A un kilómetro de profundidad y a unas 240 millas de la costa de Canadá: allí han acabado los restos del Villa de Pitanxo, el arrastrero con base en el puerto de Marín (Pontevedra) que naufragó el 15 de febrero en aguas de Terranova. Solo tres de los 24 tripulantes sobrevivieron. Todavía no hay un juzgado que se ocupe de la investigación sobre lo sucedido -hay un conflicto de competencias y la decisión depende del Supremo-, pero este lunes comienzan de forma provisional las declaraciones. Los familiares de las víctimas han denunciado al capitán y su sobrino -dos de los tres supervivientes- y a la empresa armadora. E insisten para que el Gobierno envíe un robot y un radar al pecio para obtener pruebas de cara al juicio.
“No pedimos que se rescaten los 12 cuerpos [otros nueve fueron recuperados en las horas posteriores al siniestro], ya sabemos que no es posible. En los primeros días pedimos el rastreo de superficie, por si algún cuerpo flotaba. Ya no”, explica María José de Pazo, portavoz de las familias e hija de Francisco, uno de los marineros fallecidos, “ahora queremos buscar pruebas de lo que pasó, como se haría en cualquier accidente. Y este no fue cualquier accidente, sino el más grave de lo que va de siglo”. Se trata del naufragio de un pesquero gallego con más muertos desde que, en 1978, el Marbel se fue contra las rocas en la isla norte del archipiélago de las Cíes.
Las familias comenzaron hace ahora diez días a presentar querellas contra el patrón del barco, Juan Padín, su sobrino, Eduardo Rial, y la armadora, el Grupo Nores, de Marín. Las acusaciones se centran en Padín como “principal responsable” y en Rial y la compañía como “encubridores”. Abarcan 21 presuntos delitos por homicidio imprudente, delitos graves contra la salud de los trabajadores, falsedad documental y encubrimiento. De Pazo relata que las demandas se apoyan en informes de expertos y peritos que colaboran con ellos de forma altruista. Y recuerda que el juez Ismael Romero, de la Audiencia Nacional, expuso en un auto que existían indicios claros de homicidio imprudente. De fondo se encuentra la contradicción entre la versión del capitán, refrendada por el sobrino y por Nores, y la del otro superviviente, el marinero ghanés Samuel Kwesi.
Este afirma que en la noche del hundimiento, el motor del barco no se detuvo. Fueron las máquinas que recogen el aparejo, la conocida como maquinilla, las que dejaron de funcionar, lo que tensó el cable pero no lo recogió. Esta situación provocó la escora del barco. Padín, sin embargo, asegura que el motor se paró y el mal tiempo hizo que se inundara la aleta de babor, lo que ladeó la embarcación. Kwesi asegura que los marineros, conscientes del riesgo, gritaron al patrón para que soltase los aparejos pero este se negó. Y que no dio la orden de vestir los trajes térmicos y los chalecos salvavidas. Padín y Rial sí los llevaban puestos cuando los rescataron. Tras varias llamadas telefónicas, este periódico no obtuvo una valoración del Grupo Nores al respecto. De Pazo denuncia que, tras un comunicado inicial, la empresa guardó silencio y se plegó a la explicación del patrón.
Las familias defienden que una inspección del Villa de Pitanxo contribuiría a aclarar los hechos. Podría comprobarse, por ejemplo, el estado del cable, de los aparejos o de la maquinilla. “Queremos que se investigue todo en profundidad, también para prevenir otros accidentes”, señala De Pazo. Y para ello, más allá de la vía penal, reclama ayuda del Gobierno central, con el que se muestra extremadamente crítica. Su reivindicación se centra, en concreto, en los medios necesarios para descender los 1.000 metros que separan la superficie de Terranova del pecio. “Estos días hemos dado un pequeño paso adelante”, indica Kevin González, hijo del engrasador del barco, también desaparecido, “porque una empresa noruega ha ofrecido un robot y un radar de barrido lateral para las labores de búsqueda”.
Según De Pazo, la firma noruega ofrece el material gratis. “Le interesa que se sepa lo que pasó”, apunta. La Xunta de Galicia ha manifestado, por lo menos ante los medios de comunicación, su disposición a recoger el material y transportarlo a donde sea necesario. Al Ejecutivo central le ha pedido “movilizar algún barco”, pero sin más concreción. En la Delegación del Gobierno en Galicia, que encabeza el socialista José Miñones, dicen no haber recibido ninguna propuesta en ese sentido.
“Falta de coherencia”
Las familias, en todo caso, muestran su insatisfacción con el Gobierno. Kevin González recuerda como el 25 de marzo “dieron carpetazo con un folio y medio en el que decían que no se podía bajar al barco”. María José de Pazo habla incluso de agravio comparativo a respecto de otros accidentes con elevado número de víctimas y pone como ejemplo los siniestros aéreos, “en los que se investiga hasta el último tornillo para que no vuelva a pasar”. Critica además la “falta de coherencia” del gabinete de Sánchez: “Decretaron tres días de luto y después no quieren investigar lo que sucedió”. También lamenta que la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz no los haya recibido, a pesar de que le solicitaron una entrevista hace tres meses. “Creemos que nuestras peticiones son de justicia, nada más”, concluye.