Los nietos de Francisco Franco no se apean de su reclamación de poder vaciar el Pazo de Meirás que, tras 80 años de ocupación, tuvieron que devolver al Estado en diciembre de 2020, tras una histórica sentencia aún pendiente de recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En la vista celebrada este jueves ante el Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña para determinar qué bienes pueden o no llevarse de la monumental mansión enclavada en Sada, la familia del dictador tan solo confirmó su renuncia a cinco de los cientos de objetos y muebles que se disputa con Patrimonio Nacional, dada la imposibilidad técnica de poder arrancarlos de las paredes sin causar daños irreparables, como son los blasones del ducado creado por el rey emérito Juan Carlos I para honrar a Franco que luce la fachada de Meirás.
Pero los herederos de Franco claman su derecho a llevarse muchas otras piezas por muy antiguas que sean con el argumento, esgrimido por su abogada, de la dedicación, afecto y aportaciones que le prodigó al pazo “Doña Carmen”, la única hija del dictador fallecida en 2017. “Era su hogar desde niña, lo sentía como suyo a todos los efectos, nunca dejó de comprar muebles y remodelar la casa a su antojo durante años”, tras el misterioso incendio de 1978 que, medio año antes de proclamarse la Constitución española, arrasó parte de la propiedad. Para los Franco, todos objetos, obras de arte y muebles que reclaman como suyos son fácilmente “removibles” y pueden ser sustituidos. “El pazo no perdería su valor histórico-artístico si se mueven de sitio esos bienes, porque de ser válido ese argumento, no habría museos en ninguna parte del mundo”, arguyó la letrada de los Franco.
Por el contrario, el Estado, secundado por la Xunta de Galicia y los ayuntamientos de Sada y A Coruña, defiende que la casi totalidad de los bienes en litigio deben considerarse como parte del singular castillo porque son legado de quien lo hizo construir a principios del siglo XX, la escritora Emilia Pardo Bazán, o fueron incorporados después de 1938, en plena Guerra Civil, para reconvertirlo en sede estival del jefe del Estado durante casi 40 años de dictadura.
“Fueron colocados con vocación de permanencia”, defendieron los representantes de las administraciones públicas, avalados por varios informes periciales. Subrayaron además el perjuicio irreparable que supondría que el pazo, tras su devolución al Estado, fuese vaciado. Perdería, insistieron, mucho de su valor histórico e incluso, como testificó ante el juez el historiador Manuel Pérez Lorenzo, “su enorme potencial didáctico para entender la figura de Emilia Pardo Bazán y luego como funcionó el régimen político español durante la dictadura.
Los arquitectos encargados por la Xunta de realizar un exhaustivo informe sobre el valor de 55 elementos en disputa, la mayoría blasones y elementos de piedra que ornan el jardín, así como valiosas figuras y elementos antiguos de la capilla ideada por Pardo Bazán, pusieron el énfasis este jueves ante el juez tanto en el legado de la escritora como en todas las aportaciones que tras 1938 se le hicieron a las Torres de Meirás, que apenas tenían entonces 30 años, para darle rango de nobleza “y pátina histórica” para que sea una notable residencia oficial de la Jefatura del Estado.
El propio exguardés del pazo, llamado a declarar ante el magistrado este jueves como testigo de los Franco, confirmó, a preguntas de los abogados, que las figuras pétreas, relojes de sol medievales y elementos más destacados de la capilla de Meirás que reclama la familia del dictador estaban ya allí cuando en 2001 Carmen Franco empezó a restaurar y redecorar la mansión. Relató que la familia llevó entonces desde Madrid múltiples cajas con objetos y muebles para Meirás, aunque no citó nada de valor. “Había jarrones de barro, sofás, cómodas y camas”. Citó además, a modo de ejemplo de mobiliario aportado por los herederos del general golpista, “sillas de aluminio compradas en Portugal” para ornamentar el jardín o un atril añadido a la capilla que había realizado “doña Carmen” durante sus clases de restauración de objetos.
Para la abogada de los Franco, son precisamente esas aportaciones y la dedicación de la única hija del dictador lo que demuestra que esos bienes deben ser considerados como ajenos a la propiedad una vez devuelta al Estado. El valor histórico o artístico de muchas de las piezas y obras de arte en disputa, arguyó la letrada, es “sustituible”. “Son elementos decorativos que no fueron colocados ahí con un fin permanente”, dijo.
De hecho, la familia del dictador renunció a aportar al juzgado un informe sobre el carácter histórico-artístico de los bienes que pretende llevarse de Meirás. Solo entregó el informe realizado por un arquitecto sobre ·los sistemas de anclaje y sujeción“ de las esculturas y otros objetos, como un lavabo del cuarto de baño privado de Franco o alfombras pasilleras de escaleras interiores, que reclaman sus herederos. Una historiadora acompañó al arquitecto y otros profesionales que acudieron a Meirás, contratados por los Franco, para realizar ese informe pericial. Pero finalmente ante el Juzgado solo presentaron las conclusiones técnicas de cómo retirar, sin daños, los bienes en disputa y se excluyó el anexo sobre su valor histórico-artístico. ”La historiadora se echó las manos a la cabeza cuando vio lo que querían llevarse los Franco“, aseguró el letrado de la Xunta.