por los contratos y Feijóo se negó a hablar de la cuestión: “Señora, como usted no merece ninguna respuesta, remitiré los datos a la Cámara, a la Justicia y a Galicia”, señaló.
Apenas veinticuatro horas más tarde, Feijóo celebraba su habitual rueda de prensa tras la reunión semanal del Consello de la Xunta y allí admitió que la pregunta de Alternativa había versado “sobre los contratos de la Xunta en los últimos veinte años con el señor Dorado o con empresas del señor Dorado”. La pregunta era “exactamente essa”, pero “un diputado vino a mi escaño y dio un puñetazo sobre el escaño de un presidente”, por lo que “no pude proseguir con la sesión de control para poder contestar”, argumentó, obviando así que Beiras lo increpó mientras contestaba a la pregunta del BNG y no a la de AGE. A pesar de todo, el presidente aseguró en aquella comparecencia sentir cierta “urgencia” por “acreditar, céntimo a céntimo, cuáles fueron los contratos, las ayudas, las subvenciones” a las empresas de Dorado “durante los veinte años de la Xunta”. La información, aseguró, serí remitida al Parlamento “de forma inmediata”.
En plena tormenta política por el caso, la Xunta decidía remitirle al Parlamento a media tarde del viernes, 26 de abril, dos horas antes del inicio de un crucial Comité Nacional del PSdeG, lo que un día antes el presidente había definido como información “céntimo a céntimo”. Lo remitido no fueron las copias de los contratos, sino una relación de pagos redactada al modo de un comunicado de prensa y no atribuida a ningún departamento concreto del Gobierno gallego. Con una notable carga política –el Ejecutivo destacaba, por ejemplo, que “las legislaturas en las que menos dinero recibieron” las empresas del narco “fueron las tres en las que Alberto Núñez Feijóo formó parte del Consello da Xunta”-, el documento señalaba, por ejemplo, que en 1995, año en el que fueron tomadas las polémicas fotografías, una de las empresas, Mitulo, recibió casi 30.000 euros para la “construcción de un barco auxiliar” para la Consellería de Pesca. En total, el entramado empresarial de Dorado recibió unos 157.000 euros de los gobiernos de Fraga y tuvo tres ayudas del bipartito, las de las inundaciones y dos más de apenas 5.000 euros para “fomento de la propiedad industrial”. Por parte del Gobierno de Feijóo, se contaban seis contrataciones de la Consellería de Mar que, en total, apenas superaban los mismos 5.000 euros. De nuevo, la oposición seguía esperando por los contratos.
3. Fueron destruidos
Como era de esperar, la relación de pagos mostrada por la Xunta no fue considerada suficiente por la oposición y, a mediados de mayo, la sesión de control al presidente volvió a estar protagonizada por el 'caso Dorado'. “La hojita de Word no vale para nada”, resumió Yolanda Díaz, “¿nos va a entregar los contratos presuntamente suscritos con esa trama empresarial?”, insistió. El presidente volvió a mostrar su desdén: “parece que de derecho administrativo no sabe mucho”, replicó, porque “las reglas de fiscalización de contabilidad y gasto público” solo “exigen mantener los expedientes de gastos y los contratos archivados durante diez años”. En los archivos de la Xunta, por lo tanto, “no hay nada” anterior a 2003, lo que no impidió, no obstante “incluir todos los pagos desde 1993, veinte años antes” en el comunicado de la polémica. Los contratos, por lo tanto, fueron destruidos y “lo que pasa” es que a Alternativa “no le gusta escuchar que la legislatura en la que más dinero se facturaron fue en la del bipartito”, en la que AGE “tuvo algo que ver”, sentenció, obviando que, según el propio Gobierno, el gabinete de PSdeG y BNG no contrató nada con las empresas de Dorado.
4. Son demasiados
No había pasado ni un día desde que Feijóo había afirmado que los reclamadísimos contratos ya no existían. Por la mañana, desde el atril del Consello de la Xunta, el líder de la derecha había amagado con denunciar a Xosé Manuel Beiras por sus declaraciones sobre las fotos con Dorado –entre otras manifestaciones, por llamarlo “*narcopresidente”–. Por la tarde se celebraba en el Parlamento la comparecencia del secretario general de la Consellería de Sanidade, Antonio Fernández Campa, enviado por el Gobierno para transformar en respuesta oral la solicitud de documentación de la oposición. A Campa le correspondió navegar entre las afirmaciones lanzadas por el presidente veinticuatro horas antes y su propio argumentario, centrado en la idea de que la documentación solicitada es tan amplia que resulta “inmanejable”, imposible de trasladar a la Cámara. “Es como si nos piden que traigamos todas las camas del Sergas al Parlamento”, “lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible”, ilustró.
“Pero, ¿hay o no hay contratos?”, reclamó saber la socialista Carmen Acuña. El alto cargo de Sanidad esquivó o intentó esquivar las dificultades explicando que “lo que nos piden es copia de todos los contratos realizados por la Consellería de Sanidade y los centros hospitalarios”, sin “mencionar en absoluto ni a Marcial Dorado ni a las empresas de Marcial Dorado”, una documentación que“además de inmanejable, no se conserva” en su “mayor parte”. Las caras de estupefacción reinaban en la portavoz del PSdeG y en las del resto de la oposición. “Quieren justificar lo injustificable”, concluyeron desde el BNG. “Esto no es más que un lavado de cara”, agregó AGE.
5. No fueron destruidos
Dos semanas después de que Feijóo afirmara categóricamente que en los archivos de la Xunta “no hay nada” anterior a 2003, la sesión de control volvió a girar en torno a las polémicas fotos y a los contratos reiteradamente pedidos. “Ahora viene a decir no sé qué de los archivos”, despreció Feijóo al entonces líder del PSdeG, Pachi Vázquez, para después asegurar que “en el año nueve” el propio PP “encontró” toda la documentación de la Xunta. “¿Nosotros los destruimos? Le aseguro que no”, afirmó, en un sentido completamente opuesto al de quince días antes. “Si no se destruyeron, ¿por qué no los trae aquí y los enseña?”, repreguntó Vázquez justo antes de que el nacionalista Francisco Jorquera recordara que, al hablar de documentos eliminados, “o miente o está admitiendo la comisión de una ilegalidad”, toda vez que la Ley de Patrimonio Documental impide la destrucción de documentos. Para Feijóo, las preguntas de la oposición no eran más que un intento de prolongar el “espectáculo” a cuenta de las fotos de la polémica. La información siguió sin aparecer.
6. Son “injurias”
Pasó el verano y, a la vuelta de las vacaciones, los contratos de Dorado seguían sin aparecer. Fue esto lo que llevó al PSdeG a defender una moción para, a efectos prácticos, instar al Gobierno a cumplir el Reglamento del Parlamento y “dar traslado de la documentación pendiente” en los plazos legales, iniciativa orientada en el mismo sentido que otras de AGE y BNG. Si la documentación “existe, queremos que se nos proporcione” y “en caso de que no exista, queremos saber con qué criterios se destruyó”, resumió el socialista Abel Losada, para quien la única explicación de la ocultacion es un intento de “blindar al señor Feijóo del único delito posible, el tráfico de influencias”, toda vez que “todo lo demás” vinculado a las fotos “es política” y nada más. En este debate el PP lanzó a la arena a su portavoz orgánica, Paula Prado, quien sentenció desde la tribuna que, “a la vista de los datos” internos de la Cámara, “el Gobierno cumple con la normativa” en lo que toca a los plazos de entrega de la documentación –datos que hasta este verano eran públicos–. Según Prado, la oposición insiste en ver los contratos para intentar “alargar” el escándalo de las fotos, que “no son delito”. Pero “lo que sí es delito es la injuria, por lo tanto, miren ustedes sus manifestaciones y tengan cuidado antes de hacer acusaciones”, amenazó.
7. Colapsarían la Xunta
Dos meses y varios debates parlamentarios después, el pasado jueves Feijóo fue cuestionado por enésima vez al final del Consello de la Xunta sobre los papeles de Marcial Dorado, una figura ya casi mítica de la política gallega a la altura de los supuestos contratos con Pemex. Después de que el PSdeG advirtiera de que valora llevar a la Xunta ante el Tribunal Constitucional para obtener esos y otros documentos por los que espera, el presidente argumentó que atender a todas las peticiones de documentación de PSdeG, AGE y BNG –más del 60% están pendientes– implicaría “colapsar la Administración” y, además, sería demasiado caro. “Si se conociera el coste, pondría colorado a algún diputado de la oposicion”, afirma. Así las cosas, en caso de que los documentos “existan” y buscarlos “no colapse el servicio público”, se cumplirá lo que marca el Reglamento. Y los contratos hospitalarios sí provocarían un “colapso”. No es que hayan sido destruidos, como él mismo afirmó, sino “porque pedir las contrataciones de veinte años del Sergas es un disparate”.