La década perdida de la investigación en Galicia: el peso del gasto en I+D se estanca por debajo de los niveles previos a la crisis de 2008

La investigación en Galicia todavía no se ha repuesto de los años de recortes públicos y privados en ciencia y tecnología que siguieron a la crisis financiera de 2008. La comunidad gallega gastó en investigación y desarrollo (I+D) en 2019 un 0,97% de su producto interior bruto (PIB), o lo que es lo mismo, de toda la riqueza que produce en un año, lo que la sitúa por debajo del máximo histórico del 1,04% alcanzado en 2008, en la etapa final del Gobierno de coalición de PSdeG y BNG.

La cifra de 2019 supone, tal y como resalta la Xunta, una ligera mejora de 0,03 puntos porcentuales con respecto al año anterior y el mejor resultado desde la llegada del PPdeG al Gobierno gallego, pero apenas logra recortar distancias con España, que gasta de media un cuarto más que Galicia, o con la Unión Europea, donde el esfuerzo en I+D es más del doble. Poniéndolo en perspectiva, si el gasto en ciencia y tecnología de Galicia continuase creciendo al ritmo que lo hizo en los últimos seis años, la comunidad tardaría 19 años en alcanzar el porcentaje de gasto en I+D que tiene España ahora y 81 años en igualar al de la UE.

Los resultados están también lejos de parecerse al escenario imaginado por el propio Gobierno gallego. El Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo se había propuesto en su Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia 2014-2020 (RIS3) llegar a un gasto en I+D del 1,7% en 2020. A la luz de los últimos datos, este objetivo parece difícilmente alcanzable.

Consultada sobre esta diferencia, la Vicepresidencia de Economía, de la que depende esta estrategia que coordina toda la política de gasto en I+D de la Xunta, se limitó a asegurar que Galicia “está consolidando su crecimiento” y se encuentra entre las autonomías en las que el gasto en ciencia y tecnología crece más rápido desde 2014.

Un objetivo que sí cumplirá la comunidad gallega es del número de personas trabajando en actividades de I+D. Si la meta de la Xunta para 2020 era alcanzar los 10.400 empleos, en 2019 ya se ha llegado a los 11.085, un 4% más que el año anterior. El gasto en I+D contabilizado por el INE suma las inversiones hechas por las empresas, la Administración pública y las Universidades en cada autonomía. En el caso de Galicia, algo más de la mitad de la inversión procede del sector privado, aunque todavía está lejos de la media española. Si en España las empresas gastan en ciencia y tecnología un 0,7% del PIB nacional, en Galicia el sector privado invierte un 0,5%.

El principal polo de investigación empresarial gallego gira alrededor de la automoción y se encuentra en el área de Vigo. Al I+D interno de las empresas, se suman centros tecnológicos que realizan investigaciones para las firmas del sector, como es el caso del Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG), que, con algo más de 700 trabajadores, investiga en áreas como el vehículo eléctrico y autónomo, o la Asociación de Investigación Metalúrxica do Noroeste (AIMEN), que además de la automoción trabaja con empresas del sector naval.

Las causas

Pero, ¿por qué Galicia permanece tan lejos de los niveles de gasto en investigación, no solo de Europa, sino también de la media española? En opinión de Xavier Vence, catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago de Compostela y director del grupo de investigación Innovación, Cambio Estructural y Desarrollo (ICEDE), una de las razones radica en la estructura empresarial de Galicia. “Estamos especializados en sectores empresariales muy maduros donde las innovaciones que se pueden llevar a cabo no son necesariamente intensivas en I+D”, asegura. Ejemplo de ello sería el textil y su buque insignia en Galicia, Inditex. La compañía coruñesa, a pesar de ser una de las líderes mundiales del sector, no invierte tanto en investigación y desarrollo de tecnologías propias como en innovaciones logísticas o de diseño que ayudan a mejorar su productividad pero que no son estrictamente I+D.

La escasez de empresas medianas y grandes, con presupuesto para embarcarse en nuevos desarrollos tecnológicos, es otro de los hándicaps de la economía gallega. Mientras que en Galicia solo el 0,6% de las compañías tiene más de 50 trabajadores, en España este porcentaje sube al 0,8% y en la Unión Europea, al 1,1%, de acuerdo con datos del Eurostat.

Vence, que también fue portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG) entre 2013 y 2016, cree que un tercer ingrediente tiene que ver con la “falta de estrategia” de la Xunta y con los recortes realizados por el Gobierno de Feijóo durante sus dos primeros mandatos. “Entre 2005 y 2009 se pusieron en marcha planes muy ambiciosos que tuvieron efectos positivos. La mayor parte de ellos quedaron en proceso, ya que, tras la llegada del PP a la Xunta, se paró todo y se aplicaron unos recortes terribles”, critica.

La partida de gasto en I+D presupuestada por el Gobierno gallego cayó tras la llegada de Feijóo al poder, que coincidió con el estallido la crisis y la llegada de la austeridad. Hasta 2018 no superó la cifra de inversión asignada en el último presupuesto de socialistas y nacionalistas. “Esto supuso la destrucción de muchos equipos y llevó a muchos investigadores predoctorales y postdoctorales a emigrar”, afirma Vence. 

Estrategia más allá de los fondos

El catedrático de Organización de Empresas de la Universidade de Vigo Xosé Henrique Vázquez cree que el debate sobre la investigación no debe girar solo alrededor de los fondos. “La inversión en I+D como porcentaje del PIB es importante, pero prestar atención solo a eso es una concepción típica de los años 50. Los modelos de innovación cambiaron mucho desde entonces”, asegura.

A su juicio, antes que grandes inyecciones de dinero desde el Gobierno, Galicia y España necesitan reformas institucionales “consensuadas entre sindicatos y empresarios” que estimulen el emprendimiento y reformen el mercado laboral y financiero. “¿Es más importante construir una aceleradora para 20 start-ups o facilitar un entorno propicio para la creación de empresas y la contratación de personal? La aceleradora es cuestión de dinero, lo más difícil es intervenir en los procesos notariales, registrales, de permisos y licencias, que facilitan que la gente asuma riesgos”, expone.

Un ejemplo de ello es, en su opinión, el norte de Portugal. La región vecina, que en los últimos años ha sido noticia por captar inversiones de numerosas empresas de matriz gallega, estaba en 2011 a la par de Galicia en la mayoría de los criterios analizados por el Marcador de Innovación Regional de la Comisión Europea. Ocho años después, el norte portugués ha ensanchado sus diferencias y ya supera la puntuación media de la UE en seis de las 17 variables que analiza el barómetro. Galicia, sin embargo, solo mejora la media comunitaria en uno: la proporción de personas entre 25 y 34 años que cuentan con estudios superiores.

“A raíz del rescate de Portugal entre 2012 y 2014, hubo reformas de la administración y del mercado laboral y financiero. Fue algo tremendamente polémico pero fue lo único que cambió en Portugal, porque el Gobierno no aumentó significativamente los fondos en I+D. Las empresas se están yendo allí porque todo es más ágil y las condiciones de acceso son más incentivadoras”, argumenta Vázquez.

La falta de financiación y los años de austeridad sí que han hecho mella en los últimos tiempos en la investigación universitaria. O, al menos, esa ha sido la experiencia de José Martínez Costas, biólogo del CiQUS, uno de los siete centros singulares de investigación que hay en Galicia. Él lidera en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) uno de los grupos españoles encargados de desarrollar una vacuna contra la COVID-19 que, a diferencia de otras fórmulas, se basa en una tecnología de nanoesferas desarrollada por su mismo grupo y patentada por la USC. 

El camino andado hasta registrar la patente no fue fácil, dada la falta de recursos económicos. “No teníamos un duro. El dinero que se invierte en investigación es muy poco y, aunque la Consellería de Educación tiene líneas de ayuda, acostumbran a dar la mayor parte del dinero a los grupos de investigación que más tienen”, afirma. Ahora, y con la financiación del Instituto de Salud Carlos III, el Banco Santander y la Comisión Europea, mantiene un grupo de siete investigadores para los cuales el futuro sigue siendo incierto. “Tenemos financiación hasta marzo o abril. A partir de ahí, no sabemos que pasará”, lamenta.

Para Martínez Costas, la última muestra de la “desidia” y el “cortoplacismo” que padece la investigación en Galicia es el retraso por parte de la Xunta en la convocatoria del programa de becas posdoctorales I2C. Muchos de los investigadores beneficiarios del programa finalizan sus contratos a finales de diciembre. El Gobierno gallego, sin embargo, todavía no ha sacado la nueva convocatoria, lo que, de acuerdo con los plazos habituales de resolución de estos contratos, abocará a este grupo de casi 40 investigadores a ir al paro durante al menos 4 meses.

Los fondos europeos para la reconstrucción

Galicia y el resto de España tienen la oportunidad de dar un salto en I+D con los fondos de recuperación europea Next Generation UE. Hasta el momento, la Xunta afirma haber presentado 108 iniciativas aunque no las hará públicas hasta que se conozcan los criterios de la Comisión Europea y del Gobierno español para decidir en base a qué se seleccionan los proyectos. Entre los que sí se han desvelado, hay una planta de hidrógeno verde, un complejo para producir viscosa con la que proveer de fibra vegetal a la industria textil, un centro de generación de biogás o una planta de fertilizantes.

Xosé Henrique Vázquez ve en estos proyectos “el peligro y la bondad” de estar vinculados a grupos empresariales. “Que surjan de la empresa no tiene por qué ser malo y puede garantizar su viabilidad. La clave será diseñar su implantación y definir qué retorno social tendrán, no solo para la empresa, sino para todos”, asegura. Más crítico se muestra Xavier Vence, para quien la Xunta solo ha presentado “proyectos aislados” sin una estrategia definida para promover la economía circular.