La sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha tumbado el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por Alcoa en la planta de San Cibrao, en Cervo (Lugo). En un fallo de más de 300 páginas, los jueces consideran que es nulo por la “mala fe” que aprecian en las negociaciones por parte de la empresa. Su postura respecto a los despidos y las compensaciones no varió “ni un ápice” desde la propuesta inicial, señalan.
Alcoa formalizó un ERE para 524 empleados a principios de octubre, tras cuatro meses de negociaciones con el comité de empresa. Su intención era ir parando las cubas de electrolisis de forma ordenada hasta el primer trimestre de 2021, pero la justicia admitió las medidas cautelares reclamadas por los sindicatos CC.OO., UGT y CIG e impidió el pasado 4 de noviembre este proceso.
Desde que la empresa planteó los despidos -a finales de junio, aunque hubo conversaciones informales previas-, las partes pactaron ampliar el periodo de consultas del ERE en dos ocasiones. La última de ellas, en agosto, fue con el fin de abordar una posible venta a Liberty House. El grupo de origen británico mostró su interés por hacerse con las instalaciones, pero las conversaciones terminaron un mes y medio después sin acuerdo.
Ahora la compañía deberá reincorporar a los trabajadores afectados por el ERE y abonarles los salarios que hayan dejado de percibir desde la fecha del despido. Los jueces consideran en la sentencia que el objetivo de Alcoa en todo el proceso fue siempre el de “apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible”. Se trata, según sus conclusiones, de una “decisión comercial estratégica” y es “el imperativo categórico que nunca cambia, sea cual sea el escenario de consultas” con los representantes de los trabajadores y “sea cual sea la propuesta”.
Aunque Alcoa planteó un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta 2022 ante una posible venta, la sala cree que esta propuesta era “vestir lo mismo -apagar las cubas y cerrar la fábrica- de una manera diferente”, dado que los contratos se podrían extinguir una vez acabado el periodo del ERTE.
Es, dicen, “sumamente significativo” el número de empleados afectados por los despidos porque el porcentaje “se aproxima, sin superarlo” al que le permitía a la compañía “consolidar las ayudas recibidas de las administraciones públicas sin tener que devolverlas”, pero “sin impedirle el cierre de las cubas”.
Los trabajadores que sí se mantenían en plantilla, agregan los magistrados, podrían ser despedidos al vencer los plazos de garantía de las ayudas. Los jueces creen que las “supuestas concesiones” de la multinacional en la negociación buscaban evitar que los despidos se considerasen nulos. Esta calificación de nulidad, prosigue la sentencia, es la “única” que “le impediría llevar a cabo la decisión estratégica” de parar la actividad.
En el mismo sentido, los jueces destacan que la Xunta advirtió a la empresa “hasta en diez ocasiones” de que debía prolongar el periodo de consultas, pero Alcoa accedió “siempre en el último momento y con resistencias”. Para ello argüía “empecinadamente” el elevado coste de mantener las cubas en funcionamiento.
La sala hace alusión a la “pobreza de las negociaciones”, que se han limitado “prácticamente a dos cuestiones”, la de las posibilidades reales de venta de la planta de aluminio a Liberty House y la de los efectos de la parada y rearranque de las cubas. El fallo considera que Alcoa tenía “posiciones predeterminadas y un claro obstáculo para no llegar a un acuerdo final”.
La multinacional, por su parte, sigue argumentando que la planta “no es viable” por problemas “factores productivos estructurales”, como la caída del precio el aluminio, la sobreproducción y la falta de un marco energético competitivo en España. El funcionamiento de las cubas de electrolisis causa unas pérdidas que cifra en un millón de euros a la semana. Hasta septiembre de este año los 'números rojos' eran de 45 millones de dólares, cifra a la que se suman otros 126 millones desde 2018.
Alcoa ha dicho, tras conocer el fallo que tumba el ERE, que “la necesidad de reestructurar -la planta- persiste”. Según informa Europa Press, la compañía insiste en que ha actuado “de buena fe y en pleno cumplimiento de la ley” y analiza la sentencia. Contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El plazo para presentarlo es de cinco días.