En plena polémica por el modelo defendido por la Xunta de que no haya pediatras en todos los centros de salud, en medio de quejas recurrentes por el colapso de la atención primaria y con protestas que afloran en algunas especialidades médicas, el presupuesto que el Gobierno gallego va a reservar para la sanidad para el año que viene crece, pero lo hace por debajo de la media. El proyecto, que el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, entregó este jueves en el Parlamento de Galicia, recoge que este capítulo suma 4.972 millones de euros, una cantidad que supera en 384 la de 2022. El ascenso es del 8,4%, una décima menos que el 8,5% que suben las cuentas públicas en su conjunto.
Todas las consellerías prevén aumentos en sus fondos disponibles para el año próximo, salvo la de Facenda, que cae un 3,1%. En su comparecencia ante los medios de comunicación, Corgos ha insistido en el mensaje que suele lanzar la Xunta año tras año sobre el peso del gasto social. En este caso, representa casi el 72%, una cuestión previsible en unos presupuestos en los que los principales capítulos de gasto son los de servicios como la sanidad, la educación y las políticas sociales. De hecho, la consellería con más presupuesto es la de Sanidade y a continuación se sitúa la de Educación -que incluye también el área de Cultura-, con 2.894 millones de euros y un incremento del 5,2%. A continuación figura Política Social -de la que dependen áreas como la educación de cero a tres años, las residencias de mayores o ayudas de inclusión social-, con 1.078 millones disponibles -un 16,1% más-.
Entre los departamentos que suben porcentualmente más que Sanidade están el de Promoción do Emprego e Igualdade -un 14,3% más-; la Vicepresidencia primera, responsable de las políticas económicas e industriales, -un 14% más- y la Vicepresidencia segunda, que se ocupa de las áreas de presidencia, justicia y deporte -un 12,8% más-.
Dentro del capítulo sanitario, el incremento para la atención primaria es de 137,5 millones de euros, pero solo una cuarta parte de esa subida está destinada al personal. El resto son inversiones, gastos de funcionamiento y transferencias corrientes. En gastos de personal el incremento es de 34,3 millones de euros, en un año en el que la Xunta prevé contratar más médicos sin oposición, mediante un concurso de méritos.
Los representantes de BNG y PSdeG han cargado contra las cuentas presentadas por la Xunta. En la sesión de control de esta semana acusaron al presidente gallego, Alfonso Rueda, de estar penalizando a la sanidad por beneficiar a los patrimonios altos con sus rebajas fiscales. Este jueves, la líder de la organización nacionalista, Ana Pontón, ha calificado el proyecto de presupuestos de “insolidario” por los 34 millones que el Gobierno gallego renuncia a ingresar al bonificar en un 50% el impuesto del patrimonio y, a la vez, retirar medidas como la Tarxeta Básica -una inciativa puesta en marcha con la pandemia para que familias vulnerables comprasen productos básicos-. El portavoz parlamentario del PSdeG, Luís Álvarez, los ha calficado de “low cost” en materia social. El gasto en sanidad, educación y políticas sociales, dijo, mantiene su peso.
La Xunta ha puesto una cifra a lo que dejará de ingresar con todas las bonificaciones que se aplican en la comunidad, las de nueva implantación y las que mantiene de ejercicios anteriores: serán 592 millones de euros en 2023. Esto quiere decir que renuncia a recaudar otros 70 millones de euros, si se compara con la cifra de 2022. El conselleiro de Facenda sostiene que el 91% de esta cantidad es de contenido social. Entre las rebajas y beneficios fiscales están la deflactación del tramo autonómico del IRPF y las bonificaciones para familias numerosas, pero también la bonificación del 50% al impuesto del patrimonio de la que se van a beneficiar las poco más de 8.000 personas que tienen más de 2 millones de euros.