Ni una, ni dos, ni tres... La Xunta Electoral acaba de reprender el Gobierno gallego por novena vez después de que volviera a incumplir la Ley Electoral (Lorex), esta vez por la visita del conselleiro de Medio Ambiente al ayuntamiento de A Estrada con el fin de anunciar el proyecto de urbanización de la Ciudad del Mueble, el pasado 8 de octubre.
Es, por lo tanto, la novena vez que el Ejecutivo gallego incumple la ley, lo que lleva al PSdeG a solicitar a la Xunta Electoral de Galicia que traslade a la Fiscalía “el reiterado incumplimiento de la Ley Electoral por parte de Feijóo y los miembros de su Gobierno”. Así, Pablo García, secretario de Organización de los socialistas, urge “la toma de medidas drásticas lo antes posible” para “terminar con una intolerable burla a la Ley” por parte del candidato del PP y del Ejecutivo.
García advierte que “desde que comenzó la campaña electoral no ha pasado un solo día sin que los gallegos conocieran una mentira, una irregularidad o una nueva falsedad por parte de Feijóo”, después de apuntar que “los ciudadanos sabrán sancionar esta conducta irregular el día de las elecciones”.
Para el responsable socialista, el reiterado incumplimiento de la Lorex confirmado por cada una de las sentencias “constituye un delito electoral que ni puede ni debe ser tolerado”. Por este motivo, García dio traslado hoy a la Xunta Electoral las que hoy mismo suman seis resoluciones en las que este órgano le da la razón al PSdeG en sus denuncias contra el Gobierno gallego por el reiterado incumplimiento de la norma.
La Xunta Electoral de Galicia admitió esta nueva denuncia y le volvió a exigir al gobierno gallego que se “abstenga de realizar actos prohibidos por la Ley Electoral”. Pablo García le reclamó a la Xunta Electoral que requiera del Ejecutivo que detenga ya estos actos, “toda vez que están siendo constantemente reiterados por la Xunta de Galicia”.
El responsable socialista considera “alarmante” y “de extrema gravedad” que la Xunta tenga ya seis sentencias en contra por otros tantos actos ilegales denunciados por los socialistas gallegos, a lo que se añaden dos más denunciados por el BNG. Para el PSdeG, el PP “trata de pasar por habitual el incumplimiento de la Ley” y subrayó que “las ilegalidades cometidas por la Xunta de Galicia no pueden ser habituales y desde luego son intolerables”.
La novena infracción que comete la Xunta en poco más de un mes
Concretamente, desde que el 27 de agosto habían sido convocadas las elecciones, la Xunta Electoral Central ya había ordenado retirar la polémica información sobre la firma del acuerdo con Pemex para la construcción de dos buques hoteles en astilleros gallegos, también tuvo que eliminar de la web oficial una noticia en la que se vertían acusaciones contra el alcalde de Lugo, una campaña de Bienestar sobre el Decálogo de derechos de las personas mayores, así como la campaña de publicidad Paisaxe galega, unha tarefa de todos, la visita del consejero Jesús Vázquez a un colegio, el acto de presentación de los nuevos agentes de la Policía Autonómica o la visita de la consejera de Sanidad al hospital de Vigo.
El responsable socialista le recuerda de nuevo al candidato del PP que “tiene el deber y la responsabilidad de cumplir con la legalidad” y critica la “estrategia diseñada por el PP para utilizar el Gobierno gallego en función de sus intereses electorales”.
García señala que las advertencias “serias y contundentes” del órgano electoral deberían “mover a la reflexión” al candidato del PP y a su responsable de campaña, que además es el consejero de la Presidencia de la Xunta de Galicia. Reitera que Alfonso Rueda había debido dimitir “para evitar sospechas sobre el uso partidista de los medios de la administración pública gallega”.
Apunta que “quien es responsable del operativo electoral en el gobierno es responsable de la estrategia electoral del PP”, lo que “genera serias y fundamentadas dudas sobre la limpieza del proceso electoral”. Le exigió de nuevo que siga el ejemplo del consejero de Interior del gobierno vasco, Rodolfo Ares, quien cesó de sus actividades para dedicarse a coordinar la campaña electoral.
La normativa vigente establece que durante el período electoral los poderes públicos no podrán realizar ninguna campaña institucional que atente contra los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral y de igualdad entre los actores electorales, principios que deben ser efectivamente garantizados por la Administración electoral. Añade además que se prohíbe cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente por los poder públicos que contengan alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos.