Un mes después de que el Tribunal Supremo sentenciase por quinta vez contra la planta de gas de Reganosa emplazada en el interior de la ría de Ferrol, anulando en esta ocasión el intento de legalización acelerada intentado por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy en 2016, la empresa solicita nuevamente su legalización, ahora a través de una vía más lenta. Si hace tres años el Gobierno central la eximía ilegalmente de tener que someterse a una evaluación completa de su impacto ambiental, ahora la empresa pide expresamente el inicio del trámite necesario para una evaluación ambiental “ordinaria”.
La petición de legalización de la empresa ha sido hecha pública este martes por el Gobierno central en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y en ella se indica que Reganosa solicita “autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución e inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria de una terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL), en Mugardos, provincia de A Coruña”, donde la planta ya está funcionando desde 2007. La publicación en el BOE dá comienzo al período de un mes durante el cual estarán expuestos al público para recibir alegaciones los documentos necesarios para que el Gobierno inicie la tramitación de los permisos que solicita la empresa después de que los anteriores hayan sido anulados sucesivamente en los últimos años por el Supremo.
El primero de los permisos que ahora vuelve a solicitar Reganosa, la autorización administrativa previa que había obtenido en 2003, fue anulado por el Supremo en marzo de 2016. Y el segundo, la aprobación del proyecto de ejecución lograda en 2004, fue tumbado en abril de se mismo año. Solo un mes más tarde, en mayo de 2016, el Gobierno central de Mariano Rajoy, entonces en funciones, intentaba acelerar la legalización de la planta eximiéndola de tener que someterse a una evaluación ambiental completa para volver a obtener aquellas dos autorizaciones que acababan de ser anuladas. El mes pasado el Supremo anulaba también aquella legalización acelerada descartando el argumento empleado por el Ejecutivo de que podía saltarse la evaluación ambiental porque se encontraba ante una situación “de imposible previsión”. Los propios procesos judiciales que finalizaron con las sentencias anulatorias, sentenció el Supremo, eran prueba de que la ilegalidad de la planta no era una situación “extraordinaria y de imposible previsión” para el Gobierno.
Además de las dos sentencias de 2016 anulando la autorización administrativa previa y el proyecto de construcción, y de la de hace un mes anulando la exención de la evaluación ambiental (los tres permisos que ahora vuelve a solicitar Reganosa), el Supremo también anuló decisiones del Gobierno gallego que favorecieron una instalación de la que es socia la propia Xunta y que Feijóo incluso llegó a publicitar en un vídeo propagandístico de la compañía. En 2012 el Supremo anuló la modificación del plan de urbanismo de Mugardos aprobada en 2003 que facilitó la implantación física de la planta en el interior de la ría de Ferrol. Y en 2016 anuló también el plan de emergencias de la instalación aprobado igualmente por el Gobierno gallego.
La de Reganosa en Mugardos es la más pequeña de las seis plantas de regasificación existentes en España y fue impulsada por el grupo empresarial Tojeiro (propietario de Gadisa y Forestal del Atlántico) con el apoyo del Gobierno gallego entonces presidido por Manuel Fraga. Junto con las críticas de los vecinos y ecologistas por su emplazamiento en el interior de la ría de Ferrol (por cuya estrecha bocana deben pasar los barcos gaseros que la abastecen, lo que consideran un riesgo añadido a su cercanía a las viviendas) también está en entredicho su propia eficiencia por su escaso uso a lo largo del año, según destacó hace unos meses la Comisión nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).