El exconselleiro de Sanidade Julio García Comesaña, que asumió el cargo en septiembre de 2020, ha justificado que la Xunta contratase a dedo a la empresa en la Ignacio Cárdenas, cuñado de Alberto Núñez Feijóo -entonces presidente del Gobierno gallego-, es director comercial para encargarse de las labores de rastreo porque estaba trabajando con el Samur en Madrid. Esto, defendió, era “experiencia en gestión en otra comunidad”. Lo dijo en la primera jornada de comparecencias en la comisión de investigación de los contratos del Gobierno gallego durante la pandemia, con empresas en las que hay cargos directivos relacionados con Feijóo y sobre la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con un sobrecoste de 470 millones de euros.
La firma es Universal Support, integrada en Konecta, y se dedica al telemarketing. La decisión, expuso Comesaña, la tomó el primer fin de semana del estado de alarma el comité clínico creado por la Xunta para hacer un seguimiento de la crisis sanitaria. Ahí se estableció que era necesario gestionar las llamadas porque el volumen superaba la capacidad del 061 y “se decidió buscar una empresa del ámbito de la telefonía”.
Comesaña, que ahora es diputado del PP en el Parlamento de Galicia, defendió que no son necesarios conocimientos sobre salud pública para hacer un rastreo sanitario como el de la pandemia. “Hay diferencia entre quien hace de teleoperador y lo que hay detrás; no hace falta solvencia técnica [en materia sanitaria]”. Aquel primer fin de semana del estado de alarma, dijo, se hizo un estudio de las empresas con conocimiento en gestión de llamadas y fue cuando, tras ver que Konecta trabajaba con el Samur, se tomó la decisión de recurrir a la firma en la que trabaja Ignacio Cárdenas. Esto fue un sábado y el martes siguiente “tenía a 75 personas trabajando”, añadió. Esta contratación se hizo por la vía de emergencia. Después se hizo un concurso, con un proceso “ordinario ente comillas”, en el que la adjudicataria fue también Universal Support en mayo de 2021. En otro concurso al que se presentó no salió elegida, continuó el exconselleiro.
La diputada del PSdeG Patricia Iglesias recalcó, sin embargo, que Universal Support no había contratado nunca antes con el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y que el Consello de Contas consideró que “carecía de solvencia técnica para hacer el rastreo”. Se le entregaron, dijo, 15 millones en contratos durante la pandemia y cuestionó si “la motivación” fue que uno de sus directivos era cuñado del presidente de la Xunta. “¿Fue casualidad o fue una decisión de Feijóo? Para saberlo tendríamos que preguntárselo al gallego en Madrid”, manifestó, en alusión al ahora presidente del PP español, cuya comparecencia en esta comisión de investigación vetó el PP. “Mientras moría gente, había quien estaba en despachos buscando sacar tajada”, espetó Iglesias.
Por parte del BNG, Luís Bará cargó contra el PP por lo que calificó de “filibusterismo parlamentario” y lo acusó de querer “proteger a altos cargos del PP y su familia que se forrearon en un momento de crisis sanitaria máxima”. “El PP se supera en la burla y el insulto a esta comisión”, protestó. La razón es que la documentación solicitada para el órgano parlamentario llegó a los diputados en torno a las 10.00 de este viernes, poco más de una hora antes de que arrancasen las comparencias. Tanto el Bloque como el PSdeG criticaron duramente estos plazos, que consideraron que no les permiten hacer su trabajo.
Antes, en la primera de las comparecencias, que fue la del director de la Axencia Galega de Infraestuturas, Francisco Menéndez, tanto la socialista Elena Espinosa como el diputado del BNG Óscar Ínsua se quejaron de la intención del PP de convertir la comisión en “un paripé”. Los comparecientes van a ser los impuestos por el PP, lo que excluye a Feijóo o a su hermana, Micaela Núñez Feijóo, que es directiva de Eulen en el noroeste. El calendario, que consideraron apresurado, no les ha permitido consultar la documentación antes de las primeras comparecencias y va a llevar parte de los trabajos a las fechas navideñas, lo que según Espinosa, va a provocar que haya menos atención pública.
Por su parte, tanto Comesaña como Menéndez utilizaron sus intervenciones para criticar el informe del Consello de Contas que cifró en 470 millones de euros de sobrecoste en el Álvaro Cunqueiro por la decisión de Feijóo de construirlo con un modelo concesional en lugar de financiarlo, como en el sistema tradicional, directamente desde la Xunta. Menéndez, en concreto, aseguró que el análisis de Contas “tiene un fallo”, que es que “no evalúa adecuadamente el contexto”, y expuso su visión de que, en un momento de crisis económica, la financiación no era posible de otra forma. Si el modelo, que es de colaboración público-privada, no se ha vuelto a usar en otros hospitales gallegos ni se recurre a él en la actualidad es “porque no hace falta”.
“Me costó el puesto, pero volvería a hacerlo”
Por la comisión también pasó el viernes otra exconselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, cuya gestión, entre 2012 y 2015, fue saltando de conflicto en conflicto hasta que Feijóo prescindió de ella. Las crónicas de la época recogen declaraciones del entonces presidente de la Xunta admitiendo que había decidido su cese después de “escuchar a la sociedad”. Un mes antes había habido en Vigo una masiva manifestación contra el recién inaugurado hospital Álvaro Cunqueiro. “Le costó el cese a esta conselleira, pero no me arrepiento, volvería a hacerlo”, declaró ella en el Parlamento de Galicia, tras insistir en la postura de que “la alternativa” cuando se optó por el modelo privatizador no era “entre un modelo u otro, sino entre construirlo o no”. Es la idea que ha defendido el PP desde que se conoció el informe de fiscalización de Contas: que ese era el único camino en aquel momento y, de hecho, no se volvió a aplicar esta fórmula en un hospital gallego.
Sus explicaciones partieron de un análisis de la mala situación del anterior hospital de referencia en la ciudad, el Xeral, -“daban escalofríos [al entrar en urgencias], hacía un frío tremebundo”-. Inmediatamente antes de ser conselleira, Mosquera había sido genrente del Sergas, por lo que había estado en la primera línea de las decisiones sobre la construcción del nuevo centro y relató que el primer gobierno de Feijóo heredó varios informes encargados por el bipartito: uno de Garrigues sobre un sistema con una sociedad de capital mixto, otro sobre la posibilidad de acometer la obra a través de la SEPI y uno más de PriceWaterhouseCoopers (PWC), con un estudio del impacto en las cuentas públicas de los modelos.
Hubo, rememoró, una discusión interna en la que se eligió el modelo de levantar el edificio dejando la financiación en manos de las empresas adjudicatarias a cambio de un canon millonario que se sigue pagando en la actualidad y de entegarles también la explotación de los servicios no clínicos. “Y menos mal [que se optó por ese modelo], porque luego nos encontramos con que era la única alternativa viable”, insistió. Le trasladó la responsabilidad al Gobierno central que, según su exposición, exigía, en plena crisis, que no computase en la deuda. Ante uno de los aspectos que critica la fiscalización del Consello de Contas, que recalca que la elección de la opción de contratación se hizo sin un análisis comparativo previo para determinar si el modelo era más eficiente que una adjudicación de contrato público tradicional, Mosquera se defendió con que el equipo del que ella formaba parte decidió “dejar de perder el tiempo en análisis para construir el hospital en el menor tiempo posible”.